Doña Irene Ramírez es hija de padres desplazados y creció en medio de esa violencia del conflicto armado colombiano de ver como matan al vecino o cómo dejan al hijo sin padre. “Hay que hacer algo para que mis nietos vivan mejor que yo en un país sin violencias, en un país que nos reconozca como campesinos y no nos señale por lo que hacemos, que no es más que proteger el medio ambiente y la cultura campesina de los intereses de las multinacionales y la inacción del Estado”, señala con firmeza
Doña Irene habla ya como presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una organización con 23 años de historia donde sus campesinos se dieron a la tarea de poder permanecer y sobrevivir en el territorio. Lo hicieron resistiendo los embates del terror paramilitar y de un latifundismo improductivo reivindicando una Zona de Reserva Campesina (ZRC) como figura de protección territorial que aspiraba a acceder a la tierra y formalizar la propiedad.
Tras años de persecución y estigmatización, en el año 2010 su lucha obtuvo el reconocido Premio Nacional de Paz en el país. Fue un punto de inflexión. Hoy, la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra es el gran referente de las seis ZRC que funcionan en Colombia legalizadas por el Gobierno. Se ubica en un área geográfica de producción campesina conocida como el Magdalena Medio que comprende varios municipios de cuatro regiones del centro de Colombia. En total cobija a unas 25.000 familias, pero de las 500.000 hectáreas propugnadas, solo les fueron concedidas 184.000. Con todo, doña Irene está orgullosa de lo logrado. “Hemos resistido aquí y hemos hecho lo que el Estado no ha sido capaz de hacer: ordenar nuestro propio territorio y decidir cómo podemos manejarlo y como lo compartimos entre todos”, dice.
La aldea comunitaria de Puerto Matilde es el corazón de la ZRC del Valle del río Cimitarra. Está en el municipio antioqueño de Yondó, a dos horas de la ciudad de Barrancabermeja, en la región de Santander. Aquí convergen un proyecto de vivienda, otro de canalización de agua y varias iniciativas productivas, entre ellas la cooperativa Ecobúfalo Campesino, auténtico orgullo de la comunidad. Se trata de un proyecto de elaboración y comercialización ecológica de carne, queso y leche de este animal en el que los campesinos controlan todo el ciclo económico del producto, desde la crianza hasta la venta al consumidor final.
Los búfalos se convirtieron para muchas familias en una alternativa al cultivo de coca. “Pasamos ya la cifra de mil cabezas reproducidas y el proyecto ha sido sostenible, aunque limitado a no más de 200 reses, entre búfalos y ganado blanco. Mucha gente se había metido en la coca porque el cultivo de arroz no daba para vivir, pero los campesinos que se quieran acoger al proyecto de aldea comunitaria han de comprometerse a un proceso de sustitución de sus cultivos de coca”, explica Carlos Martínez, histórico líder de la ACVC. Junto a los búfalos, el arroz vuelve a ser importante en la economía de esta ZRC. Hay también otros cultivos de subsistencia y, en convenio con una universidad, funciona ya un nuevo proyecto para producir plantas aromáticas con el fin de obtener aceites esenciales para usos cosméticos y medicinales.
Los búfalos se convirtieron para muchas familias en una alternativa al cultivo de coca
El camino no ha sido fácil y queda mucho por recorrer. En un país que sigue sin reconocer los derechos de sus campesinos, las ZRC legalizadas tuvieron finalmente que abrirse camino con las uñas porque al Estado realmente apenas las tuvo en cuenta. Legalizaron primero cinco en diferentes partes del país para poco después ser proscritas por el expresidente Álvaro Uribe que las acusó de ser santuarios de la guerrilla de las FARC. Tras el proceso de paz, el expresidente Juan Manuel Santos se comprometió a apoyarlas pero en ocho años legalizó solo una más. Existen otros 50 procesos aglutinados en torno a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) que siguen esperando poderse constituir.
Las ZRC se configuraron en áreas donde predominan los terrenos baldíos, con una fuerte colonización campesina de población desplazada y con la intención de promover la seguridad alimentaria y las prácticas agroecológicas. “Las ZRC tienen su origen en el anhelo del campesino de que se reconozca su relación directa con el territorio. Hay un proceso de apropiación territorial que comprende una nueva distribución de tierras, normas comunitarias de convivencia, planes de desarrollo alternativos y su concepción es ayudar a cerrar la enorme brecha entre lo rural y lo urbano” dice Yenly Méndez, abogada especializada en desarrollo rural. “Las ZRC funcionan como zonas amortiguadoras que no solo contuvieron la frontera agraria sino que han asegurado la permanencia campesina en el territorio. Tienen una eficacia en lo ambiental y lo social contundente”, reafirma Johana Silva, del Centro de Estudios para la Paz, (CESPAZ).
El caso de la ZRC del Valle del río Cimitarra es casi un milagro en un país como Colombia, donde el problema del campo es complejo y profundo
Preservar la biodiversidad
También el prestigioso Instituto Humboldt, especializado en investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos, ha elogiado las ZRC como una muy buena fórmula de desarrollo rural sostenible capaz de crear las condiciones para la consolidación de la economía campesina teniendo presente la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. En las ZRC no se permite cortar árboles, contaminar fuentes hídricas ni cazar animales salvajes. Una perspectiva ambiental que contrasta con las economías extractivas que funcionan en la región contaminando y deforestando.
El ejemplo más claro es el de la Serranía de San Lucas, una reserva de selva virgen de 70.000 hectáreas ubicada en pleno Valle del Cimitarra, al Sur de la región de Bolívar. Las comunidades de la ACVC la conocen como la Línea Amarilla y la vienen protegiendo desde hace décadas. Gracias a ellas se han podido conservar cientos de especies como el jaguar o el oso de anteojos. Hoy están intentando que se declare Parque Nacional. Ya en los años de la guerra, un acuerdo entre las comunidades de la zona y los grupos guerrilleros del ELN y las FARC consiguió evitar la deforestación y respetar ese territorio. Sin embargo, tras el desarme de las FARC como grupo guerrillero, esta zona está más en riesgo que nunca. Han llegado nuevos actores armados que no tienen interés en mantener el pacto con las comunidades sino más bien explotar la madera y el oro además de aumentar la siembra de cultivos de coca. También las multinacionales han puesto sus ojos en la zona.
El Magdalena Medio no acaba así de estar tranquilo pese a la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC hace tres años. Sienten que se trata de una paz muy frágil. “No hemos tenido más bombardeos ni ametrallamientos ni fumigaciones, pero el Estado tiene que empoderarse más de esta paz y dar herramientas a los campesinos de las ZRC para que estos acuerdos sean tramitados en nuestros territorios. Con el asesinato de líderes campesinos, las amenazas y el desplazamiento que se está viviendo tememos volver al pasado”, dice Doña Irene.
Lo cierto es que existe mucha preocupación en las comunidades. Petróleo, oro, coca, presencia de grupos paramilitares, de la guerrilla del ELN, de disidencias de las FARC, una alta militarizaciones… Son muchos los elementos que siguen jugando su papel en contra del proceso de paz en la región. Y las amenazas continúan. “Todos los grupos que mueven aquí el narcotráfico y la minería quieren que nos callemos, que no denunciemos. Al Estado además no le interesa negociar con el ELN porque no quiere que el campesino tenga una vida tranquila, lo que le interesa son las riquezas naturales que hay en el territorio, que como campesinos seamos más débiles para poder expropiar nuestras tierras y comprarnos las fincas a menos precio”, considera la presidenta de la ACVC
Pero en medio de esa intranquilidad, la ZRC del Valle del río Cimitarra sigue afianzando su proceso de autogestión colectiva y reclamando del Estado que cumpla con sus responsabilidades. “Este es un proyecto de vida por la defensa de los derechos humanos y la defensa del territorio, pero necesitamos el desarrollo social en lo que tiene que ver con carreteras, con educación, salud, solucionar el problema de tierras, de vivienda. Nuestra debilidad más grande es la poca asistencia del Estado. No hay inversión social”, afirma Carlos Martínez.
El anhelo de la ACVC es también que se amplíe la ZRC y conseguir ayudas para transformar los productos del campesinado, dándoles así un valor agregado como hacen con los búfalos. “Necesitamos crédito y llegar a un punto de comercialización. Tener tiendas comunitarias y mercados campesinos donde vender los productos”, explica Doña Irene.El caso de la ZRC del Valle del río Cimitarra es casi un milagro en un país como Colombia, donde el problema del campo es complejo y profundo.
No ha habido aquí impulso al desarrollo rural ni políticas agrarias de acceso a tierras. Sus campesinos sufrieron además todas las afectaciones posibles de la guerra; asesinatos, desplazamiento forzado, estigmatización, la persecución de sus organizaciones sociales y el despojo. No hay certeza de cuánta gente huyó de sus tierras, de cuanta gente fue desposeída. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de más de seis millones de desplazados y estima que fueron entre 1’5 y 10 millones de hectáreas las despojadas. La Unidad de Restitución de Tierras contabiliza 120.000 solicitudes de restitución de tierras desde 1991 que cubren 2’3 millones de hectáreas, el 4’82 por ciento de la superficie del país. Solo el 5’6 por ciento ha sido devuelto. Muchos intereses ocultos apuntan a empresarios y políticos que aprovecharon la violencia de la guerra para arrebatarles las tierras. Poderosos lobbies como el ganadero o el del cultivo de palma africana tampoco dejaron nunca que el campo avanzase.