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En desarrollo rural, muchos temas esenciales, como el acceso al agua, suelen ser tratados de forma general, con diagnósticos y propuestas de políticas a través de datos estadísticos y técnicos. Se obtienen así documentos sesudos e importantes, pero la gente es invisible. En el presente artículo, el autor da vuelta al razonamiento y, poniendo a la gente en primer plano, nos cuenta la forma en que comunidades del pueblo Huarpe llevaron adelante un proceso acotado geográfica y temáticamente que logró reunir los esfuerzos de la población y las autoridades obteniendo resultados tangibles. Quien gana, es la gente.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, ratificando el hecho de que el acceso a estos dos servicios es esencial para la realización de todos los derechos humanos.
Esta Declaración situó en la agenda pública del Estado Argentino el mandato de abordar la problemática de falta de acceso al agua, tomando en cuenta que es más difícil el cumplimiento de esta tarea en zonas rurales alejadas de las principales obras e infraestructura destinadas a la provisión del líquido elemento.
Durante estos últimos años, salvo periodos de excepción, en la República Argentina se tomaron decisiones políticas que ocasionaron perjuicio para los pobladores del árido, pero que beneficiaron a grupos de poder. Así ocurrió, por ejemplo, con el caso de los diferimientos impositivos que permitieron ejecutar grandes tomas de agua para abastecer a los denominados mega emprendimientos agrícolas, afectando en muchos casos áreas de bosques nativos, que luego fueron abandonados para no dar cumplimiento a las correspondientes obligaciones fiscales.
Sin embargo, durante el mandato presidencial de Néstor Kirchner se implementaron una serie de acciones al respecto, que si bien no han resuelto todos los problemas inherentes a la falta de acceso al agua potable, lograron generar herramientas institucionales que abren un camino en esa dirección y se van profundizando con las gestiones y el apoyo de algunos organismos de cooperación.
Una experiencia para compartir
A continuación comparto una experiencia desarrollada en las zona áridas del país, donde la problemática de acceso al agua se vio agravada por los efectos del cambio climático y, en algunos casos, como consecuencia de las tareas de represamiento efectuadas en la parte superior de las cuencas, lo que impide la recarga de acuíferos y el curso normal de los ríos aguas abajo.
En la localidad del Encón, departamento 25 de Mayo, ubicado al sureste de la Provincia San Juan, cuatro comunidades del pueblo Huarpe y un grupo de “puesteros” protagonizaron acciones de incidencia y movilización, cuyos primeros resultados son el inicio de algunas soluciones.
El elemento unificador fue la falta de acceso al servicio de agua, carencia por la que las organizaciones locales de cuatro comunidades originarias y una de puesteros criollos lideraron el reclamo que generó las mejoras posteriores.
La zona donde se desarrolló esta experiencia se ubica en el árido rural del departamento 25 de Mayo entre las localidades de Punta del Agua y La Tranca, al sudeste de la provincia San Juan e involucra a 17 pequeñas localidades, siendo la más importante la comunidad El Encón, situada a 82 kilómetros de la cabecera departamental Villa Santa Rosa, que abarca una superficie aproximada de 220.000 has.
La cuenca del río San Juan es la principal fuente de recursos hídricos de la provincia del mismo nombre, está en el sector centro sud occidental traspasando el límite interprovincial y abarca un pequeño sector del norte de la vecina provincia de Mendoza.
Esta cuenca posee una superficie aproximada de 38.462 km2, lo que aproximadamente el 45 por ciento de la superficie de la provincia. El río San Juan es la principal fuente de la cuenca que fluye de oeste a este y nace por la confluencia del río Castaño, desde el norte y Los Patos, desde el sur e irriga la mayor superficie de hectáreas útiles, casi el 75 por ciento en el Valle del Tulún (área de influencia del Gran San Juan), 4.5% en el valle de Calingasta y 3.5 % en Ullún-Zonda. Al emplazarse en una zona montañosa, los recursos hídricos subterráneos del territorio producen la carga de los acuíferos en su mayoría en las zonas de los valles, formando cuencas de agua subterránea.
Por otro lado, el río Huaco en el departamento Jáchal y el río Valle Fértil, en el departamento que lleva el mismo nombre, también son de gran importancia para la población del sector. La provincia también cuenta con varios arroyos que son cursos de montaña de fuerte pendiente. Entre los más importantes están los arroyos Agua Negra, Agua Blanca, Iglesia, Ojos de Agua, Las Hornillas y el arroyo Los Tapones, entre otros.
Población, demandas y organizaciones
La población del departamento 25 de Mayo está concentrada en poblados heterogéneamente dispersos en el secano, es decir en puestos cuya distancia promedio entre sí es de 10 kilómetros aproximadamente, equivalentes a unas tres horas de caminata si las condiciones climáticas y los accidentes del terreno lo permiten, ya que en la zona abundan guadales, médanos y montes, donde vive la mayoría de la población. Por tanto, la dificultad de acceso por las vías del sector, la falta de transporte público y el mal estado de los caminos agravan la situación de los pobladores.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con base en el Censo 2012, el departamento de 25 de Mayo tiene una población de 17.224 personas y en la zona del Encón la población asciende a 455 habitantes, entre criollos y comunidades de pueblos originarios, de los cuales el 52% son mujeres y el 48% varones. En su mayoría son agricultores familiares con escaso o ningún nivel de manejo de capital, dedicados a la crianza de ganado caprino y a la producción artesanal como sus principales actividades económicas.
Las organizaciones involucradas de forma activa en la experiencia fueron la Comunidad Huarpe de Salvador Talquenca, Comunidades Huarpe de Clara Rosa Guaquinchay, Comunidad Sawa Comunidad Inkanta y la Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo. Posteriormente se incorporó la Unión Vecinal de Fomento del Encón, producto de una decisión consensuada de los pobladores. Cada una de las organizaciones participó en la toma de decisiones sobre los pasos a seguir en la tarea de lograr soluciones para resolver la falta de agua.
La única fuente de agua disponible para la red actual es un pozo profundo con un canal de 32 kilómetros de longitud, que beneficia a 20 Puestos. Se estima que 40% de los Puestos se provee de agua proveniente de otras zonas y que 25% de los puesteros recibe agua de la Municipalidad mediante el alquiler de un camión bomba (el agua se almacena en piletas) y el 17% restante la obtienen de pozos balde. El 87% de las familias (104) no tiene electricidad, sobre todo las que se encuentran en zonas aisladas y de difícil acceso y las que están ubicadas al sur de la localidad de Encón.
Durante el proceso se realizaron cuatro etapas: La exteriorización del problema conocido, pero muchas veces silenciado, lo que sirvió para que las organizaciones integraran esfuerzos en sus reclamos; la denuncia ante los organismos públicos, en especial ante la Defensoría del Pueblo; la participación activa en la elaboración de proyectos formulados por técnicos y funcionarios del Estado Nacional y de la provincia de San Juan, y la elaboración de reglamentos internos de funcionamiento.
La respuesta
Las organizaciones locales radicaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Juan y este organismo convocó a funcionarios nacionales, provinciales y municipales para propiciar el análisis de posibles soluciones.
Las organizaciones, con asistencia de profesionales del Ministerio de Agricultura elaboraron un proyecto para la adquisición de maquinarias, herramientas y un camión, para proveer el agua potable a los puesteros de la zona, reacondicionar las represas actuales y construir nuevas que permitan acumular el agua de lluvia, realizar perforaciones que sustituyan los pozos balde y asegurar la provisión de agua para consumo del ganado del sector. Las adquisiciones se hicieron con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social.
Actualmente las organizaciones, con asistencia técnica de los ministerios involucrados, administran el dinero de la cuenta y deciden qué nuevos insumos y equipos se comprarán así como el funcionamiento y la administración del sistema, que fue nuevamente ampliado y reforzado con la compra de una perforadora con capacidad de alcance de 250 metros, además de un camión y una bomba eléctrica.
Para la administración del sistema las mismas organizaciones generaron dos comisiones, una administrativa y otra de ejecución. Además, se logró el compromiso del gobierno nacional para pagar el sueldo a un técnico asistente que coadyuve en esa área y uno para el asesoramiento en la plantación de forrajes en la zona. Ambos funcionarios fueron designados por los caciques de las comunidades y los representantes de las otras organizaciones locales.
Camino a la autogestión
A pesar de que estas acciones constituyen sólo una parte de la solución de los problemas que confronta la población de la zona, es posible afirmar que, por primera vez y gracias a su accionar conjunto, las organizaciones locales lograron una respuesta a sus demandas de parte del Estado, luego de tantos años en que ellos y sus padecimientos fueron invisibles.
Lo más importante a resaltar es el grado de empoderamiento alcanzado por los campesinos y originarios como fruto de estas gestiones. Ahora es posible visualizar un cambio en el camino recorrido, utilizando herramientas institucionales gestadas en la última década en Argentina, lo que marca una clara diferencia con décadas pasadas, con gobiernos alineados con las políticas de exclusión impuestas por el liberalismo económico, cuando se precarizó a los pobladores rurales. Una experiencia que debe ser imitada.
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
