Una de las mayores trabas que obstaculizan el aumento de la productividad agrícola y los ingresos de la mujer rural es su falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia. La tenencia de la tierra implica un conjunto de derechos que, sobre ésta, posee una persona o una organización. La seguridad de estos derechos no se limita a la propiedad privada; abarca varias formas como arriendo de la tierra pública o derecho del usuario a la propiedad comunal.

La Comisión Colombiana de Juristas ha elaborado el presente Informe acerca de la política agraria y su impacto sobre los derechos de las mujeres, con la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en ese campo.

La legislación debe garantizar que las normas que regulan la administración de tierras y su registro y las políticas de reforma agraria protegen los derechos de las mujeres y promueven la igualdad de género.

El Observatorio Mujeres, Tierra y Territorio del que es fruto este informe, es una de las actividades del Proyecto “Juntas por el Derecho a la tierra: Fortalecimiento de las mujeres víctimas y sus organizaciones en el Cauca para el acceso a la tierra y el territorio 2012 - 2015”.

Esta nota presenta la historia de Claudia, quien desde pequeña ha abogado por los derechos de las mujeres rurales en El Salvador.

La tierra es un derecho fundamental para las mujeres. Esta es la premisa de la que parte esta investigación realizada por la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Corporación Comunitar -como entidad administradora del proyecto-, desarrollada en los departamentos de Santander, Antioquia y Cauca, en el marco del proyecto Instrumento de Estabilidad II -IFS-RRM/2013/317-571 “Brindar protección y apoyo a las víctimas y reclamantes de tierra en el cumplimiento de los derechos que les otorga la ley 1448”, financiado por la Unión Europea e Intermon Oxfam.

La Evaluación de Género y Desarrollo Sostenible en la Península de Yucatán (EGEDS-PY) es una iniciativa de la Oficina Regional de México, América Central y el Caribe (ORMACC) y la Oficina Global de Género (OGG) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta evaluación piloto incluyó a los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y complementa las bases de datos del EGI a nivel nacional.

Afectación en las cosechas por el cambio climático, falta de tierra, costos de producción, y los altos costos del alquiler y venta de tierra, son algunas de las limitantes que identificaron las mujeres rurales en un Encuentro de Organizaciones por el acceso a la tierra celebrado en Condega.

En la Sección de Estudios Internacionales en el Instituto Noruego de Investigación Regional y Urbana (NIBR) empezaron hace poco un proyecto de investigación llamado “Cómo la formalización en Perú disminuyó la desigualdad en género de propiedad de la tierra y el impacto sobre el empoderamiento de la mujer”. Este analiza relaciones entre género y propiedad de tierra desde una perspectiva económica como base, pero con apertura en las metodologías de investigación.

Lisseth Escalante es dueña de una manzana de tierra en San Juan de las Pencas, Chinandega. En su terreno siembra por temporadas maíz, ajonjolí y sorgo, pero no fue sino hasta hace un año cuando su madre le heredara en vida que este acceso a la tierra se hizo una realidad. “Antes me tocaba sembrar a medias con ella o si no se podía, tenía que alquilar”, cuenta.

La tierra no es solo un recurso económico, sino también un factor importante en la creación de la identidad individual y colectiva, un elemento clave para la organización de la vida social, religiosa y cultural así como un medio político. El acceso a la tierra aumenta el poder de las mujeres en sus hogares y organizaciones, a la vez que aumenta su bienestar y reduce su vulnerabilidad.

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe es imprescindible que las mujeres de las comunidades rurales tengan mayor acceso a la tierra.