Noticias sobre Tierra

Sin consulta a los indígenas, busca modificar la Ley 904/81 para implementar actividades de “desarrollo” en las comunidades. Organizaciones indígenas dicen que en realidad busca abrir las tierras nativas al uso privado.

Para el ex representante a la Cámara, Wilson Arias Castillo, la Ley de ZIDRES es la peor contra reforma agraria que se ha realizado en el país y está formulada en clave de extranjerización de la tierra por una parte y de agro exportación por la otra. Tanto las investigaciones de Arias, como las de senadores como Castilla, Robledo y Cepeda han dado cuenta ante la contraloría de más de 120 mil hectáreas acumuladas fraudulentamente, pero podrían ser 2 millones según lo manifestado por el propio presidente de FEDEGAN citado por Arias.

La Defensoría del Pueblo elaboró un diagnóstico sobre esta situación y puso a disposición de los habitantes en las áreas rurales del país la nueva Cartilla de Derechos para esas comunidades.

¿Qué peso tiene la agricultura familiar en Bolivia? Algunas respuestas a esta incógnita giran en torno al valor de su producción agropecuaria, el cual suma el 40 por ciento del total en el país según los datos contenidos en la investigación “Importancia Socioeconómica de la Agricultura Familiar en Bolivia”.

Los días 16 y 17 de agosto, organizaciones indígenas nacionales discutieron en Lima cómo defender la titulación colectiva de sus  territorios ante los programas que el Estado está próximo a ejecutar, como el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT3.

Los países que han incluido en sus políticas las necesidades de los más vulnerables han logrado mayores impactos en la lucha contra el hambre.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los lectores de este espacio conocen bien, marcan un cambio notable en la agenda de desarrollo internacional. Por primera vez hay un programa para la acción que se dirige al conjunto de los países: a todos ellos. Y con un giro hacia la importancia de definir y adoptar políticas que se adapten al contexto y prioridades de cada país.

Para definir dónde puede desarrollarse cada actividad extractiva. De esa manera no habría conflictos socioambientales, plantean en foro sobre titulación de tierras de comunidades.

Ramiro Angulo

Diario UNO