Según el más reciente análisis del Grupo de Diálogo Rural en Colombia, las precarias condiciones de los municipios con cultivos de coca limitan considerablemente la cobertura en educación, salud, empleo y calidad de vida de 298.000 jóvenes rurales..

Los cultivos de coca en Colombia han aumentado en un 17% con respecto al año anterior. Putumayo, Caquetá y Pacífico son algunas de las regiones con mayor producción ilícita asociada a estas actividades. Los jóvenes rurales, que representan el 27% de la población total, son los más afectados porque se encuentran en territorios donde las oportunidades y los ingresos están condicionadas por el negocio de `raspar coca´. 

A pesar del descenso en los precios, cultivar coca sigue siendo una de las pocas alternativas con las que cuentan los jóvenes en estos territorios. Ellos perciben las oportunidades de vinculación laboral en uno o varios eslabones de la cadena productiva, ya sea, “raspachines”, comercializadores o miembros de las estructuras criminales. Según la FIP, el 71% de las veces, la vinculación al cultivo se explica por su rentabilidad, mientras que el 59% por la limitación de opciones de generación de ingreso de otras actividades.

En ese panorama, el estudio toma como referencia los 183 municipios con cultivos de coca reportados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) en el año 2016. De ellos, el 44% se identifican como municipios eminentemente rurales, un 37% como rural-disperso; un 9% como intermedio y un 7% como ciudades y aglomeraciones de acuerdo con las categorías de ruralidad señadas por la Misión Rural. 

El estudio además, afirma que estos municipios se encuentran más alejados de centros urbanos, no solo por  la distancia lineal, sino  por los tiempos de viaje. Una situación que dificulta el intercambio de diversas actividades económicas, sociales, culturales y políticas que promueven el desarrollo de estos territorios. En promedio, el tiempo que toma llegar a los centros urbanos es casi el doble desde los municipios afectados que desde los municipios sin presencia de cultivos de coca. 

En cuanto a las repercusiones que esta situación tiene sobre los jóvenes, el análisis evidencia que los territorios con cultivos de coca tienen un porcentaje más alto de jóvenes rurales (26.09%) en comparación con aquellos municipios que no tienen cultivos de coca (23.33%). 

Adicionalmente, como aspectos generales, del total de los 298.000 jóvenes entre los 15 y los 30 años registrados en el Censo Nacional Agropecuario del 2014 (CNA) en los municipios afectados en 2017, el 48,4% corresponde a mujeres, el 28% se considera afrocolombiano y el 18% indígena. 

En lo que se refiere a salud, según datos del CNA (2014), el 91 % de los jóvenes que habitan las áreas rurales de los municipios con cultivos de coca se encuentra afiliado al sistema de salud. No obstante, se destaca que el 80% pertenece al régimen subsidiado, y solamente el 7% se encuentra en el régimen contributivo, lo cual refleja la precariedad de las oportunidades de empleo formal o mejores ingresos. 

“Estos datos evidencian el grado de vulnerabilidad que experimentan los jóvenes rurales que habitan en municipios donde se cultiva coca. Alternativas lícitas que reconozcan estas particularidades, sus aspiraciones y deseos, son claves para contribuir a la transformación de sus realidades” afirmó Ángela Penagos, directora en Colombia de Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

A partir de este análisis, el Grupo de Diálogo Rural definirá un documento dirigido al Gobierno Nacional para formular mejores políticas públicas dirigidas a los jóvenes rurales con el fin de mininizar la relación entre juventud rural y cultivos de coca.