El dirgiente campesino Diego Montón analizó los cambios en el Ministerio de Agroindustria. El final de las políticas destinadas a la agricultura familiar.

APU: Se denuncia un desmantelamiento progresivo del área de Agricultura Familiar. ¿Qué información tiene al respecto?

Diego Montón: Efectivamente, se han suspendido las políticas para el sector y se avanza con un desmantelamiento de las instituciones que tanta lucha nos costaron a las organizaciones campesinas indígenas y de la agricultura familiar.

Eliminaron la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, que era la que garantizaba el diálogo con las organizaciones y la participación del sector en el diseño y ejecución de políticas agrarias. Se eliminó la delegación del AMBA que venía trabajando con cientos de campesinos del cordón hortícola de Buenos Aires. Se empezaron a cambiar delegados en las provincias, poniendo personas que no están para nada vinculados al tema agrario. Por ejemplo, en Santiago del Estero, designaron a un martillero público del PRO. Se trata de una provincia con antecedentes de campesinos asesinados por la lucha por la tierra. En Neuquén designaron a un ex administrador de playas de estacionamiento.

Por su parte, en Jujuy despidieron a 23 trabajadores, muchos de los cuales tienen más de 10 años trabajando.

Además se dio toda una operación mediática, desde Clarín y La Nación, e incluso la web del Ministerio, llena de informaciones falsas tendientes a deslegitimar el rol de la Secretaria de Agricultura Familiar.

APU: ¿Qué podría contar sobre lo que ha sido la actidad del área todo este tiempo?

DM: La SAF estaba subdimensionada, le faltaban técnicos y vehículos, pues tiene la misión de cubrir todo el territorio nacional, en zonas donde no se puede llegar sin buenas camionetas, con malos caminos. Incluso no llegamos a lograr que esta secretaria cuente con el presupuesto suficiente. Por lo tanto, lo que dicen carece de sentido y solo puede sostenerse por la impunidad que otorgan los medios monopólicos de comunicaciones.

En estos últimos años, se logró que la voz del sector llegue a un ministerio que estaba copado por la Mesa de Enlace y las corporaciones transnacionales. Se avanzó en la creación del Consejo de la Agricultura Familiar con la participación de prácticamente todas las organizaciones más allá de su identidad política, incluso se sumó Federación Agraria.

APU: Se sancionó en este tiempo la ley de Agricultura Familiar.

DM: Con ella se suspendieron los desalojos, se logró un espacio de trabajo en el SENASA para normativas diferenciadas que faciliten la comercialización de los productos del sector, incluyendo cambios en el código alimentario. Esto es fundamental para los campesinos, pero también para los consumidores, pues es un elemento clave a la hora de poder romper el monopolio en la comercialización de alimentos y combatir la inflación. Recordemos que hay productos que en las góndolas de supermercados cuestan 500 a 1000% más caro de lo que se paga en el campo.

Se dio acompañamiento a los conflictos de tierra, abriendo escenarios de diálogo, incluyendo a la iglesia y el Estado, monitoreando a las fuerzas de seguridad y el poder judicial, que muchas veces operaban con parcialidad e impunidad. Esto fue un paso adelante en los derechos campesinos, aunque por supuesto queda mucho por hacer en ese aspecto, pero estamos convencidos que se garantizaron vidas de campesinas y campesinos con esa política.

Se avanzaron en obras de agua y de riego para comunidades campesinas. Y se apoyaron diversas iniciativas productivas con créditos y subsidios para mejorar los sistemas de producción.

APU: ¿Cuál es su visión sobre las políticas que empezó a tomar Ricardo Buryaile, actual ministro de Agroindustria?

DM: Lo que vemos es que el capital financiero y las corporaciones adquirieron el control total sobre la política agroalimentaria argentina. Logrando la transferencia de miles de millones de dólares a su sector y eliminando toda restricción a la exportación de comodities.

Esto es terrible para el pueblo argentino, pues el mercado interno queda relegado, y se promueve solo la producción de mercancías. De ahí que la inflación será un flagelo sostenido. La agroindustria y el mercado están altamente concentrados y subordinados a intereses extranjeros y de unos pocos empresarios “argentinos”

Cuando hablan de economías regionales, en realidad se refieren a monopolios regionales, como el tema del vino, del tabaco, la yerba, la fruta etc. Allí también hay corporaciones que controlan el mercado, pagando monedas al pequeño productor y poniendo precios carísimos en los supermercados. Estos esquemas se ven fortalecidos con las últimas definiciones políticas.

También mienten cuando dicen que el problema de los precios es por falta de producción, un buen ejemplo es la pera y la manzana, mientras en Río Negro los productores “tiraron” 100 mil kilos de pera, en los supermercados sigue aumentando. El precio de la pera debería rondar los 4 $, las exportadoras le ofrecen $2 a los productores, y en el supermercado el kilo sale 24$. De eso no se sale produciendo más ni exportando más, es necesario un Estado que intervenga en favor del campesino y del consumidor.

Buryale ni siquiera menciona a la Agricultura Familiar, hasta ahora todas las medidas tomadas ha sido para beneficiar e esos sectores concentrados, con enormes ganancias.

Otro tema no menor es la cuestión de la tierra, suspendieron toda política para acompañar a los campesinos indígenas en la defensa del derecho a la tierra, ya se ve una arremetida del empresariado inescrupuloso. Esta situación unida a la emergencia de seguridad pone realmente en alarma al movimiento campesino.

La entrega del RENATEA al Momo Venegas es otra señal clara de retroceso en derechos de los trabajadores rurales.

APU: ¿Cómo imagina el panorama de la agricultura familiar en el nuevo escenario?

DM: La situación será difícil, como la de todo el pueblo argentino. Por supuesto presenta oportunidades, si es que somos capaces de en tanto resistimos esta ofensiva neoliberal, podemos ir construyendo respuestas, desde la solidaridad entre las diferentes luchas, hasta la construcción de redes y sistemas de comercialización de alimentos entre las organizaciones campesinas, los sindicatos movimientos populares y pymes. Ahí podemos lograr precio justo al productor y al consumidor, es la base de la soberanía alimentaria la relación del campo y la ciudad desde los sectores populares.

Nos preparamos también para nuevas ofensivas sobre la tierra comunitaria. Desde el agronegocio y desde la minería transnacional, pues la quita de retenciones a la minería también provocará nuevos conflictos por el agua y los efectos sobre las comunidades campesinas indígenas

Estamos en un proceso de discusión nacional, analizando los pasos de un plan de lucha que se extenderá en todo el país, Hoy tenemos un importante nivel organizativo, desde los diferentes organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, Sera un panorama de lucha que se irá agudizando si el gobierno continua sin dialogo y sin respuesta a los sectores populares.

APU: Cuando se habla de Agricultura familiar, ¿de cuántas familias implicadas hablamos?

DM: Históricamente la estadística nacional se ha realizado de forma de invisivilizarnos, pero ya hay muchos trabajos de investigadores que van mostrando la importancia del sector, aun diezmado por la violencia neoliberal.

Aproximadamente hablamos de 400 mil entre campesinos, indígenas y agricultores familiares, que en términos de unidades agropecuarias ronda el 75% del total, ocupando el 20% de las tierras agrícolas, generando más del 65% del trabajo rural estable, más del 70% de la producción horticola, 60 % de producción caprina, ovina y de pollos camperos. Por mencionar algunos datos.