Después de Colombia, Filipinas, Brazil, México y Honduras, Guatemala es el país en el mundo con más casos documentados de violencia mortal contra personas que se dedican a proteger el medio ambiente y los recursos naturales, según la organización internacional Global Witness.

POR JAVIER ESTRADA TOBAR

En el último año del gobierno de Jimmy Morales se documentaron 12 muertes violentas de personas que trabajaban decididamente en cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, según Global Witness, establecida en Londres.
La organización dice que las y los defensores del medio ambiente intentan proteger las áreas críticas para la preservación del clima y revertir las prácticas devastadoras de las industrias, y “son las personas en la primera línea de la crisis climática”.
El informe también revela que hay más vulnerabilidad entre los pueblos originarios:
“Nuestras estadísticas revelan que una cantidad significativa de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas pertenecen a comunidades indígenas, cuyas habilidades de gestión de la tierra y el agua son cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad”.

Jorge Santos, director de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), dice que el informe de Global Witness debe ser una alerta para prevenir y castigar las agresiones contra activistas, pues hasta ahora la mayoría quedan impunes.

Según Udefegua, en 2019 se reportaron 494 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo 15 asesinatos. Entre esas cifras cuentan 157 ataques a personas que defienden el territorio y los pueblos indígenas, el ambiente y el derecho a la tierra.

De acuerdo con Santos, las agresiones comienzan con campañas de desprestigio y amenazas, luego pasan al plano legal con denuncias penales sin fundamento -que muchas veces llevan a los activistas a la prisión- y luego los ataques pasan al plano físico, con ataques y asesinatos.

“En Udefegua incluso tenemos documentados casos de torturas que han quedado en la impunidad; es algo realmente grave y preocupante que esto siga pasando en una sociedad en la que debería haber democracia”, apunta Santos.
En conjunto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Udefegua elaboraron un protocolo para investigar los ataques a defensoras y defensoras de derechos humanos, que está activo en el Ministerio Público.

El problema, según Santos, es que los altos índices de violencia e impunidad generalizados en el país también se manifiestan en este tipo de agresiones selectivas, y por eso la justicia no castiga a los responsables.