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Asistimos actualmente al desarrollo de un conjunto de leyes y de prácticas que excluyen a los pescadores artesanales y a sus comunidades del control de los recursos pesqueros. Cuando se trata el tema de los fenómenos de acaparamiento, la cuestión de los recursos pesqueros se considera secundaria y despierta escaso interés. Sin embargo, la pesca y la acuicultura son fundamentales para la supervivencia económica de millones de personas1 . Además, la actividad pesquera resulta esencial para garantizar la seguridad alimentaria mundial. En numerosos países, es la fuente más importante de proteínas animales de calidad para la población y, por lo general, tiende a representar un porcentaje cada vez más importante de la alimentación humana. Los testimonios aportados recuerdan que el acaparamiento de los mares y de los cursos de agua es una realidad, como lo es el acaparamiento de las tierras. En todo el mundo, los pescadores, al igual que los agricultores, deben hacer frente a importantes amenazas sobre su actividad. Desde mediados de los años 1980, los Estados favorecen la privatización de la pesca mediante el otorgamiento de cuotas de captura a grandes industriales. Se observa una progresiva concentración de los recursos pesqueros en manos de unas pocas grandes empresas, en detrimento de las numerosas comunidades dedicadas a la pesca familiar y artesanal. El caso de Chile resulta emblemático respecto a estos procesos dado que la reforma pesquera de 2013 permitió otorgar más del 90 % de las cuotas de captura del país a solo siete familias del sector pesquero industrial. Tal concentración de los derechos de pesca excluye, de hecho, a miles de pequeños pescadores y supone pura y simplemente el final de la existencia de la pesca familiar y artesanal.