Por Inés Restrepo

Repensar el campo es una necesidad inminente para el posconflicto y el desarrollo del país.

El acuerdo de paz tiene como primer punto una reforma rural integral en la que se promueva, entre otras cosas, la agricultura familiar. El Censo Nacional Agropecuario mostró que el 73.2% de la Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) tiene menos de 5 Ha, que usan el suelo precisamente para producción agropecuaria.

Para poner en práctica la reforma rural integral se anuncia, entre muchas cosas, la construcción de sistemas de riego para las actividades agrícolas y acueductos rurales para consumo humano y doméstico.

Este, es un enfoque sectorial tradicional del abastecimiento de agua para la población campesina, que no ha funcionado nunca en la zona rural.

En la zona andina colombiana, los sistemas de riego –por sus costos- han alcanzado poco al pequeño campesino que desarrolla la agricultura familiar y peor aún para los que desarrollan agricultura de subsistencia.

Estos campesinos, tradicionalmente se han abastecido de agua para la agricultura familiar a partir de los acueductos veredales o municipales, a pesar de que la normatividad colombiana especifica que estos acueductos solo son para consumo humano y doméstico.

Muchas veces, el acueducto es la única fuente de agua para todas las necesidades y esta situación se seguirá presentando muchos años e incluso se vaticina que será peor con el cambio climático.

Los acueductos rurales cubren una buena parte de la población rural de la zona andina, aunque raramente entregan agua potable.

Para darle salida al abastecimiento de agua para la agricultura familiar, se propone que se incluya en la definición de actividades domésticas rurales, además de la higiene del hogar y la familia, las actividades de pequeña escala como la agricultura familiar.

También, que se permita en los acueductos rurales tener un tratamiento del agua –cuando se dan el lujo de tener tratamiento- que la ponga en Bajo Nivel del Riesgo como lo indica el IRCA (Resolución 2115 de 2007), desinfectando en la vivienda el agua que se necesita para consumo directo.

Los técnicos del sector de agua y saneamiento, que ahora se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se han opuesto a estas propuestas.

Creen que el agua que consume la agricultura familiar puede hacer que resulten muy costosos los acueductos pues creen que se usaría mucha agua.

Un argumento fuerte a favor de la propuesta es que la Constitución Política colombiana en su artículo 65 menciona que la producción de alimentos “gozará de la especial protección del Estado”.

Las investigaciones nacionales e internacionales muestran que la cantidad de agua sería solo 1.88 m3 más de lo que se considera como dotación de agua para una familia cada mes (Corrales, 2018).

Internacionalmente, se han identificado algunas ventajas de la propuesta como que los campesinos tendrían recursos para pagar la tarifa del acueducto y cuidar las fuentes de agua y sobrepasarían la línea de pobreza.

En nombre de la paz y de los más sufridos en la larga guerra, los campesinos, debemos repensar las soluciones sectoriales tradicionales y analizar el campo con nuevas miradas, considerando que los campesinos tienen problemas integrales y uniendo las instituciones que hasta ahora han tenido miradas sectoriales.

Para dar agua a la agricultura campesina es necesario integrar los sectores agua potable y saneamiento, agricultura y salud pensando siempre en el bienestar de la población y brindando las oportunidades para salir de la pobreza.

Como dijo Einstein, los problemas no se resuelven pensando de la misma forma como los creamos. En estos tiempos de cambio es bueno repensar el campo.

Blog publicado originalmente en La Silla Vacía.

Foto: Controinfo Colombia