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El presente documento tiene por objeto la Política para la equidad de género en el Agro Hondureño, de alcance nacional y relativa al período 1999-2015. Su objetivo general consiste en institucionalizar y operacionalizar un proceso que permita el fortalecimiento y la ampliación de oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales en igualdad de condiciones a las mujeres rurales, a fin de reducir al año 2015 la brecha de género existente en el agro hondureño. Los principios rectores de la política son: 1) igualdad de las personas en el área rural; 2) sostenibilidad en el uso de los recursos naturales; 3) promoción de las personas de modo que participen en el proceso de desarrollo; 4) eficiencia y eficacia en el desarrollo de acciones en busca de la equidad de género y el desarrollo productivo del sector agrícola. La política está dirigida a la población agrícola rural y no sólo a sectores o grupos de mujeres beneficiarias; es decir, tiene como principal beneficiaria a la población agrícola femenina en su conjunto, pero abarca a todos los productores del área rural.Entre los objetivos específicos de la política se contempla mejorar, con carácter de urgencia, el estado de la seguridad alimentaría de las familias campesinas, incorporándole enfoque de género. Entre las acciones se prevé potenciar el papel de las mujeres en la producción de alimentos, especialmente de los subsistemas huerto y patio, tanto en lo referido a alimentos vegetales, como animales.El documento busca que la agricultura sea más productiva y al mismo tiempo sostenible. En este sentido contempla medidas para integrar a las mujeres y hombres, en igualdad de condiciones, como elemento clave para alcanzar la sostenibilidad ecológica, para lograr la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida.La política propicia sistemas agrícolas inclusivos a través de una serie de medidas en el ámbito del acceso y control de los recursos productivos básicos. Se definen los siguientes objetivos específicos : 1) promover el acceso a propiedad en el uso y tenencia de la tierra de las mujeres rurales, dando prioridad a las mujeres jefas de familia; 2) facilitar el acceso de las mujeres rurales al crédito; 3) promover a las mujeres rurales como beneficiarias de la capacitación técnica (tanto de producción como de mercado) y la transferencia de tecnología, dando prioridad a los que son jefas de familia. Asimismo se prevén medidas para alcanzar el acceso de las mujeres a la capacitación laboral y a las inversiones productivas destinadas a este sector que se ha priorizado como motor de la apertura comercial en la agroindustria rural. Otra cuestión que la política aborda expresamente es el de las desigualdades y desventajosas condiciones de trabajo de la fuerza laboral femenina en el sector rural.Con respecto a la institucionalidad, uno de los ejes de la política es lograr la institucionalización de la equidad de género en todas las entidades del sector público agrícola. La política será implementada a través de planes operativos anuales de cada una de las instituciones del sector público ágrícola, en los cuales se programarán las metas, actividades, cronogramas y responsables de cada medida. El seguimiento regular de la ejecución del plan será competencia del Comité Técnico Interinstitucional del Sector Público Agrícola.
