Avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero lentitud en la entrega de los 3 millones de hectáreas que se deben adjudicar a campesinos, según el acuerdo de paz, encontró la procuradora General, Margarita Cabello, quien presentó ante el presidente Iván Duque, el tercer informe sobre el Avance de la implementación del acuerdo de paz, a pocos días de cumplirse cinco años de su firma.

En el encuentro, la funcionaria evaluó los avances en cada uno de los puntos que componen el acuerdo de paz: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas, enfatizando que se requiere un trabajo articulado, armónico y enfocado en la defensa de los derechos humanos, para avanzar en su implementación.

En lo referente con la reforma rural integral, la Procuraduría aseguró que se ha avanzado en el programa de implementación PDET que, se han emitido de 7 de las 16 hojas de ruta únicas para la implementación del PDET. 

No obstante, evidenció que hay 7 mil iniciativas PDET con ruta de implementación activada, que no cuentan con criterios para definir su cumplimiento. Así mismo, que no se cuenta con un sistema de información público para conocer los avances y los montos invertidos en cada iniciativa. 

Por lo anterior, la Procuraduría recomendó fortalecer la articulación del PDET con otras agendas de planeación, en particular las relacionadas con reparación y sustitución de cultivos, además que se cuente con un sistema de información público para conocer los avances.

En este mismo punto, en relación al acceso y uso de la tierra, se encontró que un 29% de 7 millones de hectáreas contempladas en el acuerdo de paz, han sido formalizadas, pero solo el 0,3% de 3 millones de hectáreas que se prevé adjudicar a campesinos han sido entregadas. 

El ministerio público aseguró que se tiene que mejorar el acceso a tierras por parte de campesinos y demás beneficiarios de la reforma Rural Integral. 

En el segundo punto, referente a la participación en política, la entidad encontró que se continúan presentando retrasos en su implementación, en especial en lo relacionado con reformas normativas de Garantías y promoción de la participación de organizaciones y movimientos sociales, Movilización y protesta social, Reforma política y Ley del Plan Nacional de Desarrollo. 

En este punto recomendó impulsar desde el Gobierno Nacional el debate legislativo de dichas normas. 

En cuanto al fin del conflicto, la Procuraduría reconoció que hay una mayor cobertura en los componentes de la ruta de reincorporación social y económica para más de 11.500 personas. Así mismo, que se han comprado 11 predios para la consolidación de 9 Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (AETCR). 

No obstante, aseguró que hay una necesidad de reforzar el seguimiento integral a los avances en la calidad de vida de las personas en proceso de reincorporación y sus familias, por lo cual recomendó caracterizar periódicamente a la población en proceso de reincorporación y ampliar las acciones de política pública por fuera de los antiguos espacios transitorios. 

En cuanto a las garantías de seguridad, el ente de control destacó que se mantiene la violencia en contra de líderes sociales y personas en proceso de reincorporación.

Por lo anterior, recomendó generar mayor participación de las entidades territoriales para dar respuestas a esta problemática. Así mismo, desarrollar las estrategias de coordinación contenidas en el Plan de Acción Oportuna (PAO), para garantizar la protección del líderes, lideresas, defensores y defensoras. 

Cabello aseguró que desde la Procuraduría se han constituido agencias especiales para intervenir en 420 procesos judiciales contra lideresas y líderes sociales, y se ha intervenido en 250 hechos victimizantes contra las personas en proceso de reincorporación. 

“Advertimos sobre la necesidad de implementar todas las medidas enfocadas en protección, en especial, las políticas dirigidas al desmantelamiento de organizaciones criminales”, dijo Cabello. 

En lo referente a las drogas ilícitas, se estudió el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, en el que se encontró que hay 17 actos administrativos para regular el funcionamiento del programa, incluido el protocolo de género. 

No obstante, también se halló que solo el 8% de los beneficiarios del PNIS ha recibido proyectos productivos y no existen modelos de sustitución para resguardos y consejos comunitarios. 

Por lo anterior, el estudio recomienda involucrar a los sectores de agricultura y ambiente, y a las entidades y autoridades étnicas y territoriales y así mismo, emitir actos administrativos para unificar criterios y causales de suspensión y retiro de beneficiarios del Programa. 

En el último punto, relacionado con las víctimas, se analizó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y la Procuraduría aseguró han existido avances. 

"La comisión de la Verdad ha generado 51 espacios privados de reconocimiento de responsabilidades y 9 encuentros por la verdad. Así mismo, se han incorporado 12.918 personas al trámite ante la Jurisdicción Especial para la Paz". 

Otro de los avances son las acciones humanitarias por parte de la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas (UBDP) que resultaron en identificación de 4 personas vivas, la recuperación de 33 cuerpos y la entrega digna de 10 restos óseos de personas dadas por desaparecidas. 

Sin embargo, en cuanto a las víctimas, según aseguró la Procuraduría, hay que mejorar la seguridad en los territorios, que se articulen los planes de prevención y protección vigentes en la actualidad. 

“Solo el 4% de los Planes Integrales de Repartición Colectiva (PIRC) ha finalizado su implementación. No se ha implementado el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH), ni el documento de fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH)”, indicó la Procuradora.

Por lo anterior, recomendó, acelerar la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. Así mismo, iniciar de forma inmediata la implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y el fortalecimiento del PLANEDH. 

En cuanto al enfoque de género la Procuraduría aseguró que hay vacíos respecto a las medidas diferenciales a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, por lo cual aseguró que hay que adelantar la transversalización en todas las políticas públicas derivadas de la implementación del acuerdo, a nivel nacional y territorial. 

En el enfoque étnico, la entidad aseguró que hay lento avance en la implementación del Capitulo Étnico del Acuerdo de Paz, por lo que se recomienda acelerar el desarrollo de los Planes de Retorno, Restitución y Restablecimiento de los Derechos Territoriales en comunidades priorizadas. 

Así mismo, avanzar en la incorporación y seguimiento del enfoque étnico en la implementación del Acuerdo. 

La Procuradora aseguró que ha habido un incremento del 18% en las asignaciones programadas en el presupuesto general de la nación para el cumplimiento del acuerdo. 

No obstante, recomienda diseñar mecanismos para incrementar la ejecución de los recursos disponibles y mejorar la capacidad de las entidades territoriales para acceder a los recursos concursables del Órgano Colegiado de Administración y Decisión. 

Así mismo, recomendó evaluar la eficiencia y los criterios en la distribución de recursos de la Bolsa de Paz, como el mecanismo para la ejecución expedita de estos. 

Cabello aseguró que es imperante mejorar las condiciones de seguridad en los territorios, reforzar las acciones orientadas a resultados tempranos de la reforma rural integral y equiparar los esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos con enfoques transversales étnicos y de género. 

“Soy consciente de que esta construcción de paz y el seguimiento a este acuerdo no es fácil, que implica grandes retos y un gran compromiso de para toda la sociedad, pero trabajando armónicamente se puede lograr”, dijo la procuradora. 

El presidente Iván Duque, aseguró, tras recibir el informe, que una de las cosas más importantes es que la paz no se convierta en un tema para dividir a la sociedad y que no se haga política con la paz. 

“Nuestro gobierno ha buscado tener una política de paz con legalidad, una política basa en resultados, en cumplir con objetivos y en darle al país los énfasis que se reconocen en la política de gobierno”, dijo. 

Además, aseguró se han producido más resultados en la implementación del acuerdo “en estos 36 meses, que en los primeros 20 meses de la firma”.

Resaltó la implementación de catastro multipropósito y aseguró que ello ayudará con la implementación, “en ningún país se puede hacer una agenda rural sin catastro. Es curioso que en los primeros 20 meses no se hubiera dado ningún paso, pero nosotros hemos puesto recursos para avanzar y en agosto entregan el 50% del país con actualización del catastro”, dijo Duque. 

Así mismo el presidente resaltó la titulación de predios, “solamente en titulación, en diciembre, llegamos a más de 50 mil títulos otorgados por la Agencia Nacional de tierras. Se llegará en un periodo de 3 años y medio a la mayor titulación predial que se haya dado en el país”, dijo el presidente. 

Para finalizar, el mandatario aseguró que el 97% de reincorporados cuenta con vinculación a salud y seguridad social y que la violencia a que esta población se ha enfrentado deriva del accionar de las disidencias de las Farc, el Eln y los grupos al margen de la ley.

Colprensa/VANGUARDIA. 
(Sérgio Acero / Sergio Acero)