La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 convirtió a los ejidatarios en propietarios de latierra que trabajaban, condición reforzada por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales(Procede) que, en 1994, les otorgó títulos parcelarios y de propiedad. De manera colateral, conestas políticas neoliberales se dinamizó el mercado de tierras y, con ello, se facilitó la inversión nacionaly extranjera en el territorio mexicano.

El propósito de este artículo es explorar algunas consideraciones basadas en el criterio de la eficiencia económica pura; necesarias para diseñar una política pública eficiente para la de asignación de activos ambientales de interés público. Se presenta una versión del modelo de Fisher y Krutilla para estudiar el problema de asignación óptima de recursos naturales bajo conflictos del uso entre conservación y desarrollo. El modelo se aplica a un estudio de caso para determinar el mayor y mejor uso de un ambiente natural urbano en Bogotá; Colombia.

La distinción entre el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad importa tanto en lo dogmático constitucional como en lo constitucional procesal, en la medida en que las garantías instituidas se activen suficientemente para proteger su oportuno ejercicio. Es necesario que los criterios de aplicación se homogenicen con el propósito de interpretar los derechos y la garantías de manera efectiva.