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Este artículo pretende realizar un análisis socio-jurídico sobre la situación de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y su derecho a la tierra, específicamente, en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se pretende demostrar que a pesar de existir un conjunto de normativas amplias y garantistas en favor de estas poblaciones, las instituciones del Estado encargadas de los temas de tierras no logran recoger en sus procedimientos de política pública la realidad sociológica de las familias desplazadas, y por consiguiente, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes quedan excluidos de los mecanismos de acceso al goce efectivo de sus derechos. Todo esto, porque en el Estado habita una noción de familia anacrónica y poco coincidente con la realidad campesina, modelo que supone a la familia como un grupo jerárquico en el que el hombre es el líder y las mujeres y sus hijos e hijas, una especie de auxiliares.
