"Irónicamente, defender en Colombia una visión que por encima de todo busca el florecer de la vida, puede significar el fin de ella" Por: Ingrid Daniela Perdomo / Santiago Londoño Suarez El departamento de Córdoba, ubicado al norte de Colombia, no ha sido ajeno al conflicto armado, desde hace décadas, la guerra ha encontrado en este departamento las condiciones para desarrollarse. En 1967 aparece el Ejército Popular de Liberación (EPL), la primera guerrilla de izquierda en el departamento, posteriormente, en 1981 entran las FARC y en 1994 surgen las primeras autodefensas, quienes dos años después se convertirían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Años antes de la aparición de estos grupos, la violencia bipartidista había azotado al departamento. Hoy, los partidos tradicionales no están en guerra armada, y 53 años después de la aparición de la primera guerrilla, todos los grupos armados mencionados han pasado por procesos de paz con el gobierno. A pesar de esto, la violencia persiste. A partir del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se analizará lo que ha venido sucediendo tras la firma del más reciente de estos acuerdos. Desde el 2016, año en el que el gobierno de Colombia y las FARC firmaron el acuerdo de paz, se evidencia un recrudecimiento de la violencia, propiciado por la aparición de nuevos actores en conflicto, las luchas por el control de las riquezas del departamento, el desarrollo empresarial y la persistencia de los factores estructurales que por años han estado en la base de la violencia en Córdoba. La Defensoría del Pueblo identifica el uso y la tenencia de la tierra, así como el control del territorio, como uno de los problemas fundamentales que alimenta el conflicto en Córdoba. Los actores armados que entran en juego en el departamento buscan, principalmente, dos cosas: por un lado, tener control de los municipios que por su ubicación geográfica son estratégicos para la producción, el transporte y la comercialización de drogas ilícitas; y por el otro lado, expandir su territorio de acción para ampliar las ganancias de este negocio, sumado al control de economías ilegales como la minería. En esta disputa entran con mayor predominancia tres actores, las AGC, Los Caparrapos y, recientemente, las disidencias de las FARC. Las AGC (también conocidas como Clan del Golfo, Los Urabeños o Los Paisas) aparecen en el departamento en el 2008, como un residuo de las negociaciones entre el gobierno de Alvaro Úribe Velez con los grupos paramilitares en el 2005. Un año después, en el 2009, se consolidan los Caparrapos, inicialmente como grupo aliado de las AGC. En el 2018, dos años después de la firma del proceso de paz, las alertas tempranas señalan por primera vez a los grupos disidentes de las FARC, en este caso, el Nuevo frente 18 (Román Ruíz) Cacique Coyará, para quienes, según la AT 083-18, “la recuperación de sus antiguos territorios de movilidad tiene un especial interés en el actual proceso de reconfiguración y fortalecimiento.” La alianza entre AGC y Caparrapos hoy es inexistente, en esta cruda guerra por el control del departamento, las disidencias han formado una nueva alianza con los Caparrapos para enfrentar a las AGC. Para aumentar su armamento y poder económico en la región, los grupos armados han establecido vínculos con carteles mexicanos. De manera particular se habla de alianzas del Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG con “Los Caparrapos” y El Frente 18 de las disidencias de las FARC, y del Cartel de Sinaloa con las AGC. [2] Estos dos carteles libran a su vez una violenta guerra en territorio mexicano, Córdoba, en muchas formas, se ha convertido en una extensión de esa guerra. Los Caparrapos, mantienen un control territorial importante en la región del Bajo Cauca Antioqueño, y, desde su separación de las AGC, buscan controlar el corredor estratégico del Sur Córdoba conformado por los municipios de Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano, La Apartada, Ayapel y San José de Uré, territorio que ha sido de control permanente de las AGC, pero que paulatinamente ha venido cediendo por los fuertes golpes e incursiones de Los Caparrapos, con asesinatos, amenazas, tomas de veredas y corregimientos de estos municipios, especialmente de San José de Uré y Puerto Libertador. Más allá de las economías ilegales, representadas principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal, en Córdoba también entran a jugar un papel importante en la disputa por el territorio la ganadería extensiva y las economías extractivas. Si bien las alertas tempranas no profundizan este tema, una reciente investigación de la ONG Pensamiento y Acción Social, analiza la forma como estas economías legales han favorecido dinámicas de acaparamiento de tierras a través de distintas formas de despojo, pisoteando a su camino el Derecho a la Tierra y el Territorio que tienen las comunidades ancestrales sobre él. En el sur de Córdoba, región del departamento que más presenta alertas tempranas y situaciones de riesgo por el conflicto armado, se identifican 60 títulos mineros vigentes, divididos entre 19 empresas nacionales e internacionales y 180 solicitudes para explotación. Según esa investigación, los pobladores de la región denuncian que la expansión de las empresas y el desplazamiento producido por actores armados “obedecen a intereses económicos para apropiarse de las tierras de los campesinos” [3]. “A nosotros no nos cabe en la cabeza como es que aquí los únicos que no han recibido amenaza son los de la empresa minera, ellos son los únicos que pueden moverse libremente”, manifiesta un líder indígena citado en la investigación. Ser líder en medio de la guerra Con la consolidación de los actores armados ilegales en el territorio, las comunidades que habitan estos territorios disputados, en especial los líderes y lideresas de estas comunidades, se ven obligados a interlocutar con los distintos actores para velar por la seguridad y el no involucramiento de sus habitantes en el conflicto. Esto, según los reportes de la Defensoría del Pueblo, pone en constante riesgo a las autoridades ancestrales de las comunidades indígenas y a los líderes y lideresas de organizaciones campesinas, quienes terminan siendo acusados de pertenecer o colaborar con uno u otro grupo. Bajo esta lógica, los líderes son guerrilleros, paramilitares e informantes del Estado todo al mismo tiempo, el supuesto bando al que pertenecen depende tan solo de quien lanza la acusación. Por absurda que parezca la situación, es una realidad que genera un enorme riesgo y deslegitimación de su labor. Al tildar de “guerrillero”, “paraco” o “sapo” a los líderes se genera una imagen en la población civil que legitima cualquier acción en contra de esa persona, ya que se asume que estaba involucrada en el conflicto. La repetición de estos discursos entre la población genera una estigmatización del liderazgo que fomenta el desconocimiento de la importancia que tiene la labor de estas personas para sus comunidades, minimiza las implicaciones que tiene la violencia sobre la región, deshumaniza a quienes ejercen el liderazgo social y aumenta el riesgo al que son expuestos día a día por defender los intereses y derechos de sus comunidades. Desde la implementación de los acuerdos de paz, según la ONG local Cordobexia, en Córdoba han sido asesinados un total de 37 líderes sociales y han sido reportadas más de 200 amenazas. La mayoría de los casos se reportan en San José de Uré, Montelíbano y Tierralta municipios que registran 12 veces en el Sistema de Alertas Tempranas [4]. Además del asesinato, los líderes son sometidos a la restricción de su movilidad, ya que, según los reportes, los grupos armados afirman que las salidas del territorio se deben a labores informativas que realizan con el ejército. Por otro lado, se encuentra el debilitamiento de las organizaciones comunitarias a través de la señalización por parte de los grupos que realizan minería ilegal y las empresas, casi siempre mineras, que los líderes y lideresas buscan ralentizar el progreso de la región y acabar con los trabajos de la comunidad, sin tener en cuenta que los lideres luchan por una visión y entendimiento propio de progreso, en la que prima la defensa del territorio y la protección del medio ambiente por encima de los intereses económicos. La respuesta del Estado En febrero de 2019, más de 4.000 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles llegaron al departamento de Córdoba para hacerle frente al incremento del conflicto por el control territorial que ejercen los grupos armados. Una vez más en Colombia, una problemática compleja, multidimensional, que atraviesa el ámbito político, cultural, económico y social, recibió una respuesta de tipo militar por parte del gobierno. Los llamados de la Defensoría del Pueblo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (8), Fiscalía (7), Ministerio de Educación (5), Ministerio de Vivienda (1), Ministerio de Agricultura (1) y demás instituciones que deberían estar trabajando articuladamente para solucionar los problemas que están en la raíz del conflicto armado, parecen haber sido relegadas frente a un despliegue de tipo militar que, en la percepción de los pobladores locales, no ha logrado resultados tangibles, por el contrario, ha tenido una actitud permisiva frente a los grupos armados ilegales [5]. La Fuerza de Tarea Aquiles es una estrategia adscrita a la 7ma división del Ejército. Inició su despliegue a partir del 01 octubre 2014 y se proyectaba a operar hasta el 31 de marzo de 2016. Sin embargo, su despliegue se ha extendido y ampliado en el tiempo y en el número de hombres para combatir el Narcotráfico, a las AGC y los Caparrapos en el Nudo del Paramillo. El antecedente de este cuerpo elite desplegado en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba es la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo (FTCNP), que en su momento pretendía hacerles frente a las acciones desplegadas en el Nudo del Paramillo por el Bloque Noroccidental de las FARC. La complicidad de algunos funcionarios con los grupos armados genera un ambiente de desconfianza entre las comunidades y las instituciones; que impulsa a los y las lideresas a buscar soluciones dentro del mismo territorio y con la misma comunidad para proteger su vida, para mantener el equilibrio del territorio y para garantizar la no vulneración del tejido social y de los derechos humanos. Sin embargo, y como último recurso, algunas veces deciden acudir y presentar su caso ante las autoridades quienes subvaloran la gravedad de la situación y no buscan una solución pronta. En el 2018, la Asociación de Campesinos del Sur De Córdoba (Ascsucor) denunció la inoperancia de la institucionalidad ante las alertas tempranas y solicitó investigar a los alcaldes que no actúen para frenar las situaciones de riesgo que allí se presenten, tal y como lo dictamina el decreto 2124 del 2018. Según reportó el periódico El Heraldo ese año, los líderes de esta organización “consideran que es poco o nada lo que desde las alcaldías y demás entes estatales se viene realizando para prevenir los hechos de vulneración a la integridad de las personas que ejercen liderazgo social en los territorios, como ocurrió con María del Pilar Hurtado Montaño, asesinada frente a dos de sus cuatro hijos en Tierralta” [6]. Con los datos aquí recopilados, desde Pensamiento y Acción Social, solicitaremos a las instituciones rendir cuenta frente a las acciones tomadas para responder a estas alertas. La conclusión, seguramente, no será favorable para las instituciones y, por ende, tampoco para las personas que han sufrido esa inoperancia. Las alertas tempranas son un mecanismo que busca prevenir la materialización de una situación de riesgo antes de que suceda. Es una herramienta para que la institucionalidad pueda salir y decir “nos advirtieron, actuamos y lo evitamos”. Sin embargo, en la práctica, la institucionalidad, tras la materialización de los asesinatos, desplazamientos, violaciones y abusos que se anuncian en las alertas, solo puede salir y decir las dos primeras palabras de la cita que se menciona anteriormente. Ya sea por falta de voluntad, complicidad, recursos insuficientes, corrupción o una mezcla de todo, al final, quienes asumen son las comunidades, los líderes y las lideresas que luchan por construir sus territorios a partir de sus nociones ancestrales del buen vivir y de lo que para ellos es desarrollo. Un crecimiento armónico con la naturaleza, sustentable en el cual puedan vivir con dignidad. Irónicamente, defender en Colombia una visión que por encima de todo busca el florecer de la vida, puede significar el fin de ella. [1] Hasta diciembre de 2017 la Defensoría del Pueblo advertía de los riesgos y hacía recomendaciones a las entidades encargadas de responder, esto lo hacía mediante documentos llamados Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento. Estos documentos pasaban por una comisión denominada “Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT)”, conformada por varios ministros y generales, encargada de estudiar los Informes de Riesgo y convertirlos, si así lo convenía, en Alertas Tempranas. Las alertas tempranas requerían a las autoridades reaccionar a la Alerta, y las medidas requeridas dejaban de ser una mera recomendación. El 18 de diciembre de 2017 el gobierno expidió el Decreto 2124, el cual restituyó a la Defensoría del Pueblo la titularidad de las alertas tempranas, definiéndolas en su art. 4 como “un documento de advertencia de carácter preventivo emitido de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos de que trata este decreto y dirigido al gobierno nacional para la respuesta estatal”. Para ello, el decreto suprimió la CIAT y creó la CIPRAT (Comisión Interinstitucional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas), presidida por la o el Ministro del Interior. [2] Una radiografía de los carteles mexicanos en colombia, Así se repartieron los cárteles mexicanos y colombianos el mercado del narcotráfico y Cómo los cárteles mexicanos se han apoderado de casi todo el mercado de la cocaína en Colombia. [3] Consolidación del extractivismo en el Sur de Córdoba: Afectaciones sobre el derecho a la tierra y el territorio, p 17. [4] Otro líder social asesinado en Córdoba, el segundo en menos de una semana, Asesinan en Montelíbano, Córdoba, a otro líder social, ¿Por qué están matando a los líderes de Córdoba?, Continúa asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia, Estos son los 32 lideres sociales asesinados en Córdoba desde el 2016, Segundo líder social asesinado en menos de una semana en Córdoba, Dos líderes habrían sido asesinados por el Clan del Golfo en Córdoba y Llegan amenazas a líderes sociales en Córdoba. [5] Consolidación del extractivismo en el Sur de Córdoba: Afectaciones sobre el derecho a la tierra y el territorio, p 12. [6] En Córdoba piden investigar a los alcaldes que no acaten las alertas tempranas. Blog publicado en Las dos orillas: https://www.las2orillas.co/liderar-en-medio-de-la-guerra-asi-es-la-situa...