Este trabajo analiza las consecuencias que la neutralidad de género ha dejado para la política pública, en el caso específico de las reformas agrarias y el acceso de la mujer a la tierra en América Latina.

Desde hace 12 años, la Articulación Feminista Marcosur (AFM) participa en la construcción del Foro Social Mundial (FSM) como espacio de encuentro y de diálogo entre movimientos sociales. Nos convoca, el intercambio y los debates que apuntan a avanzar en la construcción de nuevas miradas alternativas al capitalismo en el terreno político, económico, cultural y social.

Fortalecer la seguridad y los derechos económicos de las mujeres es una labor prioritaria para el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). De allí que los objetivos de la AGEM se han centrado en analizar los efectos que en las mujeres centroamericanas producen las políticas económicas, para promover así la formulación de políticas públicas orientadas a lograr su autonomía económica.

El artículo tiene como finalidad identificar, desde el punto de vista jurídico, los obstáculos que impiden y/o limitan el acceso de la mujer a la tierra en cuatro países en los que se han adoptado reformas agrarias y cuyas condiciones políticas, económicas, sociales e institucionales son diferentes: Cuba, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana.

En esta publicación se recogen cuatro estudios sobre los planes nacionales de igualdad de género a la luz de los compromisos y acuerdos regionales e internacionales en Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Guatemala y Uruguay. Para el análisis se utilizaron los indicadores adoptados por el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe , a partir de tres dimensiones de la autonomía: física, en la toma de decisiones y económica.

"El presente trabajo surgió como una propuesta conjunta durante los encuentros propiciados por FAU- AL, donde se identificó por un lado, la deficiencia generalizada en cuanto a los mecanismos para la participación efectiva de las mujeres; y por otro lado, la necesidad de reconocer su papel fundamental en el impulso de consultas populares, comunitarias y autónomas y en la exigencia de la consulta previa, libre e informada, en el marco de la defensa de los territorios frente al extractivismo". (Pág. 6)

Lo que representa una amenaza al derecho a la alimentación de la población rural en general, afecta especialmente a las mujeres y niñas. Entre las causas del alto porcentaje de mujeres entre la población hambrienta se destacan: Las prácticas discriminatorias y las exclusiones y explotaciones en varios ámbitos, como por ejemplo en el acceso y las condiciones de trabajo, el acceso y seguridad de la propiedad y/o la toma de propias decisiones.

El derecho de las mujeres campesinas indígenas del Gran Chaco a acceder a los recursos naturales.

"Debido a la magnitud de los poderes en juego que cuestionan y desestabilizan con sus luchas, las mujeres defensoras de la tierra y el medio ambiente son uno de los grupos de defensores en mayor riesgo. Las agresiones y la criminalización de la que son objeto revisten formas particulares basadas en su condición de mujeres, intersectadas con otras formas de discriminación, y además les impactan de manera diferenciada" (Pág. 3).

Esta nueva publicación del Instituto Pensar y la Editorial Javeriana propone pensar el género y sus implicaciones con las políticas públicas para el sector rural. Así, se visibilizan las construcciones de los roles de mujeres campesinas en relación y la incorporación del género en las políticas agrarias.

Como fruto de esta división del trabajo socialmente reconocida y aceptada, las mujeres rurales se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo las actividades productivas, con miras a asegurar la subsistencia de sus familias. De hecho, barreras de orden jurídico, sociocultural e institucional limitan el acceso de las agricultoras a la tierra, así como su control sobre ella.

El Manual Territorio e igualdad: Planificación del desarrollo con perspectiva de género ha sido elaborado en colaboración entre el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y la División de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).