Las mujeres producen entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos de los países en desarrollo y la mitad de los de todo el mundo. No obstante, solo recientemente se empezó a reconocer su papel clave como productoras y suministradoras de alimentos y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria del hogar.
La presente investigación tiene como objetivos: 1) estudiar la participación histórica y económica de las mujeres en la tenencia de la tierra, desde las haciendas hasta la creación de las UAIM en el sistema ejidal; 2) describir y analizar la participación femenina en el proceso de fraccionamiento de las haciendas a partir de la Ley del 6 de enero de 1995; 3) después de concluido el reparto de tierras, analizar la propiedad de las mujeres sobre la tierra, en sus diversas modalidades (UAIM, ejidatarias, pequeñas propietarias) para evaluar la real posesión de la misma en el periodo en estudio.
En tanto las mujeres enfrentan barreras para lograr acceso a la justicia en todo el mundo, existen retos particulares para las mujeres indígenas, la mayor parte de quienes enfrentan una triple discriminación sobre la base de su etnicidad, su género y su clase. Las mujeres indígenas en América Latina encuentran una variedad de alternativas cuando buscan resarcimiento, justicia y garantía de cumplimiento de sus derechos humanos.
Aunque la información existente muestra que las mujeres rurales han mejorado su acceso legal y efectivo a las tierras agrícolas, con frecuencia estos cambios ocurren en circunstancias adversas para la pequeña propiedad campesina e indígena. En consecuencia, las mujeres no alcanzan necesariamente mayor poder, autonomía económica o mejores condiciones materiales para la seguridad alimentaria de sus hogares.
Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 1993, un 4,7% del total de mujeres pequeñas productoras cuenta con un título de propiedad debidamente registrado frente a un 14,7% de varones.
Publicación que gira en torno a la situación de las mujeres vascas dentro del sector agrario y rural, analizando desde una perspectiva feminista su condición y posición en torno al trabajo, la actividad económica y la acción política, fundamentalmente. Todo ello, enfocado desde el planteamiento político emancipatorio realizado desde la Soberanía Alimentaria.
El artículo se refiere a los derechos a la tierra por parte de las mujeres en los territorios comunales. Luego de hacer una reflexión regional sobre la estructura de la tenencia de tierra en América Latina, la autora realiza un análisis comparativo entre Bolivia y Guatemala. En ambos casos, analiza cómo han cambiado prácticas y normas legales y tradicionales, cómo dialogan entre sí, pero también cómo han impactado en los derechos de las mujeres en tierras comunales.
La soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir el propio sistema de alimentación y producción, emerge desde el cuidado ancestral de las mujeres por las semillas. Sin acceso al crédito o a la titularidad de los terrenos, alimentan al 70 por ciento de la población del Sur, mientras las transnacionales luchan por controlar el negocio.
En esta obra se relata y analiza el conflicto de los campesinos del Valle del Aconcagua entre 1950-1988, se explica las diferentes visiones de una construcción histórica de los cambios vividos durante el proceso de la Reforma Agraria ocurrida en Chile.
Durante el Foro “Las mujeres y la tenencia de la tierra en México”, la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, detalló que ha presentado diversas iniciativas, entre las que destaca la relativa a la creación de un fideicomiso que sirva como fondo de garantía, respecto a las solicitudes de crédito de mujeres y otra sobre la transmisión de la propiedad de las mujeres.
Una de las mayores trabas que obstaculizan el aumento de la productividad agrícola y los ingresos de la mujer rural es su falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia. La tenencia de la tierra implica un conjunto de derechos que, sobre ésta, posee una persona o una organización. La seguridad de estos derechos no se limita a la propiedad privada; abarca varias formas como arriendo de la tierra pública o derecho del usuario a la propiedad comunal.
La Comisión Colombiana de Juristas ha elaborado el presente Informe acerca de la política agraria y su impacto sobre los derechos de las mujeres, con la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en ese campo.