Campesinos de tres comunidades del departamento de Itapúa, al sur de Paraguay, acampan desde hace una semana frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en Asunción, para pedir la legalización de sus tierras, en una batalla que se prolonga ya quince años.

Bajo carpas de plástico, tiendas de campaña y ollas con guisos, cerca de 300 familias esperan que el presidente del Indert, Horacio Torres, dé el visto bueno al reconocimiento como propio de los terrenos del predio militar en el que viven.

Casi un mes completó la minga indígena que surgió como oposición al Plan de Desarrollo y por los incumplimientos de pactos firmados en 2005, 2009 y 2014. Se empezó a levantar el bloqueó en la vía Panamericana y el presidente Iván Duque iría hasta la zona para firmar un acuerdo final.

En Cusco, las comunidades Huini Coroccohuaycco y Pacopata solicitan al Estado el inicio del proceso de consulta previa por la ampliación de las operaciones en los proyectos Tintaya y Antapaccay.

Se trata de una demanda constitucional de amparo sobre la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) denominado “Glencore Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”, de la minera Glencore Antapaccay.

Los Naso son uno de los dos únicos pueblos indígenas en Panamá cuyos derechos a la tierra aún no han sido reconocidos formalmente por el gobierno. Sin este reconocimiento, los Naso no tienen control sobre sus tierras y bosques, lo que ha dado lugar a la construcción, sin la debida consulta y consentimiento previo libre e informado, de represas y otros megaproyectos de desarrollo.