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El presente documento tiene por objeto la política agraria de la República de Guatemala, de carácter multisectorial y alcance nacional. La política agraria está concebida como un componente del desarrollo rural integral, que recoge el conjunto de objetivos, acciones estratégicas e instrumentos, que en su conjunto, pretenden facilitar y ampliar el acceso a la tierra y alcanzar la certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia, posesión y propiedad de la misma, con el fin de reducir los conflictos agrarios. El documento busca evitar la visión de política agraria como mero acceso a la tierra y ampliarla hacia el acceso a otros activos productivos, los cuales son tan necesarios como la tierra en la generación de mejores condiciones de vida de los habitantes del área rural. La política busca asimismo acudir a la consideración dinámica de los activos productivos en su capacidad de incidir como factores creadores de recursos y riqueza, que permitan la superación de la pobreza y pobreza extrema. Los ejes de la política agraria son: 1) acceso a la tierra; 2) certeza y seguridad jurídica; 3) atención a conflictos agrarios; 4) impulso a la competitividad del área rural.Erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria es uno de los objetivos que persigue la política agraria. A este respecto se hace hincapié en la importancia de pasar de una economía de subsistencia a una economía campesina excedentaria.Por otro lado, el documento busca que la agricultura sea más productiva y sostenible. Uno de los principios enunciados es el de contar con un manejo sostenible de recursos naturales y afrontar con responsabilidad social el reto de generar desarrollo humano para toda la población guatemalteca. La sostenibilidad de recursos es uno de los ejes de la matriz de la política agraria (ver cuadro 1).Otro de los objetivos de la política es erradicar la pobreza rural.Además el documento busca que los sistemas agrícolas y alimentarios sean más inclusivos y eficientes. Un mayor acceso a los recursos y activos productivos, entre ellos la tierra, implica transformar la situación agraria del país, impulsando el surgimiento de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas excedentarias como motores económicos del cambio hacia la superación de la pobreza y extrema pobreza, lo cual presupone que esta política esté íntimamente vinculada a la de desarrollo rural. Para conseguir esta meta se definen las líneas de acción que contemplan: subsidios e incentivos (Fondo de garantía crediticia para compra de tierras; condiciones preferenciales al Estado sobre activos extraordinarios de bancos y otras entidades financieras); reforma al Impuesto Único sobre Inmuebles; regularización de tierras, y en particular aquéllas en posesión de comunidades indígenas. Por otro lado, para dar impulso a la competitividad rural se prevén medidas relacionadas con la certificación agraria para mejorar el acceso a los mercados internacionales.El apartado VII del documento establece el Sistema de Investigación y Monitoreo Agrario (SIMA), que se ocupará de actualizar, retroalimentar y ampliar la información relativa a los resultados del sector público agrario; y a su vez, realizar investigaciones de los procesos, los efectos e impactos de la política y la institucionalidad, teniendo como contexto general, el desarrollo rural, la conflictividad agraria y la pobreza rural. El producto final será la elaboración de informes técnicos útiles para la toma de decisiones dentro del Gabinete Agrario.
