Autor : Ángela María Agudelo Urrego
En Santiago Pérez, un corregimiento de Ataco, la gente aún no sabe dónde llorar a sus muertos, pues el cementerio es solo una ilusión. Eso cuenta Marco Gutiérrez, representante de la Mesa de Víctimas municipal. Tampoco hay buenas vías para ir de una vereda a otra, ni seguridad para que la plaza local pueda comercializar productos con el municipio y la región.
A 32 kilómetros al sur, en la vereda Los Andes, las problemáticas cambian pero el panorama es igual de desolador. Juan Carlos Ramírez, profesor y campesino de Planadas, recuerda que al inicio de los PDET insistió la importancia de fortalecer la educación, que también es una base para la paz. Hoy cuenta que fue uno de los 5.000 maestros que despidieron luego de realizar el Concurso Especial para docentes, una iniciativa enfocada en las zonas afectadas por el conflicto. “Luego de la firma del Acuerdo, nuestro territorio empezó a soñar y a tener esperanzas —recuerda Juan Carlos—. Ahí aparecieron los PDET, en los que creímos, o bueno, todavía tenemos esperanzas de que nuestros problemas si bien no se solucionan, al menos se minimicen”.
Marco, Juan Carlos y otros representantes de Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco se reunieron con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para traer el cambio que tanto quieren a sus comunidades. Participaron como delegados ante la ART en la planeación y ejecución de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. La infraestructura, la educación, la salud pública y la seguridad fueron unas de las prioridades que identificaron con la ayuda de campesinos, mujeres, jóvenes y otros actores regionales.
Ahora pareciera que el proceso que ya habían hecho se repitiera, pero a puertas cerradas. La ART y la Consejería para la Estabilización instauraron la Hoja de Ruta, una herramienta para ordenar, planear y priorizar qué iniciativas en el municipio y la región deben convertirse en proyectos. Su ejecución está planeada para 15 años. Sin embargo, entre los tecnicismos, los procesos y el paso de los años, el ejercicio ha sido complicado para las comunidades. Alegan que las instituciones solo los llaman o los tienen en cuenta para aprobar lo que ellos definen, sin saber qué pasa en los cuatro municipios.
Ante las dificultades y la falta de aliados, la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, CODHES, y sus equipos regionales lideran una iniciativa pedagógica para capacitar a la población sobre el paso a paso de los PDET, la Hoja de Ruta y cómo pueden alzar su voz para reivindicar sus derechos.
Como componente técnico, CODHES se encarga de explicar y traducir aquellos elementos o procesos que suelen ser complicados o difíciles de entender. Aparte de la definición, explican que la Hoja de Ruta tiene varios componentes: los escenarios meta, para estipular las instancias que se deben cumplir en los 15 años de ejecución; las potencialidades, donde se identifican las zonas con mejores condiciones para así intervenir y transformar el territorio, el multicriterio, para ordenar las iniciativas de acuerdo con su relevancia estratégica y su impacto en el desarrollo de la subregión, y las trayectorias, en las que se establecen los pasos para cumplir cada propuesta así como sus responsables, tiempos y compromisos. Además, también se determinan las fuentes de financiación correspondientes.
El mes pasado realizaron dos sesiones en la subregión del sur del Tolima: Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas. En la primera, explicaron qué es la Hoja de Ruta y realizaron ejercicios prácticos para caracterizar los territorios, y definir qué se va a priorizar en el documento. El segundo encuentro estuvo orientado a terminar el ejercicio y propuso una nueva tarea: con lista en mano, los participantes leyeron las iniciativas que priorizaron la ART y la Consejería y luego, propusieron un nuevo orden de acuerdo con las necesidades actuales. Por ejemplo, priorizaron la adecuación de los centros de salud por la pandemia, el mejoramiento de la conectividad y el Internet y el fortalecimiento de los proyectos productivos a nivel regional. Asimismo, la jornada pedagógica funcionó para brindarles más facilidades y experticia necesaria para interactuar con la institucionalidad.
CODHES replica esta estrategia pedagógica en las subregiones de Montes de María, de la Sierra Nevada-Perijá y en el Pacífico Medio, con Buenaventura. Ahora inician la implementación en Cauca, el sur de Nariño y en Chocó, específicamente en Quibdó y Bojayá. Aparte, trabajan con los grupos motores para velar por el cumplimiento del decreto 893 de 2017, el cual estipula la creación de los PDET. En uno de sus puntos, el decreto cita:
Según prevé el punto 1.2.4 del Acuerdo Final, los PDET tienen una vocación participativa, en la que concurren las comunidades, las autoridades de las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. Para ello, se establecerán instancias en los distintos niveles territoriales con el fin de garantizar la participación ciudadana y el acompañamiento de los órganos de control en el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades competentes.
El decreto también incluye los enfoque de género, étnico y de reparación, por lo que CODHES trabaja con víctimas directas del conflicto, mujeres, jóvenes, campesinos, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos afro e indígenas, específicamente de los pueblos nasa y pijao. Esta labor articulada responde a otra de las apuestas de la Consultoría: la reparación integral y colectiva de las víctimas.
El sur del Tolima fue una de las regiones más afectadas por el conflicto armado: sirvió como corredor para los grupos armados ilegales y fue testigo de disputas entre la guerrilla y los paramilitares, de despojo de tierras, de desplazamiento y reclutamiento forzado y de otras problemáticas. Con el Acuerdo de Paz, llegó un halo de esperanza para la región; aunque el surgimiento de las disidencias y el regreso del conflicto nubló las expectativas de la comunidad. Por ejemplo, en 2019, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que incluyó 28 puntos para los cuatro municipios de la región. “No queremos seguir viviendo como víctimas, por eso le apostamos al proceso de paz. Queremos que nos tengan en cuenta, que no solo sea nuestro nombre en un papel. Vivimos inseguridad y soledad, no estamos siendo escuchados”, dice Nelly Cuadros, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Marina, en Chaparral.
El proceso de la Hoja de Ruta incluye la participación de representantes del Grupo Motor, delegados étnicos (en el caso de Tolima contaron con la participación de población afro e indígenas nasa y pijaos) y otros actores del lugar. Los últimos, según los campesinos, pueden ser los alcaldes, los comerciantes, la cooperación internacional y las asociaciones cafeteras. Sin embargo, reconocen con desazón y tristeza que su ánimo de participar ha disminuido: “Nos sentimos desmotivados porque no nos dan a conocer nada. Por ejemplo, antes de la pandemia se realizó la ampliación de uno de los colegios pero no supimos nada en ese momento —dice Antonio Jiménez, habitante del corregimiento de Herrera, en Rioblanco—. Nosotros somos la representación de las comunidades, no queremos nada individual. Queremos estar enterados de los avances”.
“Aparecen aliados como CODHES que nos tienden la mano, nos organizan o nos capacitan. Aunque, algunos amigos manifiestan que parecemos carros viejos porque pasamos de taller en taller —dice Juan Carlos entre risas—. El objetivo con este apoyo es fortalecer una veeduría ciudadana que realmente sea representativa”.
Además del componente pedagógico, CODHES realiza acompañamiento y asesoría jurídica a los campesinos y representantes. El pasado 10 de febrero, enviaron tres derechos de petición a la ART (cada uno correspondía a un municipio de la subregión, excepto por Rioblanco) en el que solicitaron un informe detallado sobre el avance y el desarrollo de los PDET en la zona, las iniciativas priorizadas, los proyectos aprobados y las fuentes de financiación. Entre las respuestas, encontraron algunas de las iniciativas señaladas por los campesinos al inicio de los planes y que, incluso, algunas de ellas pudieron cambiar “con la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria”. Los campesinos creen que repetir lo de la Hoja de Ruta ralentiza la realización de las iniciativas y añadirle cierta dificultad al proceso, pues en el sur de Tolima ya habían escogido qué priorizar.
Otra preocupación es el avance de los PDET. De acuerdo con cifras de la ART, durante el 2020 se terminaron 406 obras (en 83 municipios de 18 departamentos) y han invertido $5.1 billones en los 170 priorizados. De ellos, el único municipio del sur de Tolima que registra nuevas obras es Planadas. Por otro lado, para dicha subregión y con corte a diciembre de 2020, hay 1.168 iniciativas y 338 de ellas con componente étnico; se han estructurado 25 proyectos, de los cuales 15 son de infraestructura rural y 10 de reactivación económica, productiva y ambiental; se ejecutan cinco proyectos a través del mecanismo de Obras por Impuestos; se han estructurado 76 proyectos con fuentes de recursos externas, entre otros avances.
“(Con las ejecución de los PDET) Fue la primera vez que el Gobierno buscó información o construir un proceso de cambio, basado en las necesidades de la población desde la misma población —cuenta Cristóbal Quevedo, integrante del Grupo Motor de Ataco—. Se supone que es algo participativo en lo cual nosotros éramos los protagonistas y esperábamos hacer el seguimiento adecuado para que lo creado con los PDET lleguen a feliz término”.
Hasta el momento, las tres subregiones que han validado la Hoja de Ruta son el Sur de Córdoba, el Sur de Bolívar y Catatumbo. Esperan que en el 2021 se pueda llevar a cabo la formalización de las trece subregiones restantes, entre las que se encuentra el sur de Tolima, que apenas está en la etapa preliminar. Este año, la ART espera lograr el cumplimiento de 11.480 iniciativas, que equivale al 35% de las propuestas al inicio; poner en marcha 400 proyectos, fortalecer a 95 organizaciones comunitarias, y contratar 80 nuevos proyectos de infraestructura.
De acuerdo con las declaraciones de Juan Carlos Zambrano, director general de la Agencia, que habló en la más reciente rendición de cuentas, otro de los objetivos principales es consolidar la confianza de la comunidad hacia la implementación de los planes. Representantes y delegados coinciden en que, a pesar de la desazón y de la indiferencia, no hay excusas, pues aún tienen motivaciones suficientes para seguir luchando por la transformación de sus territorios. Su único requisito es un proceo incluyente que garantice su participación y que las instituciones estén dispuestas a escucharlos y a tomar sus peticiones. A fin de cuentas, aseguran, ellos son los que día a día enfrentan las dificultades y problemáticas en los municipios. “¿Quién más si no nosotros? —pregunta Juan Carlos—. Si usted no conoce su territorio, difícilmente podrá apostarle a algo”.
Publicado por : SEMANA RURAL