De las 304 personas asesinadas en 2019 en el mundo, América Latina registró 208, y de ellas 106 fueron en Colombia. Allí, la mayoría de asesinatos fueron cometidos contra líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, específicamente, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente, señala el informe anual 2019-2020 de Amnistía Internacional (AI).

De las 304 personas asesinadas en 2019 en el mundo, América Latina registró 208, y de ellas 106 fueron en Colombia. Allí, la mayoría de asesinatos fueron cometidos contra líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.

En particular, “las mujeres negras cada vez corren más peligro en las provincias occidentales donde se concentra la población afrodescendiente de Colombia”, alerta AI, un movimiento internacional que agrupa a más de siete millones de personas en el mundo que hacen campañas a favor del respeto de los derechos humanos.

La violencia a causa del conflicto armado interno, que no ha cesado a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y las disputas por el control territorial parecen ser los condicionantes principales de la extrema violencia en Colombia, según el documento presentado en la capital peruana el 27 de febrero.

Desde Colombia, Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora de Somos Defensores —espacio de protección de derechos humanos y ambientales— precisa que en su país hay muchos conflictos que históricamente se han tapado con el conflicto armado, entre ellos, el derecho a la tierra. “Pareciera que el conflicto armado fuera el origen, la causa, la consecuencia y el resultado de todas las violencias, y tampoco es así”, comenta a SciDev.Net.

“Tenemos 103 pueblos indígenas y todos enfrentan conflictos porque están en la zona periférica del país que en el pasado fueron fronteras y que hoy las empresas multinacionales y nacionales necesitan para extraer los recursos naturales y sembrar monocultivos agroindustriales”, afirma.

“No ha habido avances ni antes ni después del acuerdo de paz, porque la visión de la clase política es extractivista al cien por ciento. El estado apuesta por la extracción indiscriminada de recursos naturales y ven en los territorios [de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes] la posibilidad de explotarlos. Y ese es uno de los problemas centrales del conflicto, porque las comunidades organizadas se oponen a que haya extractivismo en sus territorios”, refiere.

Brasil, Guatemala, Honduras y México son otros países de la región que han experimentado altas tasas de violencia contra líderes indígenas que luchaban por preservar sus derechos de acceso a la tierra, sus territorios o evitar daños al ambiente o la biodiversidad.

La justicia y los recursos naturales

El hostigamiento judicial o el debilitamiento de las leyes de protección ambiental han sido otras maneras de violentar a los indígenas o reducir su acceso a la justicia. El informe cita explícitamente los casos de Paraguay —donde se apeló a procesos penales para criminalizarlos— y de Perú, donde se promulgaron leyes que socavan el derecho de esos pueblos al consentimiento libre, previo e informado y disminuyen la protección de muchos derechos a la tierra y territorios. Y en Venezuela, las comunidades indígenas denunciaron los impactos de la extracción de minerales del llamado ‘arco minero del Orinoco’, sin encontrar eco en las autoridades.

“El desarrollo del arco minero del Orinoco es un megaproyecto de minería a gran escala que impulsa el gobierno en la zona sur del país y está afectando los ecosistemas de la Amazonia”, explicó a SciDev.Net Carlos Lusverti, miembro del Comité Ejecutivo de AI de Venezuela.

Abarca varios estados y territorios amazónicos y además de la deforestación de la zona tiene un impacto aún desconocido sobre el ambiente, los pueblos originarios y la gente que vive allí que, entre otras cosas, se traduce en explotación sexual, tráfico de personas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y trabajos forzados, precisó.

Sin embargo, la falta de acceso a información por parte del estado, en algunos casos porque no existe y en otros casos por la negativa del estado a entregarla, hace muy difícil cuantificar sus daños sobre todo el ecosistema, dijo Lusverti. Para Marina Navarro, directora de AI en el Perú, la situación regional en términos de derechos ambientales “es muy compleja”.

Preocupación y esperanza

El hecho de que dos terceras partes de los asesinatos contra activistas ambientales hayan ocurrido en América Latina es tan preocupante para ella como el aumento del 30% en 2019 de los incendios forestales en la Amazonía brasileña respecto a 2018. “Pero que a pesar de esta situación adversa los líderes, activistas, hombres y mujeres sigan reclamando sus derechos y movilizándose es esperanzador”, afirma.

Sánchez concuerda. Según ella, es rescatable “la conciencia ambiental que ha adquirido un sector muy importante de Colombia, hay movilizaciones que en el pasado no se hacían, la juventud tiene mucho más conciencia del cambio climático y de la tragedia de la tierra”.

La base de datos del portal Tierra de Resistentes —un esfuerzo investigativo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú— ha documentado 1.356 hechos victimizantes entre 2009 y 2018 contra líderes y comunidades de esos países que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales. Sin embargo, advierten que el subregistro de casos es muy grande. Brasil y Colombia presentan las mayores tasas.

“Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos —selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales— dentro de sus territorios”, se lee en el portal, que ha logrado pormenorizar los atropellos por tipos de violencia, comunidad étnica, género, recurso defendido y estado del caso.

Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, en este gráfico solo se tomó en cuenta el principal recurso defendido./ Fuente: Tierra de Resistencia.

“Son personas que por vías no violentas reclaman sus derechos comunitarios y quedan expuestas”, refiere Josefina Miró Quesada, investigadora de temas de género y derechos humanos y asesora del gabinete en la Defensoría del Pueblo del Perú.

Las mujeres y el acceso a la información

A ella le preocupa particularmente la vulnerabilidad de las mujeres rurales. “[Ellas] luchan por la protección de sus territorios y tierras, y eso las hace más susceptibles de sufrir otros tipos de violencia. La hostilización no queda en palabras —son calificadas de oponerse al desarrollo y hasta de terroristas— o enfrentamientos físicos, sino en procesos judiciales, promovidos por las empresas y por el propio estado”, señala.

Sostiene que las mujeres rurales al confrontar experiencias muy diferentes a las activistas urbanas “tienen que ser protegidas de maneras diversas”. Tierra de Resistencia ha documentado 216 ataques contra mujeres en la década estudiada.