Autor : Michelle Carrere y Vanessa Romo / Mongabay Latinoamérica
Mongabay Latam rastreó en Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de Colombia, México, Ecuador y Perú los casos de defensores ambientales que enfrentan hoy procesos judiciales y construyó una base de datos para dibujar el rostro de esta criminalización.
Wbeimar Cetina recuerda con una claridad estremecedora los catorce meses en la Cárcel de Arauca, en Colombia, aislado y sin poder recibir visitas por la pandemia. Entre esas cuatro paredes recreaba los últimos momentos vividos con su familia. También volvía una y otra vez sobre los eventos del 10 de febrero de 2020, el día en que un grupo de policías armados con fusiles llamaron a la puerta de su casa para llevárselo preso. Lo acusaron de financiar y ser parte de la guerrilla colombiana. Cetina dice que quien protesta contra la empresa petrolera en Arauca, se convierte de inmediato en un aliado de la subversión.
Siete meses antes, en su Arauca natal, Wbeimar Cetina lideró una gran marcha, como presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, contra lo que ellos consideran abusos ambientales y laborales de la empresa petrolera Occidental de Colombia (Oxy), la que opera en la zona desde la década de 1970. “En este tiempo han acabado con un santuario indígena, han desplazado comuneros y hemos denunciado constantemente derrames de crudo”, dice el líder comunal. La última de estas protestas, la de julio 2019, lo llevó a prisión.
Junto con Wbeimar Cetina, otros seis líderes de Arauca están siendo procesados por rebelión y hasta terrorismo por esa misma protesta y cuatro de ellos están en prisión. Esto le costó al dirigente comunal no solo catorce meses de privación de libertad sino también la ruptura del vínculo familiar. Por eso repite que la cárcel le arrebató hasta su hogar. Ahora espera con temor el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la apelación presentada por la contraparte, pues sabe que su libertad depende de esa decisión.
Lo que ocurrió con Wbeimar Cetina no es un caso aislado. América Latina es un lugar peligroso para los defensores ambientales no solo porque los matan, sino también porque los demandan o criminalizan. Según Front Line Defenders, este es el tercer ataque más recurrente cuando se habla de las amenazas contra líderes y lideresas de la región. La información que da cuenta de este problema, sin embargo, se encuentra muy dispersa. Laura Furones, líder de campaña de Global Witness, reconoce que harían falta muchos más recursos para poder identificar y sistematizar los casos en cada uno de los países de Latinoamérica. Un tema adicional —dijo a Mongabay Latam, Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU)— es el subregistro de actos de criminalización de quienes defienden el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional”.
Mongabay Latam rastreó en Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de Colombia, México, Ecuador y Perú los casos de defensores ambientales que enfrentan hoy procesos judiciales y construyó una base de datos para dibujar el rostro de esta criminalización.
Lo que dicen los datos
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la criminalización de defensores ambientales ocurre precisamente cuando “el sistema penal de justicia es manipulado” para impedir que estos realicen su labor de defensa de los territorios y del medio ambiente.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Perú (IDL), añade que en estos casos hay dos elementos que deben estar presentes: que la persona denunciada tenga una relación directa con el reclamo o protesta y que los hechos imputados a la persona sean por la defensa de los intereses de una comunidad. “Esto ayuda en un porcentaje importante —explica Rivera— a identificar un acto de represión por la condición de dirigente, por haber levantado su voz de protesta o haber expuesto públicamente los intereses de algún grupo económico contrarios a su comunidad”.
Siguiendo los criterios de la CIDH y de IDL, Mongabay Latam revisó los listados de casos detectados por más de una decena de organizaciones de derechos humanos en Colombia, Perú, Ecuador y México. Luego de filtrar la información y de corroborarla identificamos que por lo menos 156 defensores ambientales tienen procesos judiciales activos en estos cuatro países por ejercer su labor como activistas.
La investigación reveló que en Perú existen 77 casos activos, 36 en Colombia, 22 en México y 21 en Ecuador. Del total de defensores judicializados, 132 son hombres y 24 son mujeres, y 37 de ellos son pobladores indígenas de la Amazonía de Perú y Ecuador.
La situación es tan agobiante y peligrosa en algunos casos, que 13 de los demandados han solicitado mantener en reserva sus nombres por miedo a las represalias y la estigmatización que viven por ser víctimas de esta criminalización.
También identificamos que los sectores más problemáticos que derivan en conflictos ambientales con casos de criminalización asociados, son la minería y la agroindustria, con 58 y 34 personas respectivamente que tienen procesos penales activos. Los delitos más frecuentes por los que se les acusa son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje.
“La criminalización de los defensores del medio ambiente en América Latina ha sido un problema desde que he trabajado con defensores de derechos humanos”, aseguró Lawlor y agregó que “desde que comencé con el mandato, defensores y la sociedad civil me han señalado repetidamente estos casos”.
Minería: el sector que más demanda a los defensores
En la casa de Virginia Pinares, en Cotabambas, sierra de Perú, se vive en constante tensión desde hace seis años. Ese es el tiempo que ha pasado tras la protesta que encabezó junto a otros dirigentes contra la mina de cobre Las Bambas, una de las más grandes del mundo. Seis años en los que los pobladores de las comunidades aledañas al proyecto han exigido se detenga el daño ambiental al que aseguran están expuestos por el paso constante de camiones que cruzan sus tierras cargados de residuos y minerales. También es el tiempo que lleva Pinares recorriendo un largo camino cada mes para firmar ante un juzgado un documento que certifique que sigue viviendo en el mismo domicilio, una de las reglas de conducta que demanda el juez mientras dure el proceso. Seis años en que no han cesado las denuncias que se abren en su contra y se cierran por falta de fundamentos.
“¿Qué has ganado con todo esto?”, cuenta que le dice siempre su hija de 13 años. Pinares la escucha, pero resiste en la defensa del territorio, aunque ya no desde un puesto dirigencial.
“Esto es lo que causan las judicializaciones”, dice David Velazco, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). Desde la judicialización a más de 21 dirigentes por la protesta realizada en septiembre de 2015 contra Las Bambas, nadie quiere ser dirigente por miedo a represalias.
MMG Las Bambas, subsidiaria de la china MMG Limited y la contraparte en este conflicto, no respondió hasta el cierre de este reportaje a las preguntas enviadas por Mongabay Latam.
El escenario peruano es particular, no solo porque es el país donde se encuentra la mayoría de defensores judicializados, 77 personas, sino porque más de la mitad de ellos, 44 para ser precisos, enfrentan demandas relacionadas a conflictos con proyectos mineros.
El caso de Virginia Pinares es uno de los más emblemáticos por la cantidad de procesados que tiene. De los 21 defensores con los que inició el caso, quedan 18 dirigentes con procesos activos que desde el 2015 tienen que enfrentar cargos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir.
Pero también otros 11 defensores están acusados de extorsión, disturbios y violencia contra la autoridad tras protestar en 2012 en contra del proyecto Conga de la Minera Yanacocha S.A. Según dicen los defensores, sus fuentes de agua más importante desaparecieron como fue el caso de la laguna Yanacocha. Además, otras cinco personas enfrentan cargos tras ser acusados de entorpecer el funcionamiento de servicios públicos durante las manifestaciones de 2011 en contra de las actividades de la minera canadiense Bear Creek Mining Corporation. El temor de los comuneros era que el proyecto Santa Ana, el cual iba a ser desarrollado por esa compañía, contaminara el agua con el que desarrollaban sus proyectos agrícolas.
A esta lista se suman 10 indígenas awajún que han sido demandados por mineros ilegales en el Cenepa, en la selva norte peruana. El único nombre que se puede mencionar es el de Agoustina Mayán, por su liderazgo público. El acoso constante de los mineros ilegales a los indígenas awajún los obliga a tener un perfil bajo al resto de dirigentes y mantenerse en el anonimato.
En Ecuador, 14 personas, todos indígenas shuar, enfrentan procesos penales por defender la tierra y el agua de las operaciones de dos empresas mineras: Ecuacorriente S.A (ECSA) y Explorcobres S.A, ambas pertenecientes al consorcio chino CRCC-Tongguan.
La mitad de los conflictos mineros que han dejado a su paso defensores criminalizados han ocurrido en la Amazonía y todas esas víctimas, 31 en total, son indígenas. Según, Lawlor “en muchos países han sido los indígenas, los afrodescendientes y los defensores de zonas remotas los que han sido atacados con mayor frecuencia”.
Publicado por : Animal Politico