• Dos activistas relatan el riesgo que corren en su país por querer recuperar sus tierras y proteger su entorno.
• Estos hombres se han acogido al proyecto de acogida temporal Madrid Protege.
• "El 35% de los defensores de los derechos humanos asesinados lo son en Colombia", afirman desde el programa.

Araceli Guede

Carlos Páez, campesino y defensor del derecho a la tierra de su comunidad, miembro de la asociación Tierra y Paz. Genaro Graciano, activista medioambiental, integrante del movimiento Ríos Vivos, que se opone a la construcción de una presa. Estos colombianos luchan en su país por causas diferentes pero a ambos su activismo les ha acarreado consecuencias muy graves, hasta el punto de poner sus vidas en peligro. 

"Hay una campaña de desprestigio y de exterminio total contra nosotros", denuncia el representante de Ríos Vivos. Los datos avalan sus palabras. El centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, basado en Bogotá, apunta que en 2016 fueron documentados 160 asesinatos de líderes sociales; en 2017, 172, y en 2018, más de 200. 

Genaro y Carlos pueden ponerle cara y nombre a muchos de esos crímenes. El primero ha perdido a cinco compañeros y fue víctima de un atentado con granada: "La tiraron contra mi casa cuando estaba dentro". El segundo ha asistido al entierro de veintiún camaradas y ha sido advertido: "Lo último que me dijeron es que tendrán que sacarme de en medio para que la restitución en Colombia pare".

En el país hay unos ocho millones de personas que fueron despojadas de sus tierras. "Nos las quitaron los paramilitares y hoy están en manos de empresarios. También hay grupos ilegales que han creado a través de ellas rutas del narcotráfico", explica Carlos. Asociaciones como la suya reclaman que esos terrenos sean devueltos a los campesinos. Ellos trabajan en la región de Urabá, compuesta por nueve municipios que suman 1,5 millones de hectáreas, de las que 600.000 fueron arrebatadas a un millón y medio de propietarios entre 1996 y 2004. Hubo 150 masacres y 250.000 personas fueron asesinadas o siguen desaparecidas: "Quince años después, sus familiares no saben dónde están".

No muy lejos, a unos cien kilómetros al norte, Ríos Vivos también denuncia la violencia ejercida contra la población de la zona. Afirman que hasta 2018 se cometieron 2.765 asesinatos y reclaman que se aclare la relación entre la construcción de la megapresa sobre el Cauca y ese conflicto armado. "Nos hemos dado cuenta de que con el territorio desierto, el proyecto sale más económico. Pasan por encima de las comunidades, violando derechos ambientales, sociales y culturales", clama Genaro, que agrega que un informe hecho por profesionales y la Universidad Nacional determina que la obra no es viable.

Conocida como Hidroituango, la infraestructura tiene a Empresas Públicas de Medellín y a la Gobernación de Antioquia como principales accionistas. La construcción afecta a una treintena de municipios. 

Los dos hombres relatan sus historias sentados frente a una mesa en la sede madrileña de la ONG Mundubat. Llegaron a la capital en septiembre para una estancia de tres meses bajo el paraguas de Madrid Protege, un programa de acogida temporal de defensores de los derechos humanos. Financiado por el Ayuntamiento y gestionado por la organización vasca, pretende extraer a esas personas de la situación de riesgo en la que viven, proporcionarles atención psicológica y herramientas para que sigan con su labor, y ofrecerles un altavoz para que den a conocer lo que está ocurriendo.

Esta ha sido la segunda edición, en la que también participa la activista Nubia Rossi. A ellos les precedieron tres compatriotas que se acogieron a la iniciativa entre febrero y abril. Gestionado por otras ONG este es un proyecto que se desarrolla igualmente en otros puntos de España, como Barcelona o Asturias, así como en multitud de destinos europeos. 

Carlos y Genaro están a punto de regresar a su lugar de origen. Saben que allí la situación será la misma que dejaron, pero vuelven con fuerzas renovadas y con el impulso que da saber que ya no están tan solos.

Cinco preguntas a... Raúl Rojas, coordinador de Madrid Protege

¿Por qué todos son colombianos? Porque el 35% de los defensores de los derechos humanos asesinados lo son en Colombia. Si renovamos el acuerdo con el Ayuntamiento estudiaremos si lo abrimos a otras nacionalidades. En otros programas las hay.

¿Qué les ofrecen? Espacio y tiempo de respiro. Vienen con una presión muy alta y generan una distancia con su dolor extraordinaria. Intentamos que reconecten con ellos mismos porque eso no es sostenible. Les damos una agenda de terapias y atención psicosocial, de presencia en medios e incidencia geopolítica, y de formación en competencias técnicas: redes sociales, comunicación, derecho internacional, autoprotección...

¿Se les paga el alojamiento? Sí, en un piso, y se les da una tarjeta de transporte público, un móvil y una manutención mensual.

¿Cómo son seleccionados? La organización interesada nos manda una candidatura, a través de una entidad española con presencia en Colombia con la que lleven tiempo trabajando, y un comité de selección las evalúa y elige.

¿Qué efecto tiene en origen? Cuando los actores armados ven que hay una protección internacional detrás de estas personas suelen dejar de ir a por ellas. Y hay una misión de retorno, una delegación del programa viaja con ellos y se reúne con sus organizaciones y con las autoridades locales y nacionales para que el nivel de protección suba. Hay luchas que nos parecen muy valiosas.

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