Por Natalia Herrera
En la vereda Macondo, del municipio de Zona Bananera, 55 personas, en su mayoría de avanzada edad, siguen reclamando una finca como pago por el trabajo que nunca les remuneraron. Esto en medio de amenazas y ataques.
El paisaje del municipio de Zona Bananera, en el Magdalena, a dos horas de Santa Marta, sorprende por su monotonía. Palma, palma, palma y algo de banano, repite cualquiera que atienda al recorrido. La tierra la cultivan desde hace más de cien años grandes hacendados o empresas nacionales e internacionales, y aunque primero se cultivó banano, desde hace unos años la palma ha cobrado mucha fuerza.
Son las mismas tierras donde en 1901 se estableció la United Fruit Company, que tuvo el monopolio de la industria bananera y del ferrocarril hasta que estalló la huelga por mejores condiciones de trabajo que dio origen a la Masacre de las Bananeras en 1928, cuando soldados del Ejército colombiano dispararon contra los huelguistas, matando e hiriendo a un número desconocido de ellos.
Eso pasó allí, pese a las lagunas de la historia oficial que encubren el episodio y que favorecen, desconcertantemente, a que una representante del Centro Democrático como María Fernanda Cabal sostenga hace poco, sin sonrojarse, que se trata de un “mito histórico”. En los años 40, el negocio del banano lo asumió una filial de la multinacional llamada Compañía Frutera de Sevilla, que sostuvo una bonanza bananera hasta 1965. Un año después, la compañía abandonó Sevilla, el pueblo donde se asentó en este municipio, por la relación tensa que seguía existiendo con el sindicato y la pérdida de al menos 4.000 hectáreas por el paso de un huracán.
De esos tiempos son testigos las casas abandonadas que todavía ostentan una arquitectura sofisticada que albergó a familias de italianos, estadounidenses e inmigrantes árabes; el ferrocarril, que ya no transporta banano sino carbón, y algunos viejos que recuerdan los días en que cuidaban cultivos de banano. Ya no. El desempleo ha crecido mucho entre los jornaleros de la región porque, por ejemplo, 10 hectáreas de palma requieren sólo un trabajador para su cuidado, mientras que el banano necesitaba entre cinco y seis trabajadores por cada hectárea. La situación no es fácil. Muchos de ellos, y sus familias, lo único que saben hacer es cultivar, pero la tierra nunca ha estado a su nombre y la tierra de otros ya no los necesita.
Es aquí, en el municipio de Zona Bananera, donde 47 familias campesinas están reclamando unos predios de la finca Diana María ubicados en la vereda Macondo, por curioso que suene, y que, sin duda, pudo inspirar también al nobel Gabriel García Márquez, quien inmortalizó la masacre de las bananeras en su obra Cien años de soledad.
Una finca llamada Diana María
“Estamos peleando por la tierra en la que estuvimos, allí donde mataron a mi hijo”, dice Diego García. Estamos en el patio de su humilde casa. Su familia no quiere que recuerde más el dolor, el asesinato de su hijo que llevaba su nombre, el temor de esos años. Pero él no quiere olvidar (aunque a veces la memoria le falle), como muchos otros de los 55 campesinos que, pese a su edad avanzada, luchan por estos predios y porque se conozca su versión de lo que aquí sucedió.
Diana María, en la vereda Macondo del municipio de Zona Bananera en el Magdalena. Sostiene el cuadro de su hijo y su esposa, el primero asesinado por paramilitares el 12 de septiembre de 2001, en la finca que hoy, pese a su edad avanzada, sigue luchando junto a otras 46 familias. / Gustavo Torrijos - El Espectador.
Durante cinco años, entre 1986 y 1991, la finca Diana María dio buen banano y trabajo. En 1991, su dueño, Carlos Manuel Dangond, falleció y la administración de la finca pasó a manos de su esposa, Teresita Fernández de Castro. Un año después entraron nuevos trabajadores y empezaron, también, los primeros retrasos en los pagos de remuneraciones y prestaciones sociales, aunque los jornaleros continuaron con sus labores.
En 1993, la comercializadora Banacol S.A. llegó a un acuerdo con Teresita Fernández de Castro para mejorar el nivel de producción de la finca con su administración, que aumentaría el nivel de exportación, y así saldarían la deuda con los trabajadores. Pero los incumplimientos laborales siguieron.
En 1994, Teresita Fernández autorizó a los trabajadores para sembrar yuca, fríjol y maíz en los lotes de la finca que no iban a ser cultivados con banano. Ese mismo año, Banacol renunció a la administración del predio y la dueña abandonó paulatinamente la finca. Los trabajadores, por el contrario, nunca dejaron de cultivar, se organizaron por grupos, vigilaron la infraestructura y mantuvieron la tierra productiva.
En 1995, ante el incumplimiento en los pagos y las prestaciones sociales, se interpusieron dos demandas laborales contra Teresita Fernández de Castro y Banacol S.A., una por 47 trabajadores y otra por parte de los administradores de la finca. Tres años después, en 1998, los trabajadores ganaron la demanda, que ordenó a Teresita Fernández de Castro pagarles $554 millones.
Pero, ante la imposibilidad de pagarles, ella les dijo que se quedaran con los predios como forma de pago. Con la noticia, los campesinos se organizaron, se dividieron en parcelas y fundaron la cooperativa de pequeños bananeros Cooprobán. “Teníamos cuatro hectáreas de plátano, de yuca, guayaba, ají. Todo lo sembrábamos allí. Esas son las tierras que conocemos y disfrutamos”, contaba Juana María Altahona, junto a su esposo Arcadio Modesto, de 86 años, quien hace poco murió enfermo.
El despojo
La tranquilidad duró poco. En el año 2001, Juan Manuel Fernández de Castro, hermano de Teresita, los citó en al menos cuatro oportunidades y los instigó a que abandonaran la finca. En la región, la presencia armada del bloque Norte de las Auc ya era intimidante y violenta. El 12 de septiembre de 2001, el terror se apoderó de la finca Diana María. En moto llegaron los paramilitares y asesinaron a las primeras personas que vieron: Diego García y Eduardo Emilio Cortés. La comunidad se desplazó atemorizada.
Un mes después de esto, la finca fue cercada por Juan Manuel Fernández de Castro y adecuada para iniciar un cultivo de palma que prevalece hasta hoy. Los cultivos de pancoger y de banano fueron arrasados.
La estrategia jurídica
Durante los dos años siguientes, en medio de la zozobra y el miedo, 33 campesinos firmaron contratos de cesión preparados por Fernández de Castro, a cambio de una cifra paupérrima de dinero.
Sólo años después, tras la desmovilización de los paramilitares, se dieron las primeras denuncias del caso en audiencias y procesos de Justicia y Paz. Pero sólo con la entrada en vigencia de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, en el año 2011, el caso se conoció y fue priorizado por la Unidad de Tierras.
En el 2014, los campesinos de Diana María fueron acompañados por el Consejo Noruego para los Refugiados para capacitarse en el conocimiento de sus derechos. Fue ese mismo año, en octubre, cuando el postulado paramilitar José Gregorio Mangones, conocido como Carlos Tijeras, reconoció en versión libre de Justicia y Paz su participación en el asesinato de los dos jóvenes y el desplazamiento forzado de la comunidad de Diana María. Allí también señaló a Juan Manuel Fernández como determinador de estos hechos. Por esto se inició un proceso penal en su contra, del que fue absuelto hace poco más de un año por “falta de pruebas”.
Entretanto, con la ayuda de la Comisión Colombiana de Juristas, la comunidad de Diana María empezó a construir la demanda que presentó ante los juzgados especializados en Restitución de Tierras en diciembre de 2015. Esto en medio de amenazas, ataques e intimidaciones. En agosto de 2016, su demanda fue admitida por el Juzgado Primero Civil de Santa Marta, especializado en restitución de tierras, y hoy sigue en etapa probatoria.
Precisamente fue durante el proceso de restitución de tierras que las familias campesinas de Diana María se enteraron de que Juan Manuel Fernández de Castro aseguró que pagó por los predios entre 7 y 14 millones, cuando realmente recibieron entre $100.000 y $1’000.000. Fernández de Castro ha presentado en el juzgado los recibos que suman un poco más de $500 millones, sin que a la fecha se haya constatado si fueron o no adulterados, como denuncia la comunidad.
Las penurias y sufrimientos que han padecido los reclamantes del predio de Diana María luego del desplazamiento siguen repercutiendo en su día a día, a tal punto que el impacto emocional, físico y las rupturas socioeconómicas y comunitarias han afectado las condiciones de salud de una comunidad compuesta por adultos mayores, acelerando los decesos de algunos solicitantes. Sumada a la lentitud del proceso de restitución de tierras se ha presentado una serie de amenazas y ataques a integrantes de la comunidad, para buscar el desistimiento del proceso y romper el frágil proceso organizativo existente. Aun así, la comunidad insiste y persiste en su ilusión de retornar y laborar en sus tierras bananeras”, asegura Federico Giraldo, investigador que acompaña este caso por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
La sombría estrategia, evidenciada por la Fiscalía y la abogada Paula Villa, de la Comisión Colombiana de Juristas, habría sido la siguiente: Juan Manuel Fernández de Castro se hizo pasar por el acreedor de las deudas laborales que su hermana, Teresita Fernández de Castro, tenía con los trabajadores y constriñó a 33 personas a que le firmaran contratos de cesión a cambio de una suma paupérrima de dinero, en un ambiente de intimidación y violencia.
Por eso los predios, que estaban embargados desde 1997, fueron rematados y adjudicados a Fernández de Castro en el 2003. Si esto no hubiera pasado, lo más probable es que a los trabajadores de Diana María les hubieran rematado a su favor los predios por la deuda laboral que tenían con ellos. Si esto no hubiera pasado, muchos de estos reclamantes no hubieran muerto esperando tener a su nombre un predio para cultivar en la esquiva Zona Bananera.
Artículo publicado en El Espectador