La indignación selectiva contra los indígenas y no contra las apropiaciones corporativas
En un escenario de expulsiones con escrituras truchas y compras masivas de tierra hasta por príncipes árabes, las protestas "en defensa de la propiedad privada" se ensañan con los reclamos de las comunidades. Un análisis de un conflicto de 140 años.
Por Patricia Chaina
“Al individualismo nosotros le oponemos lo solidario, y ante los emprendimientos de barrios privados proponemos una mirada más justa sobre la distribución de la tierra” sostiene Orlando Carriqueo, desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro. Habla desde las afueras de Bariloche, al concluir la actividad que el sábado a mediodía incluyó una olla popular bajo la consigna “Tierras aptas y suficientes para las comunidades y acceso a la tierra para los barrios populares”.
Para el dirigente indígena la problemática plantea una paradoja: “Mientras hay comunidades que reclaman por 30 hectáreas y son cuestionadas, Lewis tiene todo un lago y Benetton tiene un millón de hectáreas, no hay una misma mirada sobre los territorios ni las personas, y lo que intentamos es poner foco en la tierra como un problema social que nos abarca a todos”.
“En la Patagonia, desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días, la tierra es un espacio de conflicto” define Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en relación al conflicto que involucró a las organizaciones indígenas desde que hace una semana, un grupo de vecinos salió a protestar contra una comunidad asentada a orillas del Lago Mascardi con el reclamo “en defensa de la propiedad privada y para que todos podamos disfrutar del lago”. “Pero no van a reclamar a Lewis, que ocupó las orillas del Lago Escondido comprando a precio vil”, esgrimen desde las organizaciones.
“Lo de Bariloche es mínimo en relación a las manifestaciones violentas que se viven en las ciudades grandes, pero hay xenofobia y discriminación racista en su composición social”, plantea Odarda. Esa protesta expresó una necesidad “por excluir al otro, desde una mirada racista” sostiene la funcionaria.
La problemática involucra la extranjerización de tierras y el uso de los recursos naturales. En paralelo, muestra la desprotección a la que vuelve a quedar expuesto el poblador originario ante el avasallamiento del Estado, expulsado por la conquista y desalojado por los terratenientes que adquieren tierras de manera fraudulenta. Pero el conflicto, que volvió a escena con la protesta contra la comunidad Lafken Huincul Mapu, incurre en una doble falsedad, señala Odarda: “El avasallamiento a la propiedad privada no es tal, porque se trata de un Parque Nacional, no es privado”, especifica. “Y se quejan por Bariloche, pero no dicen nada de otros setecientos predios que ocupan privados en otras fracciones de otros parques, ni de Lewis, ni del príncipe de Qatar que también tienen propiedad sobre espejos de agua, que compraron a precios irrisorios”, declara. Y se preocupa, porque “se mira con otros ojos al pueblo mapuche, que es preexistente, y tiene derechos consignados en la constitución”.
Las comunidades suman a la disputa por el espacio físico, un valor simbólico, el que implica culturalmente una pertenencia. Esas tierras integran la vida comunitaria, hasta el genocidio ejecutado por la campaña militar de 1879. Y no fue sino hasta la reforma constitucional de 1994 que el Estado reconoce la preexistencia y los derechos ancestrales de estos pueblos. Y con esto, la propiedad comunitaria de la tierra, sostienen quienes investigan la problemática, como la antropóloga Laura Kropff, quien dirige el exhaustivo Relevamiento Territorial en Río Negro. La primera avanzada de ese trabajo, realizada entre 2012 y 2015, dio como resultado una publicación bajo el título: “La tierra de los otros”, editada en 2019 por la Universidad Nacional de Río Negro.
“Hoy estamos trabajando para ordenar la información y las denuncias, y reactivar el Relevamiento Territorial”, asegura a Página/12, el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks. En la documentación relevada la zona andina se presenta como de alta conflictividad. “El departamento de Bariloche concentra casi la mitad --el 43 por ciento— de las denuncias recibidas entre 2012 y 2015 por la comisión que abordó el relevamiento” consigna el informe. “Son irregularidades en la transferencia de tierras fiscales a manos privadas --sostiene la antropóloga Valeria Iñigo, en esa investigación--, y son conflictos sobre la propiedad de la tierra, pero también sobre el uso de los recursos naturales”.
Algunos de ellos se visibilizaron por las protesta y demandas colectivas que tomaron estado público nacional. “El caso emblemático a fines de los ‘90 fue por el acceso a Lago Escondido que involucra al magnate ingles Joseph Lewis, y se reactivó cuando la empresa Laderas --que en la zona se adjudica también a Lewis-, intenta un desarrollo turístico que involucra la naciente de cursos de agua. Esto generó una movilización masiva --con diez mil personas-- en El Bolsón y un acampe en defensa del agua y de la tierra”. Cuatro días después de ese evento, multitudinario para la zona, se desato la represión sobre Cushamen, en Chubut, a 70 kilómetros de El Bolsón, y cuyo desenlace inmediato fue la desaparición de Santiago Maldonado.
La mirada discriminadora se instala desde que el Estado determinó el exterminio indígena para correr las fronteras sobre la Patagonia y el Gran Chaco. A partir de entonces “surgen dos maneras de tratar la legitimidad de la propiedad de la tierra, porque claramente hay actores considerados más legítimos que otros”, explica Kropff sobre la entidad que el Estado concede a un extranjero, al avalar la adquisición “a precio vil”.
“El Estado se constituye definiendo un ciudadano ideal –detalla Kropff— y se distingue de aquellos externos a la Nación y también de otros internos, que no cumplen los requisitos”. En función de eso se ejerce la soberanía. Pero Kropff advierte sobre la traza histórica: “Paradójicamente los extranjeros que no pertenecen a la Nación, parecen estar más legitimados para hacerse de las tierras, que aquellos que fueron sometidos y ocupaban libremente el territorio con anterioridad”.
Hoy existe un sentido común que admite que los extranjeros se adueñen de esas tierras y tengan más derechos que los que fueron subyugados por el genocidio indígena. Pero hay herramientas de política pública que permiten pensar en la reparación. Una de esas políticas es la Ley 26.160 que establece la necesidad del Relevamiento Territorial. Reconocer derechos constitucionales de las comunidades significa reconocer la ocupación territorial que lleva adelante la campaña militar de la conquista. Y permite pensar en nuevas formas de habilitar la propiedad de las tierras. “Y si esas tierras no alcanzan o no son aptas, se deben dar otras, que sea fértiles, que sirvan”, insiste Carriqueo.
“Esto tiene que tener un abordaje distinto, no es con balas o represión que se va a solucionar, porque el proceso de distribución de la tierra en Argentina no está resuelto y no solo tiene que ver con los pueblos originarios” detalla el dirigente. “Mientras las comunidades reclaman tierras aptas y suficientes, la gente de la ciudad pide tierras para barrios populares, hay que intentar poner el foco en el territorio y en la problemática social. Mirar la ciudad y el territorio” grafica.
El despojo en los territorios, esto es, en las provincias, termina en la ciudad, define Carriqueo. “En la periferia de las ciudades” puntualiza. “El IFE no alcanza para pagar un alquiler y se está viendo en todo el país, es hora de que en la Argentina se empiece a discutir la distribución de la tierra desde una mirada amplia”.
Blog publicado en Página 12: https://www.pagina12.com.ar/290146-conflicto-por-la-tierra-racismo-contr...