- Los consumidores pueden ser aliados en controlar los procesos de desertificación en América Latina, donde se impulsan diferentes iniciativas para ponerle freno, como el manejo sostenible de la tierra, el avance hacia la neutralidad en la degradación de la tierra o la incorporación de la bioeconomía.
Ecuador es puesto como un ejemplo en la región de estas políticas, por su incentivo al consumo inteligente y saludable y la promoción de prácticas de uso sostenible de la tierra, por productores y consumidores.
Algo importante porque esa nación sudamericana tiene 47,5 por ciento de su territorio en proceso de desertificación y los mayores problemas están en el centro de su zona costera sobre el océano Pacífico
El viernes 15, se va a lanzar en dos de las provincias de esa zona, Loja y Manabi, la segunda etapa de un proyecto de Manejo Sostenible de Tierras (MST), promovido por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), con financiamiento de Corea de Sur, que ejecutan la FAO y el Ministerio de Ambiente.
El plan promueve el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades afectadas por la degradación, después de que en la primera fase se invirtieron 348.000 dólares.
Juan Calle López, de la oficina en Ecuador de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), dijo a IPS desde Quito que el objetivo del proyecto es “mejorar las capacidades de los actores locales, tanto comunitarios como institucionales, para abordar e implementar el MST en paisajes degradados”.
“El proyecto busca que sitios piloto sirvan de referencia para que las comunidades verifiquen los esfuerzos sobre MST y la potencialidad de las mismas para adaptarse a las condiciones locales”, detalló.
“También se busca que dichas prácticas tengan un enfoque de paisaje que integre el manejo de los ecosistemas remanentes y de las zonas agrícolas para mantener a largo plazo los servicios ambientales locales como regulación del ciclo hidrológico y un uso sostenible de la tierra”, subrayó.
Calle López explicó que “la intervención del proyecto trabajará conjuntamente con los gobiernos locales municipales y parroquiales y las asociaciones de productores para definir conjuntamente las mejores prácticas para cada zona dependiendo de las condiciones sociales y ambientales de cada sitio”.
“Los productores locales serán los socios directos del proyecto ya que su involucramiento es un requisito para desarrollar las diferentes prácticas en sus fincas”, en un proceso en que se aprovecharán herramientas ya experimentadas por la FAO y los resultados de la Evaluación Nacional de Degradación de la Tierra, realizada en el país en 2017.
Ecuador es también el país donde este año se va a celebrar el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio, que en 2018 tiene como tema el papel de los consumidores en la gestión sostenible de las tierras, mediante sus elecciones de compra y sus inversiones.
Con el eslogan de “Las tierras tienen un valor. Invierta en ellas”, se trata, entre otros objetivos, de “incitar a los usuarios de las tierras a hacer uso de las prácticas de gestión de las mismas que mantienen las tierras productivas”, ha explicado Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la CNULD, también conocida como UNCCD, su sigla en inglés.
Simbólicamente, el acto de la jornada se realizará en el monumento de la Mitad del Mundo, el lugar exacto de la línea ecuatorial, del que el país andino toma el nombre, para simbolizar la unión de los dos hemisferios, que se sitúa a unos 35 kilómetros de Quito, detalló a IPS el coordinador para América Latina y el Caribe de la CNULD, José Miguel Torrico, con sede en Santiago de Chile.
Se reconoce así, también, la apuesta de Ecuador por iniciativas novedosas para luchar contra la degradación de los suelos y la sostenibilidad del manejo de la tierra, que también incluyen avances en la bioeconomía.
Tarcisio Granizo, su ministro de Ambiente, definió la bioeconomía como “un modelo económico basado en los recursos biológicos renovables, alejado de los recursos fósiles”, lo que tiene especial valor en un país que por décadas ha tenido en la exportación de petróleo uno de los pilares de su economía.
“Los expertos coinciden en que este modelo aúna el progreso económico con el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad”, planteó durante el Segundo Encuentro Global de Bioeconomía, efectuado en Berlín, en abril.
El ministro advirtió, empero, que “no es una cuestión de corto plazo. Recién estamos empezando a desarrollar un andamiaje para transitar por la bioeconomía”.
Mientras, en Santiago, Torrico recordó que “la desertificación conlleva pérdidas por ingresos mundiales anuales por 42.000 millones de dólares, mientras las acciones de recuperación de tierras tienen un costo entre 40 y 350 dólares por hectárea”.
“Por otra parte, los retornos de acciones contra la degradación a nivel mundial son de cuatro a seis dólares por cada dólar invertido”, subrayó al explicar los beneficios de los proyectos para amortiguarla.
Eso también se aplica en América Latina y el Caribe, donde se estima que 50 por ciento de la tierra agrícola podría estar afectada por la desertificación.
En esta región, “13 por ciento de la población reside en tierras degradadas, lo cual varía de acuerdo a los países, teniendo a Uruguay como país donde 33 por ciento de la población vive en áreas degradadas, en comparación a Guyana donde solo es el dos por ciento”, precisó el coordinador regional de la CNULD.
“Los costos anuales de degradación de la tierra se calculan para Latinoamérica y el Caribe en 60.000 millones de dólares anuales mientras que a nivel mundial se calculan en 297.000 millones”, agregó.
Advirtió, asimismo, que “la inacción frente a la degradación de la tierra, provocará que en los próximos 25 años se podría reducir la producción mundial de alimentos en más de 12 por ciento, lo que provocaría un incremento de 30 por ciento en los precios de los mismos”.
“En términos directos, 40 por ciento de la población mundial (más de 2.800 millones de personas) habita regiones en procesos de desertificación y alrededor de 900 millones de personas carecen de acceso a un agua segura”, aseveró.
“Las estimaciones indican que para abastecer a la población el año 2050, (que se proyecta alcance los 9.000 millones), la producción agrícola se tendrá que incrementar en un 70 por ciento a nivel mundial y en un 100 por ciento en los países en vías de desarrollo”, precisó.
De no ser así, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con absoluta escasez de agua y dos tercios de la población mundial (5.300 millones) podrían vivir bajo condiciones de estrés hídrico. Ello conllevara, que para el año 2045, 135 millones de personas tendrían que migrar como consecuencia de la desertificación”, añadió.
Según Torrico, “en América Latina y el Caribe las urgencias más inmediatas tienen que ver con la forma de enfrentar las sequías, para lo cual se ha implementado la Iniciativa de Sequía en ocho países de la región: El Salvador, Paraguay, Venezuela, Bolivia, República Dominica, Colombia, Ecuador y Grenada”.
Esa estrategia, explicó, “busca armonizar las políticas públicas para enfrentar este fenómeno”.
“La otra urgencia tiene que ver con el cumplimiento de la Agenda 2030, donde 26 países de la región han establecido un programa de metas para logra una Neutralidad en la Degradación de Tierras”, planteó.
Ese nuevo compromiso es que “lo que yo le quito a la tierra, le pongo y mantengo la productividad”, concluyó, sobre el compromiso de alcanzar esa neutralidad en 2030, adquirido en 2015 en el marco de la CNULD por sus 195 Estados parte.
Edición: Estrella Gutiérrez
Blog publicado originalmente en IPS