Por Javier Alexander Macías

La ley de las Zonas de Interés y Desarrollo Económico, Zidres, con la que el presidente Juan Manuel Santos busca brindar desarrollo al campo, sobre todo en sectores inexplorados que servirían como despensa de alimentos, superó el último escollo al ser fallada positivamente por la Corte Constitucional.

Sin embargo, aunque en la Ley quedaron consignadas acciones que de realizarse llevarían desarrollo a zonas apartadas de centros urbanos, como la construcción de carreteras y beneficios al campesinado, el descontento y la falta de claridad en la información siguen generando rechazo a la nueva norma.

Mientras que para el Gobierno la iniciativa es una puerta a modelos asociativos entre labriegos, medianos productores y empresarios para explotar tierras a las que antes no se tenía acceso por diferentes razones, entre ellas el conflicto armado, para algunos gremios de campesinos es solo la forma de que la tierra siga en manos de unos pocos, aumente la tenencia, y el campesino trabaje no como socio sino como jornalero.

Lejos de esa visión, Santos, como principal defensor de esta ley, aseveró que es una normatividad audaz cuyo único objetivo apunta a garantizar el desarrollo del campo. “Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo”, dijo.

En su decisión, la Corte especificó que no se vulneró el derecho de las comunidades étnicas por no consultarlas previamente, razón por la cual podrían verse afectadas, como lo expresaron dos de los demandantes: los congresistas del Polo Iván Cepeda y Jorge Robledo.

Sigue el descontento

Para el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Luis Alejandro Castellanos, la ley se alejó del propósito de entregarle tierras al campesino, afín a lo acordado en el proceso de paz entre con las Farc en el punto uno: Desarrollo Agrario Integral.

“Propusimos en su momento que si se van a utilizar los terrenos baldíos, lo lógico es que para que el campesino se pueda asociar genere condiciones de igualdad, por eso pedimos que el Estado primero titule los baldíos a las familias campesinas para que ellos aporten los predios”.

De no cumplirse esta condición, agregó Castellanos, no habría una relación de sociedad sino laboral, donde el inversionista solo utilizaría la mano de obra del campesino “y el uso de esa tierra se desviaría de la producción de alimentos a la industria de la palma de aceite, por ejemplo”.

En contravía a lo expresado por el líder nacional campesino, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, precisó a este diario que el asunto de concentración de la tierra permitido por la ley Zidres es un mito.

“No se va a entregar propiedad porque esta ley es de productividad, no de titularidad. Siempre se habló de productividad en una relación de campesinos con productores y no es contradictorio”, explicó el superintendente.

Vélez precisó que a la ley solo le ve beneficios, no va en contravía con lo pactado en el primer punto de negociación del proceso de paz con las Farc, y se protegen a los indígenas, a los afros y al campesinado colombiano.

Pese a que la ley fue aprobada en la Corte, aún hay un punto que genera descontento y es señalado como el palo en la rueda para echar a andar las Zidres: la norma que estableció que no es necesario vincular a los campesinos, como condición especial, para acceder a los proyectos productivos en estas zonas.

Así mismo, la ley definió los parámetros para determinar donde se podrían ubicar las Zidres: la altillanura; en La Guajira; el sur de Bolívar; la Mojana y el Urabá chocoano, Caquetá y Putumayo, entre otras, en un territorio que ocuparía más de siete millones de hectáreas en el país.

Artículo publicado originalmente en El Colombiano