Trinidad, Beni, 4 de julio de 2022.- Las y los más de 160 representantes de las organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil de la Amazonía Norte y Sur, la Chiquitanía y el Chaco de Bolivia que participaron en el Pre Foro Social Panamazónico, emitieron la Carta de Trinidad, con 10 puntos que ratifican la resistencia y defensa de sus derechos colectivos ligados a la Amazonía.

En cinco iniciativas legislativas, representantes de Acción Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Podemos Perú plantean que se declare de “interés nacional” la construcción de vías y carreteras en Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali, regiones afectadas en los últimos años por el incremento de la deforestación y otros delitos ambientales. Pese a estas alertas, las propuestas no cuentan con sustento o información alguna sobre cómo se garantizará la protección de medio ambiente ante el eventual impacto que generarán estos proyectos en la zona.

• En la primera COP se aprobó la participación del público en la Mesa Directiva y las reglas del Comité que vigilará el cumplimiento del tratado, lo que fue calificado como uno de los grandes logros del evento.
• En medio de algunas controversias, los jóvenes y los líderes indígenas solicitaron tener mayor participación en la toma de decisiones.

“Eliminar la participación del público es quitar el propio espíritu de este Acuerdo”, dice el líder indígena Nadino Calapucha, estremeciendo a la sala.

Jornada final de la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo incluyó un evento de alto nivel con ocasión del primer aniversario de su entrada en vigor y del Día Internacional de la Madre Tierra.

Dirigentes indígenas convertidos en traficantes de tierra, uso de documentos fraguados para la transferencia de territorios comunitarios, precios por debajo del valor real de los predios y compradores conscientes de las ilegalidades son algunos de los detalles ocultos que hacen al comercio de tierras comunitarias y que están contenidos en el libro “Territorios indígenas enajenados: el furtivo mercado de tierras de la TCO Guarayos".  La investigación fue realizada por Gonzalo Colque y Alcides Vadillo de la Fundación TIERRA.

Donaldo Allen González recuerda que La Mosquitia solía ser un sitio olvidado que nadie quería visitar en Honduras. Sin embargo, desde hace unos 30 años, su riqueza en biodiversidad —mar, bosques, sistemas lagunares— se convirtió en blanco de numerosas personas que encontraron en este territorio espacio para acaparar y explotar los recursos que son propiedad de los pueblos indígenas.

Después de casi seis años, el Programa Global de Política Territorial Responsable concluyó sus actividades en Perú a finales de 2021. Gracias al arduo trabajo del equipo del proyecto ProTierras Comunales y sus socios, podemos mirar atrás y ver interesantes lecciones aprendidas y varias buenas prácticas listas para ser replicadas (aquí  puedes encontrar la publicación final).
 

América Latina y el Caribe es la región del mundo más peligrosa para los y las defensoras ambientales, y México es el segundo país de la región con mayor cantidad de agresiones, señaló Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en el país.

En entrevista con este medio, detalló que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que entre 2015 y 2019 hubo 933 asesinatos –de un total de mil 323 denunciados en el mundo– en la región y 13 por ciento de las víctimas fueron defensoras.

"La división de las organizaciones es preocupante porque genera que muchas personas se proclamen representantes legítimos e incurran y transfieran derechos propietarios a cambio de dinero”, dijo el investigador Gonzalo Colque.

Cerca de 645 familias, equivalente a un aproximado de 1,863 habitantes, de las comunidades El Mozote, Los Tubos, El Conchalito, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000, del departamento de La Paz, carecen de un respaldo legal que garantice la permanencia en sus viviendas, por lo tanto, muchas familias han sido víctimas de acosos de desalojo, así lo reveló una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA).