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El autor del presente artículo, el número 132 de la Serie Diálogos, parte su reflexión desde la afirmación de que la descentralización y la administración territorial de los recursos naturales son aún temas pendientes en las agendas públicas de los países sudamericanos. Una aseveración difícil de cuestionar, pese a que en la región los procesos llevan más de dos décadas. Pero no se trata solo de descentralización como proceso administrativo, sino que el autor enfatiza la relación entre ésta con la conservación y los usos territoriales de los recursos naturales. De este modo, la reflexión se vuelve más acuciante, razón la cual el texto abunda en recomendaciones.
La descentralización y el ordenamiento de los recursos naturales siguen siendo temas pendientes en la mayoría de los países de América Latina. De hecho, son parte de un debate abierto, ya que se refieren a la forma de utilizar y conservar los recursos naturales, como parte de una mirada de redistribución del poder entre varios actores de todos los niveles administrativos y geográficos de los países. El marco de esta afirmación es que no podemos perder de vista que la descentralización es un proceso difícil y debe ser entendida como un medio o proceso, no como un fin en sí misma.
Las reflexiones que constituyen el meollo del presente artículo han sido estimuladas en parte por la lectura de dos documentos: La descentralización democrática de los recursos naturales, de Jesee C. Ribot, publicada por World Resources Intitute, el año 2002 y La descentralización y los desafíos para la gobernabilidad democrática, publicado por la OEA, Washington, año 2008.
Perfil de un proceso ideal
Un proceso descentralizador con foco en los recursos naturales debe responder a la satisfacción de las necesidades del desarrollo sostenible del territorio, para lo cual debemos resolver algunas interrogantes como: ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Para qué nos desarrollamos? y ¿Cómo lo construimos? En ese contexto, el principal desafío es tener una ciudadanía que se involucre en lo público y con capacidad de ejercer control social sobre las políticas públicas, lo cual permite acercarse a la construcción colectiva y representativa de una propuesta de desarrollo local sostenible y de la conservación de los recursos naturales.
La explotación desmedida y poco sostenible de los recursos naturales ha sido, hasta la actualidad, uno de los pilares económicos fundamentales del modelo de desarrollo neoliberal en Chile. Por ello es necesario y urgente establecer una solución al problema, que provenga desde la acción institucional y que promueva prácticas capaces de anticipar la degradación y desagregación del territorio.
Los territorios deben ser tratados con respeto y tomando en cuenta las diferencias naturales de cada área. Una mirada de estas características debe potenciar una descentralización natural del espacio, que conduzca a una gestión de modelos diferenciados de manejo ambiental, con objetivos de desarrollo endógenos, formas determinadas de relaciones entre lo privado y lo público y modalidades de participación de la comunidad vinculantes respecto a las decisiones a tomar.
En consecuencia, la temática ambiental debe ser tratada desde un enfoque descentralizador, desde el cual se gestionen y mejoren esquemas locales y particulares de un tipo de gestión pública que reconozca las especificidades ambientales, favoreciendo la participación y protagonismo de la ciudadanía en su desarrollo.
Ciudadanía e instituciones en juego
La trasferencia de competencias a los estamentos públicos del territorio es fundamental en un esquema que relacione intrínsecamente descentralización y protección de recursos naturales, porque permite reconocer las distintas potencialidades para la preservación y desarrollo de los recursos con los que cuenta cada territorio, por lo cual también es necesario contar con las condiciones propicias para que la población en general y los sujetos directamente involucrados en particular, depositen su confianza política en las instituciones y las/los operadores que deben enfrentar los desafíos y responsabilidades en el área.
Un primer elemento fundamental es la estimulación de la asociación entre sujetos de los ámbitos públicos y privados, mirada que debe ser orientada hacia la puesta en valor de los recurso naturales y la sistematización del conocimiento, de tal modo que haya la posibilidad de entregar propuestas productivas en proyectos prácticos y operativos con énfasis en el manejo sostenible del territorio.
Por otro lado, es imprescindible la mejora de la institucionalidad que atiende el sector y de los sistemas de calificación ambiental de las inversiones, asegurando mecanismos de control de nivel local que garanticen la sostenibilidad y respeto por las particularidades del territorio por parte de los diversos sujetos económicos involucrados.
En tercer lugar, se deben fomentar formas de arbitraje y relacionamiento en entornos frágiles, donde conviven sistemas productivos culturales tradicionales, el cuidado del medio ambiente y la explotación o conservación de los recursos naturales, promoviendo y estableciendo mecanismos de opinión, crítica y aportaciones en estas materias desde las organizaciones de la comunidad , con el concurso creciente de los medios de comunicación, de modo de potenciar a la ciudadanía para su participación eficaz en el área.
Complementariamente, no debe perderse de vista el establecimiento de “zonas de preservación especiales” que se correspondan con ecosistemas amenazados o de particular interés, en los que sólo se permitan actividades científicas y turismo altamente regulado.
En la perspectiva estructural de mediano y largo plazo se requiere instaurar un proyecto educativo de amplio espectro y de largo aliento, que esté destinado a crear una consciencia ecológica y ambiental entre las nuevas generaciones.
Finalmente, es necesario prever la realización de campañas, consultas o referendos informados sobre los temas más controversiales, estimulando la participación ciudadana protagónica, dotada de normas prácticas y una legislación adecuada, resguardando el respeto a las condiciones de representatividad propias del territorio.
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
