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Mas que palabras
*Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS
En los dos primeros meses del año, Chile y Haití, dos países hermanos fueron azotados por movimientos sísmicos de enorme magnitud, causando entre su población daños tangibles e intangibles y planteando enormes demandas de ayuda humanitaria. Estos momentos presentan un gran desafío para demostrar la solidaridad eficaz de nuevas instituciones regionales, que hasta la fecha han actuado principalmente sólo en el campo político.
El pasado doce de enero, cuando faltaban siete minutos para las cinco de la tarde, la rutina en Puerto Príncipe fue brutalmente interrumpida por los sacudones de la tierra. Durante dos horas terroríficas hubo por lo menos seis réplicas del terremoto más devastador del que se tiene noticias, que ocurrió tierra adentro, a una distancia aproximada de 15 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe, que a la profundidad de diez kilómetros tuvo una magnitud de 7.0 en la escala de Richter y se sintió con una intensidad de grado IX en la escala sismológica de Mercalli, según varias de las centenares de crónicas publicadas a través de Internet.
Mientras los principales edificios caían como castillos de naipes, las comunicaciones se cortaron y la gente despavorida buscaba a sus seres queridos debajo de los escombros, el tráfico colapsó y el mundo vio cómo la desgracia volvía a golpear a la población de un país que ha labrado a golpes su lugar en la historia por hechos tan disímiles e impactantes como haber sido el primero en lograr su independencia del poder colonial y pasar posteriormente de una dictadura feroz a sucesivos gobiernos que no logran remontar la marca trágica de la corrupción, la violencia y la pobreza.
Haití comparte con República Dominicana su ubicación en la isla caribeña La Española, al igual que comparte la denominada falla de Enriquillo, causante de varios de los terremotos que han asolado sucesivamente una región azotada por el interés estratégico que supone para Estados Unidos (que ha intervenido ya en al menos dos oportunidades) y por huracanes y movimientos sísmicos, cuyos efectos devastadores se tienen registrados en una cronología histórica escalofriante que abarca sucesivamente 1770 , 1771, 1842, 1887, 1904, 1946, 1994 y 2010.
El país más pobre de América, ocupa el puesto número 149 de 182 países según el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En cifras esto quiere decir que más del 80 por ciento de su población vive bajo la línea de pobreza, mientras la mitad está catalogada en situación de pobreza extrema; las remesas enviadas por los migrantes suponen el 40 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), y sus problemas sociales van desde una débil institucionalidad hasta los mayores índices de inseguridad ciudadana entre los países de la región.
A 45 días del terremoto, según la BBC, los cálculos de la tragedia arrojan números que van desde 230 mil muertos, tres millones de afectados entre heridos, personas sin vivienda, desaparecidas y refugiadas en la frontera de la vecina República Dominicana. Hay escasez de agua potable, alimentos y medicinas, situación agravada por la inseguridad de un caos latente que podría producirse por los ataques de gente desesperada a los centros de acopio y distribución de ayuda.
La ayuda humanitaria fue inmediata y se mantiene, a través de misiones presenciales, envío de medicinas, enseres, alimentos, voluntarios y dinero en efectivo. Se han hecho presente países europeos y latinoamericanos, Estados Unidos, y las numerosas instituciones multilaterales y del sistema de la ONU.
En febrero, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) promovió entre sus miembros aportes que suman cien millones de dólares, calculados según el PIB y la población de cada país.
Las declaraciones y los compromisos asumidos por UNASUR muestran una nueva perspectiva que podrían asumir este tipo de organizaciones, complementando lo que vienen haciendo en pos de su consolidación. En teoría los países sudamericanos tienen todas las potencialidades para atender crisis alimenticias en la región, como las que pueden derivar de Haití.
La utilidad del compromiso de UNASUR es generar acciones que integren a los países desde perspectivas concretas, superando la noción de que la pobreza es un indicador solamente nacional. Poco a poco se podría atender indicadores regionales y por tanto políticas y metas de la misma envergadura.
Pero la declaración no es suficiente, es necesario su cumplimiento. Esta es una buena oportunidad para hacer seguimiento a los compromisos de los jefes de Estado, de manera que los resultados de esta gestión recobren la atención de la ciudadanía sobre las cumbres presidenciales, abundantes por su número y variedad pero no precisamente por la concreción de sus buenos deseos.
* El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPRDS) es una iniciativa especializada en desarrollo rural, que complementa otras acciones originadas en distintos ámbitos de Estado y sociedad civil desde una perspectiva circunscrita a Sudamérica. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones teóricas, políticas y técnicas para el desarrollo rural en Sudamérica.
