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Es importante notar que las pérdidas y daños tienen una dimensión económica pero también tienen una dimensión no-económica. Los aspectos no económicos pueden incluir la cultura, tradiciones, idiomas, etc. Las pérdidas y daños tienen un impacto significativo en los derechos humanos de las personas y sus comunidades (Serdeczny 2019; Martínez et al. 2022; Martínez 2021; Albar et al. 2020).
Esta carga la afrontan diariamente las comunidades vulnerables de Centroamérica. Además, las pérdidas y daños son una parte importante de la realidad económica de nuestros países y una fuerte lesión a nuestros bienes intangibles. Es el resultado de las externalidades negativas de las economías intensas en carbono del Norte Global. Es por esto por lo que romper el silencio ante las pérdidas y daños que viven nuestras comunidades, es ejercer el derecho aun ambiente sano (Martínez 2022). De ahí se desprende también el concepto de Justicia Climática, que aquí es entendido desde el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático 1992, 18). Esto implica que los grandes emisores históricos de carbono deben asumir su responsabilidad por los impactos adversos que han sido generados (Martínez 2021, 13). En este sentido, que la comunidad internacional asuma su responsabilidad por los daños y pérdidas, es ejercer el derecho a exigir Justicia Climática (Gutiérrez y Martínez 2020, 90).
