La Justicia de Salta comenzó un juicio contra la dirigente campesina y otros trabajadores de la tierra en una causa impulsada por una empresario que busca desalojarlos desde hace 10 años. La criminalización del conflicto territorial despertó el pedido de absolución por parte de organismos de derechos humanos y funcionarios del Ejecutivo nacional, y pone de relieve el incumplimiento de las leyes vigentes y las normas pendientes.

Con el respaldo por el pedido de absolución de organizaciones de derechos humanos, sindicales, campesinas e indígenas, de diputados nacionales y de organismos del Estado, la dirigente campesina y defensora del ambiente Lucía Ruiz se sentó hoy en en el banquillo de los acusados en la primera audiencia realizada por la Sala II del Tribunal del Juicio de Tartagal, Salta, para enfrentar los cargos de “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”. La campaña nacional por su absolución denuncia el armado de la causa por parte del empresario Javier Vidizzoni, quien desde 2010 se arroga la posesión de tierras campesinas en los parajes de Lote Colonia La Juanita y La Santafesina. La sentencia del juicio está prevista para el próximo lunes 31. 

En el arranque del juicio oral, a cargo del juez Anastasio Vazquez Sgardelis, se rechazó la presentación de amicus curiae hechas ayer por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la Coordinadora de Comunidades del Pueblo Kolla Qullamarka y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), la Asociación de derechos humanos Liberpueblo, el CELS, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA). Sgardelis validó los argumentos de la querella y la fiscalía respecto de que el juicio se centra en el delito denunciado y no en el contexto de violación a los derechos campesinos que señalan las organizaciones.  

Esa posición marcada por el juez Sgardelis en el inicio de la audiencia desestima dos pronunciamientos enviados desde el Ejecutivo nacional por parte de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCeI)  y la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) para que se respeten las recomendaciones internacionales en casos contra defensores de derechos humanos y ambientales, y, en particular, el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia el pasado 22 de abril.  

Junto a Lucía están sentados en el banquillo Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz, dirigentes campesinos de Rivadavia Banda Norte, quienes conformaron el grupo de defensores que frenaron las topadoras enviadas por Vidizzoni a las tierras campesinas, en 2015. Los trabajadores de la tierra ya contaban con un amparo, desde el año 2010, que frenaba el intento de Vidizzoni de avanzar sobre tierras que se encuentran dentro de la categoría 2 del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos con prohibición de desmonte, de acuerdo a la Ley de Bosques. Además, de acuerdo a la Dirección General de Inmuebles salteña, el empresario no cuenta con ningún título de las tierras que reclama. 

La organización de derechos humanos Liberpueblo, que inició la campaña por la absolución de la dirigente campesina, denuncia que la estrategia para criminalizar la defensa de los derechos de posesión campesino fue montada con la “connivencia con el poder político local y la policía”, cuando en 2015, el empresario Vidizzoni envió a un hombre suyo, Arturo Bernardo Castellanos, a avanzar con los desmontes. Tras ser frenado por la acción de los dirigentes campesinos, los denunció por los cargos que hoy los llevan al banquillo. En la etapa de instrucción, la casa de Lucía fue allanada y no se encontró ninguno de los elementos que se denuncian haber sido robados por Castellanos. 

“Lo único que hacemos es tratar de fortalecer el campo para que la gente se arraigue y no le puedan quitar sus tierras. Venimos fortaleciendo los parajes, los puestos de los productores, campesinos y las comunidades originarias”, sostuvo Lucía, titular de la organización campesina Unión y Progreso de Coronel Juan Solá, en una videoconferencia convocada por Liberpueblo, el sábado pasado, en la que recibió el respaldo de Pérez Esquivel y la diputada nacional por Salta Lía Verónica Caliva. “No estás sola Lucía. Tu causa no es aislada, sino que se presenta en todo Latinoamérica”, señaló el Premio Nobel en ese encuentro sobre la situación de la dirigente campesina reconocida, en 2019, con el premio Berta Cáceres entregado por el Senado de la Nación.  

La causa de Lucía Ruiz y los derechos campesinos   

El hecho denunciado en 2015 por el hombre señalado como empleado del empresario Vidizzoni fue llamado a juicio oral el miércoles 28 de abril, tan solo 6 días después de que entrara en vigor el Acuerdo Escazú, el primero en materia ambiental en América Latina y el primero a nivel global en compromete a los Estados en la protección de los defensores del ambiente. “Se debe tener en extremo cuidado el tratamiento de causas que signifiquen un riesgo de criminalizar a los defensores del medio ambiente y la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente sano”, advirtió el coordinador de la Región NOA de la DNPFAJ, Ezequiel Álvarez, en una carta elevada ayer al juez Sgardelis, respecto de la entrada en vigencia del acuerdo continental. 

Álvarez le recordó también al juez de la Sala II de Tartagal que la denuncia contra los dirigentes campesinos se enmarca en un conflicto territorial enmarcado en la Ley de Bosques, ya que se encuentran en zona amarilla dentro del ordenamiento territorial provincial. “Es decir, que son sectores de mediano valor de conservación, quedando su uso limitado al aprovechamiento sostenible y recolección de las familias campesinas que allí habitan. Por lo tanto, es obligación del Estado proteger esos territorios del desmonte indiscriminado”, apunta Álvarez.

El juez Sgardelis también recibió una nota por parte de la Secretaría de Agricultura Familiar en la que lo convocan a evaluar la denuncia contra Lucía y los dirigentes de la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta en el marco de las recomendaciones de los organismos internacionales. “La defensa y guarda de los derechos campesinos e indígenas son prioridad para nuestra gestión, sobre todo encontrar modos de acción directos, efectivos allí donde las necesidades y urgencias no pueden esperar”, señaló el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel Gómez, en sus redes. Tras la presentación de la carta. 

La propia Lucía denuncia el avasallamiento de los derechos campesinos desde que sumó a sus tareas de producción y cría de ganado menor en el paraje El Pértigo, la creación de la organización Unión y Progreso, en 2009, para concientizar y pelear juntos a las campesinas y campesinos del Chaco Salteño. En la conferencia realizada el sábado pasado, la dirigente advirtió que “hay otros tres compañeros con órdenes de desalojo” de sus territorios, que se encuentran frenadas por la  el artículo 9 de la Ley provincial 7658 –promulgada en 2010–, que impide los desalojos a los campesinos criollos. 

Freno a los desalojos que, denunció la dirigente campesina, vencerá en diciembre próximo poniendo en peligro las tierras campesinas. El peligro no es menor frente a una política de desmonte encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, que permitió en 2002 el desmonte de 20.962 hectáreas de bosque y, para 2021, ya convocó audiencias públicas para avanzar sobre otras 28.311 hectáreas.   

La lucha de Lucía y sus compañeros excede los límites de Salta y se incorpora a un reclamo permanente de las organizaciones campesinos frente a la persecución y criminalización de los territorios en disputa con el agronegocio frente a la ausencia de políticas públicas como la necesidad de prorrogar la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, la demorada en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y la promesa pendiente de crear un banco de tierras y avanzar con la Ley de Acceso a la Tierra. 

“En el campo nunca pensamos que íbamos a tener estos problemas, nunca pensamos que necesitaríamos un título porque siempre nos sentimos dueños de nuestras tierras. Mis padres, mis abuelos y mis antepasados vivieron en estas tierras, y yo siento eso, que no necesito un título para demostrar que soy dueña. Para mi ser campesina es lo mejor, conozco todo y creo que no hay otra manera mejor de vivir que ser campesina, vivir de la naturaleza, de los animales, es sacrificado pero se busca la forma”, sintetiza Lucía la cosmovisión campesina en un informe de la Plataforma Defensores Ambientales hecho por la Fundación Plurales.