Por: Dante Rofi

"Hoy no hay soberanía alimentaria porque la tierra, la agroindustria y el comercio están fuertemente concentrados", dijo Diego Montón

En el debate por la intervención de la firma Vicentin que quiere llevar adelante el Gobierno, en medio de un concurso de acreedores por deudas próximas a los 100.000 millones de pesos que la firma santafesina contrajo con productores, cooperativas, bancos nacionales y extranjeros, uno de los argumentos oficiales para avanzar con la medida fue propender a la soberanía alimentaria.

El concepto de "soberanía alimentaria" fue lanzado en 1996 en el Foro de la Organización de la Sociedad Civil de Roma por la Vía Campesina, un movimiento internacional conformado por 182 organizaciones de campesinos y de agricultores familiares con presencia en 81 países. La declaración final de ese foro –"Beneficio para pocos o comida para todos"– se presentó en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en ese mismo año.

Para conocer qué implica la soberanía alimentaria y si ella puede ser aplicada a la coyuntura actual LA NACION consultó a Diego Montón, ingeniero agrónomo, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que representó a América Latina en el colectivo internacional de Derechos Campesinos de La Vía Campesina y en el Grupo de Trabajo Intergubernamental para una Declaración de Derechos Campesinos y Otras Personas que Viven en Áreas Rurales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fue aprobada por el organismo en diciembre de 2018.

"La soberanía alimentaria es un concepto dinámico que expresa, fundamentalmente, la propuesta política de los movimientos populares para enfrentar el hambre y sus consecuencias. Comprende el derecho de los pueblos a una alimentación saludable y nutritiva, adecuada culturalmente, en base a alimentos producidos de forma ecológica y sustentable, así como el derecho a decidir su propio sistema agroalimentario, priorizando la participación y las necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen, por sobre los intereses de las empresas y de los mercados", explicó Montón.

Agregó que en la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos se hace hincapié en la soberanía alimentaria, asociada a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030. "En su artículo 15 establece que los Estados, en asociación con los campesinos y con otras personas que trabajan en las zonas rurales, formularán políticas públicas a nivel local, nacional, regional e internacional para promover y proteger el derecho a una alimentación adecuada, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, así como sistemas alimentarios sostenibles y equitativos", detalló.

–En la Argentina se sostiene que la producción de alimentos alcanzaría para alimentar a varios cientos de millones de personas, con una población que no supera los 45 millones, ¿por qué alguien podría sostener que no hay soberanía alimentaria en el país?

–En la Argentina cerca de un cuarto de la población padece inseguridad alimentaria, pero, además del hambre, crece la obesidad y la malnutrición. Solo el 6% de los argentinos come la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud de verduras y de frutas. Y tenemos grandes problemas de contaminación con agroquímicos, según lo advierten los propios análisis del Senasa. Así que, no se trata solo de productividad, sino de quién y cómo produce, y de quiénes y cómo acceden a los alimentos, así como el cuestionamiento sobre qué es un alimento saludable.

Hoy no hay soberanía alimentaria porque la tierra, la agroindustria y el comercio están fuertemente concentrados, hay una situación oligopólica que atenta contra una democratización de esos bienes. Las brechas entre la retribución que obtiene el productor y el precio en la góndola de los alimentos han llegado a extremos del 500%. El propio Estado tiene dificultades para comprar alimentos en un país que tiene las condiciones para alimentar una población 10 veces mayor a la actual. Esto es porque el pueblo no es soberano sobre su sistema agroalimentario. Por eso desde las organizaciones campesinas sostenemos que no tenemos soberanía alimentaria en la Argentina.

–Más allá de los negocios complementarios que desarrolló la firma, Vicentin es una exportadora de granos y de los subproductos que elabora con parte de esos grano, ¿cómo entra ahí el argumento de la soberanía alimentaria en medio de un proceso de intervención y de una posible expropiación de la firma?

–En primer lugar, el Estado interviene porque Vicentin está quebrada y porque todo indicaba que iba camino a ser adquirida por una empresa extranjera de la línea de otros grandes del sector, como Cargill o Dreyfus. Se avanzaba hacia una mayor concentración y extranjerización del sistema agroexportador argentino. Y el anuncio nos impactó como organización en el sentido que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, coloca como horizonte la soberanía alimentaria. Pero eso no quiere decir que con una intervención de Vicentin la soberanía alimentaria quede garantizada, porque está claro que tenemos una crisis alimentaria que ya es estructural. En ese sentido, el comercio exterior de alimentos es importante. El Estado debe poder controlarlo y regularlo, porque el mercado externo determina stocks y precios de productos esenciales en el mercado interno.

La soberanía alimentaria requiere un comercio exterior regulado en torno de la prioridad del abastecimiento de alimentos de calidad para toda la población. Es básico, el capital financiero se rige por la lógica de la acumulación y de la especulación. Ningún gobierno que se plantee el beneficio de su pueblo puede dejar liberado el comercio exterior.

–La agricultura familiar, campesina e indígena no es un actor relevante en la producción de granos y, menos, en su exportación, ¿por qué, entonces, les parece relevante que el Estado intervenga en ese sector?

–Bueno, por un lado, el sector cooperativo y las pymes agropecuarias son actores importantes para el desarrollo y en gran medida están integradas por agricultores familiares. En el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular pudimos encontrar muchos puntos en común y de agenda compartida con el movimiento cooperativo. Pero, además, Vicentin convertida en una empresa nacional, estatal o mixta, podría jugar un papel clave en el mercado interno también.

–Con todo el costo económico y político que la intervención y eventual expropiación de Vicentin le genera al Gobierno, ¿no hubiera resultado más productivo destinar ese esfuerzo a promover y a respaldar la producción y la comercialización de la agricultura familiar, campesina e indígena?

–Creo que no hay otra salida que la expropiación de Vicentin, por lo antes mencionado, porque además entra en juego el problema de la fuga de divisas a partir de las diversas maniobras que ahora son objeto de investigación judicial. Esas divisas pueden ser reorientadas al desarrollo nacional, incluida la inversión que la agricultura familiar y campesina requiere para su tecnificación y agregado de valor, áreas sobre las que hemos dado pasos importantes, pero sobre las que aún debemos seguir progresando.

Nosotros, de todas maneras, esperamos que rápidamente surja una agenda de desarrollo con la participación de las organizaciones campesinas que establezca financiamiento concreto para el desarrollo de agroindustrias locales para que la agricultura familiar, campesina e indígena pueda abastecer con valor agregado a los mercados de cercanía y a los programas del Estado. En ese sentido, muchas organizaciones de este espacio del sector agropecuario venimos trabajando para ser protagonistas del Plan Argentina Sin Hambre.

–¿Se valora el trabajo de la agricultura familiar o cree que aún se la subestima desde el segmento denominado genéricamente como "el campo"?

–Quizás algunos la subestiman, pero creo que en general hay un fuerte componente ideológico que rechaza lo popular y lo nacional. Durante el gobierno de Cristina Fernández participamos en mesas de diálogo donde estaba representado el Estado, la Iglesia, la Mesa de Enlace, Aacrea y Aapresid. Tras la asunción de Mauricio Macri a la presidencia todo el agronegocio abandonó esa mesa de diálogo y el Estado también se retiró. Quedamos solos con la Iglesia. A partir de allí desmontaron la política que se había construido para el sector y se agudizó la violencia en el campo. Creo que no nos subestiman, creo que el destrato responde a que quieren el Estado y sus recursos solo para ellos. Y eso es bien distinto.

Publicado en La Nación