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Andar(nos) en la red: las TIC´s, los pueblos indígenas y el área rural.
Algunas consideraciones reflexivas.
Karen Mercado Andia [1]
Pensar el acceso y uso del internet y de las nuevas tecnologías en lo rural y desde los pueblos indígenas implica mirar de manera crítica tanto las potencialidades y los riesgos de la extensión de un proceso que -aunque lento y deficiente en nuestros países- no tiene vuelta atrás.
Si bien este proceso en la actualidad es cada vez más abarcador, no sólo en geografía, sino en los ámbitos de la vida que atraviesa, aún persisten brechas digitales que se inscriben, refuerzan y a la vez generan dinámicas de exclusión que tiene sus bases en las desigualdades sociales y económicas pre-existentes. Así, en la región sudamericana la brecha digital, tanto como la social y económica, se acentúa en relación con los pueblos indígenas y campesinos y las áreas rurales que habitan.
En este sentido, el informe de la CEPAL, Estado de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe- 2017, señala que si bien existen avances regionales, como el hecho de que, en 2016, el 56% de los habitantes -de la región de análisis- usaron la red, aún persisten diferencias en el acceso entre las zonas rurales y urbanas; siendo el promedio regional 27 puntos porcentuales de diferencia entre hogares urbanos y rurales que tienen internet. Entre los países con mayores brechas están Brasil, México y Colombia, todos con más de 35% de diferencia. Uruguay, Costa Rica y Bolivia, serían los países con menor diferencia, menos de 20 puntos porcentuales. Pero que en el caso de Bolivia, al igual que el Salvador y Perú, los hogares de las zonas rurales con acceso a internet no llegan ni al 5%.(CEPAL, 2017:12).
Más allá de este lento avance por garantizar el derecho al acceso a internet, uno de los principales problemas es la deficiencia de los programas implementados -por parte de los estados- en pro de acortar la brecha digital, los cuales parecen más empeñados en cumplir disposiciones y alcanzar metas comprometidas en la región, que un real compromiso por dirigir esfuerzos para que el internet sirva para potenciar el desarrollo económico, social e incluso la participación democrática de las comunidades rurales. Tal el caso de lo sucedido en Bolivia en la presidencia de Evo Morales, que si bien ha venido planteando y ejecutando variadas estrategias y proyectos como el impulsado por el Ministerio de Educación, en 2009, que proponía la instalación de telecentros educativos comunitarios rurales -a fin de facilitar y reducir la brecha digital entre el campo y la ciudad- o la iniciativa de 2014, del establecimiento y el funcionamiento de la empresa estatal Quipus para el ensamblaje de computadoras portátiles en Bolivia, que inicial serían distribuidas a 160.000 estudiantes del último año de secundaria en todo el país, como el mismo presidente Morales reconoce, muchos de los esfuerzos no han sido los más óptimos “Hemos repartido a una computadora a los maestros. Intentamos dar a los estudiantes, hemos fracasado, somos sinceros. Lamentablemente las infraestructuras no nos han acompañado” (Erbol, Febrero 2017).
Esto se debe a que si bien se tenía pensado beneficiar a los estudiantes con la disposición en aula de computadoras portátiles, las unidades educativas no contaban con las condiciones mínimas para hacer esto posible. Desde conectores de electricidad hasta espacios seguros para guardar los equipos, en el mejor de casos, siendo aún más compleja la realidad de muchas unidades educativas rurales, tal el caso de comunidades del municipio de Macharetí, en las cuales a partir de un estudio exploratorio realizado el 2017, se pudo evidenciar que hay varias comunidades que de las cuales su principal limitación es no contar siquiera con electricidad, por lo cual la distribución de computadoras no serviría de mucho para la población estudiantil. Es así que dotar de tecnología no es suficiente si otras condiciones mínimas no están garantizadas, como electricidad y servicio de internet de calidad y accesible para la población, condiciones que en muchas comunidades rurales bolivianas no se cumplen.
Además de esto también se informa sobre inconvenientes técnicos en las mismas computadoras, como menciona un estudiante “Están congeladas, no podemos guardar nada. Obligatoriamente necesito comprar una flash (memoria externa) y llevarme la tarea que hice a mi casa” (Estudiante de Colegio Ayacucho, Erbol, Febrero 2017)
De igual manera, en otros países de la región los programas han sido observados por la población indígena-campesina de las áreas rurales, tal el caso de la población de Colombia ante un la implementación de un programa de alfabetización digital. Los pueblos básicamente planteaban que el ampliar la cobertura tecnológica a los lugares más apartados, debería considerar un enfoque diferencial que responda a las variadas identidades y perspectivas de mundo que hacen parte pueblos indígenas, pues si bien las comunidades indígenas comprenden la importancia de la tecnología para el desarrollo de sus comunidades y no se cierran a ella, lo que se reclamaba es la forma y los riesgo de imposición de una perspectiva del mundo, por lo que resaltaban que la importancia que la tecnología tenga un propósito educativo que no implique la anulación de sus mundos de vida.
Por tanto, si bien el tema de las brechas digitales y la necesidad de ir acortándolas es central, es importante no perder de vista que la tecnología por sí sola no soluciona este distanciamiento, y que el internet por sí mismo no significa incrementar el bienestar de las poblaciones, lo cual no niega, que en la medida en que sea adoptado y adaptado a las realidades y agendas de los pueblos, tiene la potencialidad de ser una herramienta que permita la gestión y el desarrollo de sus territorios.
Partir de esta comprensión mínima, abre la posibilidad de la crítica necesaria ante la tecnología y el internet, que no pasa por declararla bueno o mala, sino por la necesidad de analizarla dentro de su funcionamiento y contexto histórico específico, que en el presente no está exento de la lógica del capital y su cada vez más amplificado despliegue de formas de dominio y capitalización de la vida. Es en este sentido, que el internet, por más que sea garantizado en su acceso a toda la población, puede ser funcional a mantener opresiones, explotaciones, desigualdades y consumismos, o constituirse en una herramienta de lucha, resistencia y construcción de otras formas de organización y reproducción de la vida social y económica de los pueblos.
Es en tanto que el acceso y uso del internet para potenciar a nuestras ruralidades se vincula a la generación de habilidades y capacidades, que desborden el uso acotado del internet como consumidores pasivos de información general y entretenimiento, y que permitan como primeros pasos usuarios críticos, que se apropien y refuncionalicen estas herramientas según sus realidades y necesidades, que se apunte a la gestión óptima de la información y de los datos que existen, como también a la generación de su propia información.
Por otro lado, es importante considerar que la disponibilidad de tanta y tan variada información no es una garantía para fortalecer nuestra capacidad de crítica o nuestras posiciones, más si nos dejamos llevar por las formas que en que las redes sociales, como el facebook, twitter, etcétera, reducen muchas veces, la crítica a un ‘me gusta’ o un ‘no me gusta’ a un ‘me enoja’ o ‘me entristece’. Si pensamos la necesidad de bases para una crítica que interpele y se posicione, pasa porque los procesos de ampliar el acceso y uso de internet –en esta caso para las poblaciones rurales- implique comprender y trabajar la crítica como un proceso de reflexión y discusión constante, de criterios que permitan diferenciar lo importante y lo descartable de lo que circula en las redes, para no ser presa fácil del naufragar a la deriva de la corriente. Es decir es necesario cuestionarse, fortalecer y desarrollar habilidades básicas, principalmente junto a los y las jóvenes de las comunidades, que son los que más uso y acceso tienen al internet, que permita distinguir lo fértil de lo estéril del uso del internet, además del uso político de esta herramientas.
Ahora bien, sabemos que parte de la historia de los pueblos indígenas y campesinos ha estado marcada por su capacidad dinámica de enfrentar, adaptarse y reconstruirse -con mayores o menores efectos de desestructuración de sus formas propias- a las condiciones y contextos históricos en los que le ha tocado vivir, el internet como herramienta de imposición, control y regulación social, se suma pues a esta historia larga de nuestros pueblos, claro que la dificultad ahora no radica en una presencia que niega o que oprima de manera tan directa los territorios. Su capacidad de sujetar y generar mecanismos de control y producción de subjetividades y colectividades alineadas al capitalismo como forma social, es más sutil y difusa, por lo que es importante afrontar que el aprendizaje y la construcción propia de la sociabilidad en las redes del internet en esta era tecnológica, pasa mínimamente por construir y desplegar formas de apropiación de las nuevas tecnologías de forma colaborativa y colectiva, trazando además lo que queremos de estás a nuestros modos y bajo nuestras lógicas.
Tarea difícil, pero que a la luz de variadas experiencias en la región que han posibilitado la organización de resistencias, como la generación y articulación de agendas propias, nos muestra que es posible y que además, por la marca generacional en el uso y acceso al internet, pues son los y las jóvenes que mayor socialización y práctica tienen, permite que muchos de ellos, a través de este conocimiento, puedan implicarse de forma más activa en la gestión del territorio y en los espacios de toma de acuerdos y decisiones de los territorios rurales, lo cual no es poca cosa cuando la tendencia del modelo de desarrollo más bien impulsa a la salida de estas población de sus territorios, y cuando muchas de las organizaciones, aún van replanteándose la importancia formas políticas y de gestión territorial más inclusivas para los y las jóvenes y para las mujeres.
[1] Karen Mercado Andia
Economista y maestra en sociología por la Universidad Autónoma de Puebla. Participó en varios procesos de investigación sobre violencia/mujeres, medio ambiente y (re)producción social, económica y política de entramados comunitarios. Actualmente es parte del equipo de planificación y proyectos del IPDRS.
