Líderes y lideresas de Ucayali, Huánuco y Junín viajaron hasta Lima para exigir al gobierno de turno protección a sus defensores ambientales que vienen siendo amenazados por varios años, y durante pandemia por personas dedicadas a economías ilegales, como narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras entre otros. 

La iniciativa, que deberá superar otros siete debates en el Congreso, reconoce también la territorialidad campesina y su inclusión en la toma de decisiones sobre sus territorios y el desarrollo del Estado.

La Comisión Primera del Senado aprobó este miércoles en primer debate un proyecto de acto legislativo, es decir, que implica modificar la Constitución, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, y reivindica el derecho a la tierra y la territorialidad campesina.

Uno de los temas más debatidos en el recién concluido Congreso de la Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Marsella fue el de designar 30 por ciento de la superficie terrestre y acuática del planeta como áreas protegidas para 2030, en un esquema que sectores activistas señalan como parte de un modelo colonialista.

Avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero lentitud en la entrega de los 3 millones de hectáreas que se deben adjudicar a campesinos, según el acuerdo de paz, encontró la procuradora General, Margarita Cabello, quien presentó ante el presidente Iván Duque, el tercer informe sobre el Avance de la implementación del acuerdo de paz, a pocos días de cumplirse cinco años de su firma.