Aunque la información existente muestra que las mujeres rurales han mejorado su acceso legal y efectivo a las tierras agrícolas, con frecuencia estos cambios ocurren en circunstancias adversas para la pequeña propiedad campesina e indígena. En consecuencia, las mujeres no alcanzan necesariamente mayor poder, autonomía económica o mejores condiciones materiales para la seguridad alimentaria de sus hogares.

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 1993, un 4,7% del total de mujeres pequeñas productoras cuenta con un título de propiedad debidamente registrado frente a un 14,7% de varones.

Publicación que gira en torno a la situación de las mujeres vascas dentro del sector agrario y rural, analizando desde una perspectiva feminista su condición y posición en torno al trabajo, la actividad económica y la acción política, fundamentalmente. Todo ello, enfocado desde el planteamiento político emancipatorio realizado desde la Soberanía Alimentaria.

En el mundo rural de hoy se están presentando muchas transformaciones que forman parte de lo que se denomina la nueva ruralidad, en la cual la dimensión de género es importante. Este escrito pretende hacer una aproximación a la temática de las mujeres rurales y la nueva ruralidad, utilizando resultados de la investigación “Pobreza rural y trabajo femenino en Colombia” realizada, por las autoras, en dos departamentos rurales pobres de Colombia.

Hay un fenómeno de feminización de las áreas rurales, pero con importantes diferencias entre países. En América Latina y el Caribe, el tamaño de la tierra cultivada o administrada por mujeres tiende a ser entre 42% y 80% menor y de inferior calidad que la de los hombres.

Analiza la situación de la mujer rural en El Salvador. El estudio señala que tanto en el proceso de reforma agraria, como en el Programa de Transferencia de Tierras existen disparidades de género que en lo fundamental no han permitido ni potenciado el acceso y control a la propiedad rural, a los créditos agrícolas para las mujeres, además de la ausencia de políticas gubernamentales que fortalezcan el desarrollo rural.

Ser mujer y a la vez ser joven en las comunidades del altiplano paceño enfrenta a una persona a un doble desafío, a vencer dos barreras de discriminación, dadas las características de la estructura social en esos ámbitos territoriales. No es fácil, nada fácil, pero es posible salir adelante y así lo demuestran los casos de Wilma Pari y Virginia Rondo, quienes saliendo de los moldes tradicionales de las mujeres rurales debido a su formación universitaria, lideraron la construcción de acuerdos familiares para la gestión comunal de los derechos de propiedad de la tierra.

En esta obra se relata y analiza el conflicto de los campesinos del Valle del Aconcagua entre 1950-1988, se explica las diferentes visiones de una construcción histórica de los cambios vividos durante el proceso de la Reforma Agraria ocurrida en Chile.

Durante el Foro “Las mujeres y la tenencia de la tierra en México”, la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, detalló que ha presentado diversas iniciativas, entre las que destaca la relativa a la creación de un fideicomiso que sirva como fondo de garantía, respecto a las solicitudes de crédito de mujeres y otra sobre la transmisión de la propiedad de las mujeres.

Una de las mayores trabas que obstaculizan el aumento de la productividad agrícola y los ingresos de la mujer rural es su falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia. La tenencia de la tierra implica un conjunto de derechos que, sobre ésta, posee una persona o una organización. La seguridad de estos derechos no se limita a la propiedad privada; abarca varias formas como arriendo de la tierra pública o derecho del usuario a la propiedad comunal.

La Comisión Colombiana de Juristas ha elaborado el presente Informe acerca de la política agraria y su impacto sobre los derechos de las mujeres, con la finalidad de brindar información acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en ese campo.

La legislación debe garantizar que las normas que regulan la administración de tierras y su registro y las políticas de reforma agraria protegen los derechos de las mujeres y promueven la igualdad de género.