El trabajo consiste en un estudio histórico y crítico de los mecanismos jurídicos de protección de las tierras de la población desplazada, en el cual se revisan las políticas públicas y la legislación que ha tenido incidencia en la materia.

La presente investigación titulada: “La restitución de tierras en Colombia: un instrumento para reparar las víctimas del conflicto armado o un instrumento político para el desarrollo económico”, se enmarca dentro de los estudios de instrumentos de la política pública y la plantea como interrogante central: ¿Por qué se privilegió la restitución de tierras, Ley 1448 del 2011, como el instrumento para reparar los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia?

La presente tesis tiene como objetivo principal realizar una descripción sobre el fenómeno de desplazamiento forzado en Colombia, así como de los avances que el Estado ha implementado en la política de prevención y atención de la población afectada por este fenómeno, en especial de los mecanismos de reparación establecidos para lograr el restablecimiento de derechos a través de la restitución de tierras.

Este trabajo da cuenta de la visión de desarrollo y su incidencia en la implementación del acuerdo uno (1) de la Habana sobre Desarrollo Rural Integral, desde el enfoque de paz territorial y los mecanismos construidos para la consecución de la paz en sus territorios por las comunidades negras en el Medio Atrato Chocoano.

La promulgación de la Ley 387 de 1997 en Colombia, funda un nuevo sujeto jurídico que será nombrado, definido y reconocido bajo la categoría "desplazado". Desde la promulgación de la Ley 387 de 1997, “En Colombia, el empleo de la categoría "desplazado" se encuentra usualmente acompañado del verbo ser y no del estar, generando que ser "desplazado" no sea asumido como una situación transitoria de la cual pueden salirse quienes han quedado registrados en dicha categoría sino que, por el contrario, ser "desplazado" comienza a ser asumido como una identidad (Osorio, 2000:177).

El propósito de este artículo es explorar algunas consideraciones basadas en el criterio de la eficiencia económica pura; necesarias para diseñar una política pública eficiente para la de asignación de activos ambientales de interés público. Se presenta una versión del modelo de Fisher y Krutilla para estudiar el problema de asignación óptima de recursos naturales bajo conflictos del uso entre conservación y desarrollo. El modelo se aplica a un estudio de caso para determinar el mayor y mejor uso de un ambiente natural urbano en Bogotá; Colombia.

It has been argued that many of the poverty reduction strategy papers pay insufficient attetion to the role of land access and land distribution in rural poverty. Redressing the inequalities between small-scale and large-scale farming sectots is likely to be an important element of an effective rural poverty reduction strategy in countries such as Zimbabwe and Kenya.

Recent food security crises in Africa have revived the debate on whether current land tenure systems constrain farmer innovation and investment in agriculture. Both direct and indirect linkages between land tenure and food security have been suggested. This study aims for a better understanding of these linkages.

Through an analysis of the right to adequate food and the right to land, this civil society report, argued that achieving food sovereignty requires agrarian reform.

This proceedings issue from a mini conference held in November 2004 presents six papers summarising attempts to establish best practice equity-share schemes on two commercial farms in the province of KwaZulu-Natal. The main object of this participatory research was to test and refine land reform policy influencing the role of equity-share schemes as instruments of land and agrarian reform in South Africa.The papers presented were as follows:Land redistribution in Kwazulu-Natal: an analysis of Farmland transactions from 1997 until 2002 by Stuart Ferrer and Allan Semalulu.

This study utilizes land registry data from the First and Second Stage Land Registration Reforms that took place in 1998 and 2016 in sampled districts and communities in Tigray region of Ethiopia. Tigray was the first region to implement low-cost land registration and certification in Ethiopia and providing household level land certificates in the names of household heads. Second Stage Land Registration and Certification (SSLRC) is scaled up since 2015 and provides households with parcel-based certificates with maps. The SSLR&C lists all holders of parcels by name and gender.

The 1998 Land Act represents one of the most important pieces of legislation in Uganda, which is predominantly an agricultural country. The role of a consortium of NGOs, The Uganda Land Alliance (ULA), is analysed in this paper, with regard to the enactment of the Act. The issues addressed include: