RÍO DE JANEIRO – El Supremo Tribunal Federal (STF) “tiene en sus manos la oportunidad de corregir un error histórico y, finalmente, garantir la justicia que la Constitución determinó que se hiciese a los pueblos originarios” de Brasil.
Así dice la carta abierta firmada por más de 164 000 personas y encabezada por juristas e intelectuales que reclaman al STF un rechazo definitivo a la tesis del “marco temporal”, una interpretación con la que se está negando derechos garantizados a los indígenas por la Constitución brasileña de 1988.
Pablo Rojo
La defensa del territorio, en muchos casos de alto valor ecológico, donde históricamente han vivido y viven las comunidades indígenas, incluye también la defensa ambiental, debido a que en ocasiones estas zonas se ven gravemente amenazadas por actividades industriales o infraestructuras.
Frente a los grandes proyectos de construcción o de explotación de los recursos naturales, muchos "pueblos originarios" y sus representantes acaban posicionándose en contra, derivando en problemas políticos, judiciales, económicos o de seguridad para estas poblaciones.
Un grupo de relatores independientes aseguran que “con demasiada frecuencia” el país latinoamericano considera criminales a quienes defienden la tierra y el medio ambiente.
Expertos en derechos de la ONU* han expresado su preocupación por la criminalización, las violaciones del debido proceso y los derechos de salud de un defensor de los derechos humanos de los indígenas en Guatemala.
Exigen se les considere dueños legítimos de una parte de la superficie de la sierra
San Luis Potosí, SLP.- El comisariado y representante de los 328 comuneros de San Juan de Guadalupe, Rodolfo Valdés García, pidió tanto a las autoridades agrarias y ambientales, como al propio Gobierno Federal, que se respete la tenencia de la tierra, así como sus derechos como propietarios de parte de la superficie de la Sierra de San Miguelito.
La relatora especial Mary Lawlor escuchó a los indígenas de Zongo y del pueblo Mosetén, quienes denunciaron que empresas explotan recursos en sus predios.
Defensores de derechos de los pueblos indígenas y territoriales del pueblo Mosetén y del valle de Zongo denunciaron ante la relatora de la ONU el avasallamiento de sus tierras, ubicadas en el departamento de La Paz.
Un año después de nombrar a Bernardo Caal Xol preso de conciencia, Amnistía Internacional ha entregado una petición con 27957 firmas de todo el mundo a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, exigiendo su liberación inmediata.
La Unidad de Restitución de Tierras adelanta encuentros para capacitar a las mujeres rurales que tienen sentencias de restitución en municipios de Sucre y Bolívar.
Un grupo de mujeres de los Montes de María que han sido beneficiadas del proceso de restitución, participaron en un encuentro en Sincelejo, con el propósito de fortalecer sus saberes y capacidades para la protección de sus derechos de acceso a la tierra.
El texto altera las reglas para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y amenaza a los grupos aislados.
Un polémico proyecto de ley que altera las reglas para demarcar las tierras de los pueblos indígenas y amenaza a los grupos aislados ha movilizado hasta Brasilia a casi 900 nativos de diferentes lugares del país que protestan por conservar sus derechos.
*Debido a la riqueza de los recursos en el estado, las empresas internacionales han puesto la mirada en el estado para extraerlas, al mismo tiempo, los gobiernos estatales facilitan su introducción, sin tomar en cuenta presencia de poblaciones cercanas y sus consecuencias
La obra está proyectada sobre el río Nahueve, en el norte de la provincia. Organizaciones sociales alertan sobre los peligros que implicará para el ecosistema y la vida de quienes habitan en el lugar. Las obras vulneran leyes ambientales y derechos de pueblos indígenas y campesinos.
