En una columna que escribí hace 18 meses, manifestaba la importancia de hacer seguimiento al Acuerdo de Escazú el cual debería ratificar el gobierno colombiano. El proyecto en el congreso terminó hundiéndose lánguidamente y deberá discutirse nuevamente en esta legislatura puesto que el convenio no se sometió a votación porque nunca se incluyó en la agenda. Esto es paradójico debido al mensaje de urgencia que el presidente Duque anunció que tendría el proyecto y, este trámite de acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Política debió resolverse en el congreso en un plazo máximo de treinta días luego de su presentación. ¿Qué pasó? la respuesta sencilla es la inexistencia de voluntad política real para sacarlo adelante.
Por Hugo Rincón González
El Acuerdo de Escazú no le gustaba a las mayorías del Congreso y especialmente al partido de gobierno; con el ánimo de rescatarlo algunos senadores como Iván Cepeda insistieron en la necesidad de que fuera incluido en las sesiones extraordinarias, pero esto simplemente no se hizo y con ello Colombia incumplió un compromiso internacional que ya había asumido el gobierno. Una promesa más a la que se falta por parte del presidente Duque, sumada a otras como no usar el glifosato para la aspersión de los cultivos de coca y la tan reiterada de no permitir el fracking para la extracción del petróleo…¡qué más da otra promesa incumplida!
Los saboteadores que impidieron se ratificara el Acuerdo señalan como razón para tal el aumento de la inseguridad jurídica del país y que como instrumento internacional generaría grandes dificultades en el propósito de reactivación económica; según ellos, este se sumaría a otros requisitos existentes como las licencias ambientales y las consultas previas, frenos preocupantes de la inversión nacional y extranjera. No les parece bien lo relacionado con la justicia ambiental que obliga a entregar toda la información que se solicite de un proyecto y garantizar la participación de todo interesado en el proceso, menos les gusta la posibilidad de ser demandados por cualquier persona y que los jueces puedan detener un macroproyecto en cualquier momento.
El Acuerdo de Escazú aún sin ratificar, reconoce como deber de los estados la protección de los defensores del medio ambiente en Latinoamérica, un trabajo altamente peligroso como lo siguen reflejando las cifras. Según nos informa Global Witness, una ONG británica en su más reciente reporte correspondiente a 2019, de los 212 defensores del ambiente y la tierra que fueron asesinados, 64 eran colombianos, una de cada 10 víctimas era mujer. Un deshonroso primer lugar en el mundo.
En el reporte realizado por esta ONG británica se sostiene que los peores abusos contra el ambiente son consecuencia de la explotación de los recursos naturales y la corrupción del sistema político y económico, como los defensores del ambiente luchan contra estos fenómenos son asesinados. La agroindustria, el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente.
Por todos estos elementos, defender el Acuerdo de Escazú y exigir al congreso su ratificación es una necesidad. Sería una potente herramienta para salvaguardar intereses regionales y nacionales relacionados con los recursos naturales que vienen siendo apropiados por unos pocos de manera irregular. Los defensores del ambiente se convierten en obstáculos para las empresas y personas que pretenden hacer un uso inadecuado de los territorios, por ello son amenazados, perseguidos y asesinados. Si este instrumento se ratifica sería un gesto claro del gobierno de comprometerse de verdad con la sociedad y el cuidado de la naturaleza.
La sociedad colombiana debe conocer el Acuerdo de Escazú, apropiarse de el y exigir su ratificación al congreso como una forma de prevenir el asesinato de líderes ambientalistas comprometidos con la defensa de la riqueza natural de sus territorios.