En la región Ucayali todos hablan del tráfico de tierras. Es un tema presente en las conversaciones, sobre todo cuando se habla del avance a pasos agigantados de la deforestación. Ucayali es considerado una de las zonas con mayor deforestación en la Amazonía peruana, según informes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Siempre se ha dicho, además, que en esta apropiación irregular de grandes extensiones de bosque, algunas incluso del Estado, participan empresarios, madereros ilegales y traficantes de terrenos coludidos con funcionarios corruptos. Y ayer se comprobó que este mecanismo ilegal sigue más vigente que nunca.
Un operativo realizado en Pucallpa por personal de la Policía Anticorrupción y de la Tercera Fiscalía Penal de Coronel Portillo de Ucayali llegó hasta las instalaciones de la Dirección Regional de Agricultura (DRAU) para allanar esta dependencia del gobierno regional.
El primer detenido fue Isaac Huamán Pérez, la cabeza de esta dirección. Y el siguiente en la lista fue Christopher Hernández Larrañaga, director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa), según informó la Fiscalía.
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Con las manos en la masa
De acuerdo con la orden judicial, a la que tuvo acceso Mongabay Latam, ambos funcionarios están denunciados por “titular de manera ilegal predios de dominio de comunidades nativas y del Estado a favor de familiares de trabajadores de la dirección regional de agricultura y de alcaldes del departamento de Ucayali”.
Los delitos por los que han sido acusados son dos: por formar parte de una banda criminal —cuando dos o más personas que se unen para cometer ilícitos de forma concertada— y contra la administración pública en la modalidad de encubrimiento real y personal.
Además de la incursión en las oficinas de la DRAU —donde se incautaron documentos, planos, computadoras y cualquier información que ayude en la investigación—, los fiscales también allanaron las viviendas de los inculpados, pues se sospecha que los funcionarios esconden allí expedientes que sustentaban la entrega de propiedades de manera irregular y que se declaró perdida hace un tiempo en la dirección de agricultura, según habría informado un testigo protegido a la Fiscalía.