RÍO DE JANEIRO – El Supremo Tribunal Federal (STF) “tiene en sus manos la oportunidad de corregir un error histórico y, finalmente, garantir la justicia que la Constitución determinó que se hiciese a los pueblos originarios” de Brasil.
Así dice la carta abierta firmada por más de 164 000 personas y encabezada por juristas e intelectuales que reclaman al STF un rechazo definitivo a la tesis del “marco temporal”, una interpretación con la que se está negando derechos garantizados a los indígenas por la Constitución brasileña de 1988.
Un grupo de relatores independientes aseguran que “con demasiada frecuencia” el país latinoamericano considera criminales a quienes defienden la tierra y el medio ambiente.
Expertos en derechos de la ONU* han expresado su preocupación por la criminalización, las violaciones del debido proceso y los derechos de salud de un defensor de los derechos humanos de los indígenas en Guatemala.
La Justicia chaqueña ordenó el cese de la desforestación hasta que se realice un nuevo ordenamiento territorial. Pero las topadoras avanzan sobre el monte nativo y se repiten los intentos de desalojos de pequeños productores .
Exigen se les considere dueños legítimos de una parte de la superficie de la sierra
San Luis Potosí, SLP.- El comisariado y representante de los 328 comuneros de San Juan de Guadalupe, Rodolfo Valdés García, pidió tanto a las autoridades agrarias y ambientales, como al propio Gobierno Federal, que se respete la tenencia de la tierra, así como sus derechos como propietarios de parte de la superficie de la Sierra de San Miguelito.
Tegucigalpa, 9 jul (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) condenó este viernes la "muerte violenta" del defensor de derechos humanos Juan Manuel Moncada, líder de la empresa campesina "Gregorio Chávez".
Moncada fue asesinado este martes por un grupo de personas armadas en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe del país centroamericano.
La relatora especial Mary Lawlor escuchó a los indígenas de Zongo y del pueblo Mosetén, quienes denunciaron que empresas explotan recursos en sus predios.
Defensores de derechos de los pueblos indígenas y territoriales del pueblo Mosetén y del valle de Zongo denunciaron ante la relatora de la ONU el avasallamiento de sus tierras, ubicadas en el departamento de La Paz.
Ciudad de México | Desinformémonos. Movimientos sociales y organizaciones de Oaxaca exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero San José II, de la empresa Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines.
El texto altera las reglas para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y amenaza a los grupos aislados.
Un polémico proyecto de ley que altera las reglas para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y amenaza a los grupos aislados ha movilizado hasta Brasilia a casi 900 nativos de diferentes lugares del país que protestan por conservar sus derechos.
La obra está proyectada sobre el río Nahueve, en el norte de la provincia. Organizaciones sociales alertan sobre los peligros que implicará para el ecosistema y la vida de quienes habitan en el lugar. Las obras vulneran leyes ambientales y derechos de pueblos indígenas y campesinos.
La dirigente campesina Lucía Ruiz fue absuelta junto a tres compañeros de la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 en una causa impulsada por el empresario Javier Vidizzoni, que pretendía criminalizar la defensa de derechos de los trabajadores de la tierra y el freno a los desmontes.
