El secretario de Desarrollo Urbano se negó a firmar el protocolo para la consulta en el lugar elegido por los pueblos, argumentando que sería tomado como una “agresión” para las inmobiliarias.

 

Julio Sandoval

 

En 2018, el gobierno de San Andrés Cholula, encabezado por Leoncio Paisano Arias, aprobó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS) con el cual, a través de diversas adaptaciones al territorio –de avenidas, principalmente– se buscaba continuar con el mismo ritmo de urbanización de las últimas décadas.

Un año después, tras las protestas de las comunidades en contra del programa, la nueva administración, encabezada por la presidenta municipal Karina Pérez Popoca, accedió -en una primera vez histórica- a la demanda de los pueblos para la modificación del programa a través de una consulta indígena. 

Pese a que durante enero se completó la fase inicial en la que se aprobó el protocolo para realizar la consulta, el proceso está en pausa indefinidamente a causa de una negativa del secretario de Desarrollo Urbano del municipio para firmarlo. 

El lunes 17 de febrero fue la fecha acordada para que los representantes de los pueblos originarios y las autoridades municipales oficializaran el documento; sin embargo, Moisés Coyotl Cuaya, secretario de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula, se negó a firmarlo, alegando que haber elegido al cerro Cacalotepec para la firma podría considerarse como una “agresión” para los grupos inmobiliarios. Tras lo anterior, las comunidades decidieron suspender el proceso hasta que se tuviera un diálogo con el gobierno municipal.

La elección del cerro Cacalotepec para realizar la firma del protocolo responde a que las comunidades lo consideran un lugar simbólico en la defensa de su territorio. Este lugar ha sido asediado e incluso intervenido por un grupo inmobiliario desde hace años, dijo a LADO B el activista e integrante de Cholultecas Unidos en Resistencia (CHUR), Teódulo Cuaya Teutle.

El mismo día, la CHUR envío al ayuntamiento un escrito en el que pedía que las autoridades municipales respetaran la autonomía de los pueblos y  su decisión de realizar la firma del protocolo en el Cerro Cacalotepec. Además, invitaron al gobierno municipal a dialogar sobre el asunto para que se retome la consulta.

Coyotl Cuaya, aseguró en una primera entrevista para LADO B, días antes de dar su negativa, que la dependencia buscaría que los programas se construyan de acuerdo con las necesidades de las comunidades, y que atenderían la petición popular de que se dé un desarrollo urbano natural; es decir, que los habitantes determinen cómo se urbaniza su territorio según sus necesidades de vivienda, de salud, de educación o de trabajo.

Sin embargo, LADO B buscó una segunda entrevista con Coyotl Cuaya para preguntarle su postura respecto a la pausa en el proceso, y hasta el momento, ni para la CHUR ni para este medio ha habido una respuesta.

El acelerado desarrollo urbano de San Andrés

En San Andrés Cholula hay dos versiones de un mismo territorio.

Al transitar por la vía Atlixcáyotl se puede observar una versión; la que se comenzó a gestar hace casi 30 años: la de los empresarios y de los grupos inmobiliarios. Se ven hospitales, universidades privadas, edificios altos y zonas residenciales de lujo.

Detrás de estos espacios lujosos se encuentra otra versión; la de las consecuencias del desarrollo urbano desmedido, la de las comunidades originarias que durante las últimas décadas han sufrido y resistido marginación, discriminación, inseguridad y contaminación.

En la década de los 90, el gobierno del estado realizó una serie de movimientos que promovieron el desarrollo urbano actual. Así, mediante el Plan de Desarrollo Regional Angelópolis, el entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz buscó un reordenamiento territorial que permitiera que la metrópoli poblana creciera.

El plan incluía la construcción del Anillo periférico ecológico y la declaratoria de la Reserva territorial Atlixcáyotl, por medio de la cual se expropiaron más de mil 081 hectáreas de ejidos en San Andrés Cholula, con el argumento de que eran de utilidad pública y beneficio social.

En años posteriores se hicieron modificaciones al plan para incentivar a la iniciativa privada a construir centros comerciales y viviendas, a través de facilidades fiscales y administrativas, así como de la modificación de vialidades.

Con los nuevos centros comerciales y centros habitacionales en la zona, la plusvalía de los predios aumentó y las condiciones de vida y laborales de las comunidades originarias de San Andrés Cholula se vieron afectadas.

Representantes de las comunidades mencionaron a LADO B que el desarrollo inmobiliario en la zona ha empobrecido sus condiciones de vida, ha aumentado la inseguridad y la contaminación, e incluso ha provocado que algunas familias tengan que abandonar sus casas y desplazarse a otro lugar por no poder pagar los altos impuestos.

“Luego de que se instalaron los complejos habitacionales vimos cómo iba desapareciendo nuestro entorno, nuestra vida cotidiana. Pasamos de ser los dueños de la tierra, de ser una comunidad agrícola-ganadera, a una que se dedica a los servicios. Vimos cómo los nuevos habitantes no respetaban nuestras tradiciones y nos discriminaban, e incluso el aumento en los impuestos obligó a familias a que se desplazaran a otro lugar por no poder pagar”, manifestó Roberto Formacio, activista y habitante de la cabecera municipal de San Andrés.

Roberto señaló que en su caso, de un momento a otro, el impuesto predial pasó de 300 a mil pesos; incluso dijo que conoce casos en los que pasó de 500 o 600 hasta 11 mil pesos.

“Nos venden esta idea de que con este desarrollo urbano nos civilizamos. Yo pienso que como pueblos nos vamos quedando rezagados y olvidados. Nos van quitando nuestras tierras, nos van quitando nuestras riquezas naturales, nos van quitando todo en general”, expresó el presidente auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, Esteban Elías Coatl.

Tlaxcalancingo es la zona más afectada por la acelerada urbanización en el municipio; la mayoría del territorio expropiado en los años 90 para la Reserva territorial Atlixcáyotl pertenecía a esta localidad.

Desde varios puntos de la comunidad se pueden observar diversas torres, como las JV o la Adamant, edificios considerados entre los más altos de Puebla que publicitan sus espacios exponiendo sus “vistas exclusivas” y su tecnología. A decenas de metros de ellas, con dirección hacia el centro de Tlaxcalancingo, se encuentra algo menos exclusivo y más caótico: la invasión inmobiliaria en proceso.

En esa zona, unos terrenos en los que se cultivan nopales contrastan con los lujosos fraccionamientos –ya habitados o en construcción– de lado a lado, o de frente.

Asimismo, en la calle San Juan, que conecta con Camino Real a Santa Clara —vialidad que pasa por debajo del periférico ecológico—, se pueden observar algunas zanjas que solían llevar agua de un arroyo hacia los cultivos, un agua limpia en la que, cuentan los pobladores, incluso nadaban peces. Hoy están llenas de escombros, basura y aguas negras.

El Programa aprobado por Leoncio Paisano

Días antes de que terminara la administración municipal de Leoncio Paisano Arias, el 4 de octubre de 2018, el gobierno de San Andrés Cholula aprobó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS) que, en teoría, buscaba ordenar la urbanización en cuanto a construcciones y vialidades.

El PMDUS se elaboró y se aprobó sin consultar a las comunidades originarias del municipio, a pesar de que diversas leyes, entre las que se incluye la Constitución Mexicana con su artículo segundo, establecen que para la elaboración de un plan de desarrollo de cualquier orden de gobierno, las comunidades deben ser consultadas.

Para el grupo Cholultecas Unidos en Resistencia (CHUR), organización formada por los pueblos originarios de San Andrés a raíz de las protestas, el programa representaba un peligro para su identidad cultural y la preservación de su territorio.

En este se establecían adaptaciones al territorio, como la construcción de nuevas vialidades o la expansión de algunas ya existentes hasta los 40 metros de ancho, con las que se pretendía hacer más sencillo el tránsito desde más puntos del municipio hacia grandes avenidas, como la Vía Atlixcáyotl. Esto con el fin de favorecer el crecimiento inmobiliario en la zona, explicó Teódulo Cuaya Teutle.

Las comunidades plantearon desde el principio, mencionó Cuaya Teutle, que no querían una consulta ciudadana como las que ha realizado el gobierno federal en otras ocasiones, en la que solo se aprueba o rechaza un proyecto y en la que no se cuenta con suficiente información del mismo.

En cambio, pidieron al gobierno municipal que se modificara el PMDUS a través de una consulta indígena, y en septiembre del 2019, el Ayuntamiento accedió.

Posteriormente, en octubre, se informó a los comités de cada comunidad –formados para dar seguimiento al tema– que en la consulta se podrían proponer y acordar las acciones incluidas tanto en el PMDUS como en el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial (PMOET), que regula el uso del suelo, y el Programa Municipal de Movilidad (PMM), donde se definen las vialidades requeridas en el lugar, según las necesidades de movilidad y transporte de la población. 

La consulta y sus etapas

La consulta indígena es un proceso por el cual se toman decisiones en los pueblos y comunidades originarias a través de usos y costumbres. Los gobiernos de cualquier nivel están obligados a consultar a las comunidades originarias antes de la elaboración o aprobación de cualquier plan de desarrollo o de cualquier acción que pueda afectarles.

En el caso de San Andrés, a través de la consulta las comunidades buscarán la regularización de la tierra, en términos físicos y legales; el cuidado de los recursos naturales de la zona; una urbanización regulada y la preservación de su identidad cultural.

La consulta, hasta antes de la pausa determinada por las comunidades, se encontraba en la fase de información sobre los diferentes programas y sus posibles afectaciones.

Posteriormente, el proceso continúa la fase deliberativa en la que se determina la viabilidad de las propuestas; la fase consultiva, cuando se consultan y formalizan los acuerdos derivados de la fase anterior y, finalmente, la fase de seguimiento, en la que se evalúan los acuerdos establecidos en la consulta.

Este tipo de procesos suele ser largo y no hay una fecha prevista para llegar a la etapa consultiva.