Por investigaciones anteriores de WRI, sabemos que las tasas de deforestación en tierras indígenas de laAmazonía son considerablemente más bajas que entierras no administradas por pueblos indígenas. Ahora,hemos aprendido por este informe, que la minería industrial y la minería ilegal a pequeña escala se produceen más del 20 por ciento de las tierras indígenas de laAmazonía y que las tasas de deforestación en tierras indígenas donde existe minería son signi cativamente más altas que en las tierras indígenas sin minería.

Declaración emitida por las 50 organizaciones integrantes de la ILC ALC, de 16 países de América Latina y el Caribe, reunidas virtualmente en la XIII Asamblea regional y en el XI Foro de la Tierra de América Latina y el Caribe 2020 que se realizó sobre el tema: “Desigualdad en América Latina y el Caribe: impacto y propuestas para la gobernanza de la tierra”, después de reflexionar sobre la desigualdad y las implicancias para los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes que viven de la tierra y en sus territorios, y considerando particularmente el impacto en las mujeres y jóvenes, e

Este documento propone que la gobernanza colectiva de la tierra, otorga derechos y contribuye a reducir las desigualdades al interior de las comunidades y de estas con la población e institucionalidad de su entorno.

Plantea también una revisión exhaustiva de la legislación internacional disponible respecto de los derechos campesinos, los derechos de los pueblos indígenas y la discusión sobre los derechos de la población afrodescendiente.

Entre los grupos de personas defensoras más vulnerables, este documento se centra en dos de los reciben el mayor número de ataques en la actualidad: las y los operadores de justicia y quienes de enden la tierra y el territorio. La expulsión del comisionado Iván Velásquez y del organismo que presidía, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala (CICIG), supuso un duro golpe al sistema de justicia y es una muestra clara de la regresión que se vive en el país.

Este documento propone que la gobernanza colectiva de la tierra otorga derechos y contribuye a reducir las desigualdades en el interior de las comunidades, y las existentes entre estas, y la población e institucionalidad de su entorno.

En Bolivia, la agricultura bimodal surgió con fuerza como consecuencia del boom de la soya, que comenzó en la década de 1980. A diferencia de la coexistencia de dos modos de producción abolidos por la Reforma Agraria de 1953, la hacendal y la campesina, la agricultura soyera dinamizó nuevas ‑y cada vez más desiguales‑ relaciones entre los pequeños productores familiares, establecidos en las zonas de asentamiento del departamento de Santa Cruz, y los medianos y grandes productores empresariales que, en la misma región, concentran las mejores tierras de uso agrícola.

Recién con la Constitución de 1920 las comunidades lograron su reconocimiento por el Estado peruano, iniciándose la protección de sus tierras para frenar el apetito de los hacendados criollos, régimen que cambió drásticamente en 1993. Pero la seguridad sobre las tierras comunales siguió, y sigue siendo aún un compromiso que nuestro Estado no ha honrado. Por el contrario, el saneamiento de las tierras comunales es un tema pendiente, que mantiene a las comunidades campesinas y nativas en condición de desventaja frente a inversionistas privados, proyectos estatales e incluso de invasores.

La crisis climática es una crisis de lesa humanidad.

Esta investigación nos recuerda oportunamente la importancia mundial de las tierras y territorios comunitarios; su importancia para la protección, la restauración y el uso sostenible de los bosques tropicales en todo el mundo; así como las graves brechas presentes en la arquitectura internacional del desarrollo que hasta ahora han socavado el progreso hacia el reconocimiento legal de dichas tierras y territorios.

Este informe se basa en el imperativo de evitar el colapso de la biodiversidad sin olvidar el respeto a la tenencia y los derechos humanos de PI, CL y AD[26]. Asimismo, al formular las siguientes preguntas, busca destacar los riesgos y las oportunidades para los PI, las CL y los AD inherentes a la expansión propuesta de las áreas de conservación:

Este libro aborda el fenómeno de la “compra-venta” de tierras que emerge con fuerza en varios territorios indígenas del Oriente y la Amazonía de Bolivia. El estudio se centra en la Tierra Comunitaria de Origen del pueblo Guarayo (TCO Guarayos) que sufre transformaciones ante el avance tanto de la agricultura mecanizada de los colonos de San Julián y Cuatro Cañadas, como del modelo agroextractivo de Santa Cruz.

En los últimos años, la Chiquitanía, Chaco y la Amazonia han experimentado recurrentes eventos climáticos adversos, pero también, los territorios campesinos e indígenas están fuertemente presionados por el avance del modelo agroindustrial. Bolivia, actualmente presenta las mayores tasas de deforestación y cambio de uso de los suelos de la región, por la ampliación de la frontera agropecuaria (monocultivo oleaginosas y ganadería extensiva).