¿Cómo vamos hacia un #EscazúAHORA en la región?

• Por unanimidad la Asamblea Nacional de Ecuador ratificó el Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el octavo país en apostar por la democracia ambiental y la defensa de los y las defensoras ambientales.
• En las siguientes líneas ofrecemos un panorama de los avances en la región.

Lima, 4 de febrero de 2020.- Ante la cantidad de asesinatos a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la constante criminalización de las acciones de los defensores y defensoras, América Latina y el Caribe es la región más peligrosa en el mundo para realizar dicha labor. De la mano a este problema se encuentra la falta del cumplimiento al derecho de las comunidades a ser consultadas sobre los posibles impactos de grandes proyectos de inversión en su territorio y las constantes dificultades para acceder a la información oportuna sobre estos. Todo en un contexto de marcos ambientales débiles y de precarios sistemas de justicia justos y eficientes.

Frente a este panorama desalentador, tras nueve reuniones de negociación el 4 de marzo de 2018 se adoptó el primer instrumento vinculante en la región para el efectivo ejercicio del derecho a la participación, acceso a la información y a la justicia ambiental, se trata del Acuerdo de Escazú. El siguiente paso fue la apertura de firmas el 27 de septiembre de 2018. En esa oportunidad, varios países de la región firmaron el Acuerdo, el cual representa un tratado histórico en la defensa de los derechos ambientales en Latinoamérica y el Caribe.

¿Qué busca el Acuerdo de Escazú?

Este Acuerdo regional tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de tres derechos: en primer lugar, el derecho al acceso a información del medio ambiente y a la explotación de los recursos naturales. En segundo lugar, al acceso a la participación pública en los procesos de tomas de decisiones ambientales. Y por último, al acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades en el tema. Además, el Acuerdo obliga a los Estados a proteger a las personas y grupos que se dediquen a la defensa del medio ambiente.

El camino hacia la entrada en vigor

A la fecha, han sido 22 países de América Latina y el Caribe los que han firmado el Acuerdo y, 8 de ellos que lo han ratificado (Bolivia, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, y Uruguay ya depositaron sus ratificaciones, están pendientes la entrega a Naciones Unidas las ratificaciones de Panamá, Nicaragua y Ecuador). Pero esto no es suficiente para su entrada en vigor, pues se necesita que 11 países lo ratifiquen. Este proceso en los países es lento y diverso, por lo que se necesitan esfuerzos de diversos actores para coadyuvar a este objetivo.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), junto a sociedad civil de la región, quienes participaron del proceso de negociación del Acuerdo, proceso que inició en el 2012, vienen articulándose en el marco de la campaña #EscazúAHORA (#EscazuNOW / #EscazúAGORA), con miras a lograr que este instrumento sea una realidad. A casi menos de un mes del aniversario de su adopción en Costa Rica, esta es la situación en la región:

• Bolivia: La ratificación del Acuerdo se realizó en junio de 2019 y se debería encontrar actualmente en la etapa de implementación. El problema es que a raíz de las protestas que terminaron con la instauración del Gobierno de transición, Escazú pasó a segundo plano, por lo que aún no es claro cómo se llevará a cabo su implementación. Se espera que a puertas de las elecciones generales de mayo, se pueda lograr que los candidatos se comprometan a impulsar el Acuerdo.
• Argentina y Perú: El futuro del Acuerdo se encuentra en manos del Poder Legislativo. En el caso de Argentina, tras el proceso electoral de finales de 2019, no ha podido darse avances en el Congreso por lo que se espera se empuje con más fuerza la ratificación al inicio de la Legislatura en marzo. Por su parte Perú, espera que tras las elecciones de enero y la próxima instalación del Congreso (2020-2021), se ponga en agenda la ratificación del Acuerdo, dado que fue ingresado el proyecto de ley de ratificación en agosto del año pasado.

La última semana de enero, el relator especial de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, Michael Forst, visitó Perú para analizar la situación de las y los defensores. Sostuvo reuniones con organizaciones de pueblos indígenas y sociedad civil peruana, producto del diálogo y el intercambio con los defensores emitió una comunicación, donde no solo alertó de la situación de vulnerabilidad de los defensores en el país, sino que hizo un llamado al nuevo Congreso peruano para la ratificación del Acuerdo en esta nueva legislatura.

• Brasil, Honduras, México y República Dominicana: Aún no se ha dado el salto del Poder Ejecutivo al Legislativo (es importante recordar que para que un tratado internacional sea vigente en el ordenamiento jurídico de un Estado, primero debe firmarlo el Poder Ejecutivo y luego debe ratificarlo el Poder Legislativo). Este retraso se debe a que el Acuerdo se encuentra en espera de la revisión de alguna rama del Ejecutivo (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento o Secretaria de Hacienda).
• Colombia y Chile: Fueron los Gobiernos más activos en el proceso de negociación, Chile tuvo a su cargo la copresidencia de las reuniones, por lo que la ausencia de su firma llamó la atención. Sin embargo, hasta el momento Colombia le lleva la delantera al Gobierno de Chile, pues a fines del año pasado hubo un cambio sobre esta decisión política. Tras la presión de sociedad civil, el pasado 11 de diciembre de 2019, Colombia finalmente firmó el Acuerdo de Escazú, toca impulsar la pronta ratificación. En el caso de Chile, lamentablemente, la situación no ha cambiado. A pesar de la presión que ejerce sociedad civil y su participación como anfitrión de la COP25, el Gobierno chileno sigue firme en su decisión de no firmar el Acuerdo.
• Panamá, Nicaragua y Ecuador: Si bien sus procesos de ratificación han sido satisfactorios, solo falta que depositen los instrumentos ante Naciones Unidas, se espera que la fecha para ello sea el aniversario de la adopción del Acuerdo, el 4 marzo próximo. Ecuador ha sido el último país en sumarse a este grupo hoy 4 de febrero.

A pesar de que el Acuerdo de Escazú es considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes en la región, su firma y ratificación puede verse retrasada por los cambios de funcionarios en los gobiernos y la discontinuidad de políticas públicas. Así como por la falta de voluntad política para impulsar la implementación del Acuerdo por parte de los funcionarios públicos y políticos en sus respectivos gobiernos.

Sin embargo, esto no debe amilanar los esfuerzos de sociedad civil por proponer un estándar mínimo que asegure no solo el cumplimiento efectivo de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, sino que proteja a quienes están en la línea de fuego protegiendo sus tierras, territorios y el medioambiente.