• Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en el año 2017, primer año luego del desarme del grupo rebelde de las FARC, la deforestación en la Amazonía colombiana escaló a niveles exponenciales, superando las 70 074 hectáreas alcanzadas en 2016 hasta alcanzar las 144 147 hectáreas.
• La devastación arrasadora no da señales de detenerse en el futuro próximo. Los datos satelitales muestran que, durante una única semana de febrero, se registraron cerca de 267 000 alarmas de deforestación en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.

 

En 1979, Rafael Orjuela, líder comunitario de Cartagena de Chairá, Colombia, partió hacia el departamento amazónico de Caquetá escapando de las dificultades económicas que lo aquejaban en el interior de la región andina. En aquel entonces, Orjuela se encontró al llegar a destino con tierras amazónicas cubiertas de una densa selva tropical virgen, en donde la fauna “exquisita y sumamente abundante” se desplazaba libremente entre los ríos, las montañas y la llanura.

“En aquel entonces, no existía el problema de la ‘deforestación’. De hecho, desde el propio estado nos habían informado que, si no talábamos al menos un 70 por ciento del bosque de una propiedad, no podíamos reclamarla como propia”, recuerda. “Lamentablemente, hoy estamos pagando las consecuencias de esa mentalidad”.

Durante décadas, el grupo rebelde de las FARC tuvo el control político casi total de las áreas rurales de Caquetá. Pero eso cambió cuando el ejército rebelde más grande de Colombia alcanzó un acuerdo histórico de paz con el gobierno y depuso sus armas en 2016.

“Nuestras vidas ya no se ven perturbadas a diario por los bombardeos, el hostigamiento, las restricciones y el miedo”, confesó el líder comunitario Arvey Albear en entrevista a Mongabay, con la plaza central de la ciudad de San Vicente del Caguán como marco del encuentro y un coro de pájaros cantores de fondo. Según Albear, gracias a este acuerdo de paz, San Vicente del Caguán “respira ahora un nuevo aire”.

Pero al tiempo que en los oídos de los lugareños se disipaba el sonido de las armas de fuego, otro sonido se hacía cada vez más potente: el de las motosierras.

Según la agencia de monitoreo climático IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), en el año 2017, primer año tras la desmovilización de las FARC, la deforestación en la Amazonía colombiana sufrió un abrupto incremento. Y las 70 074 hectáreas deforestadas en 2016 se duplicaron durante ese año, alcanzando una cifra final de 144 147 hectáreas.

IDEAM divulgó también que entre octubre y diciembre de 2018, la Amazonía representó un 75 por ciento de las alarmas de deforestación, y que cerca de 43 000 hectáreas de selva tropical se perdieron en un lapso de tres meses en tres departamentos contiguos: Caquetá, Guaviare y Meta, en la región noroeste de la Amazonía.

La devastación arrasadora no da señales de detenerse en el futuro próximo. Los datos satelitales recopilados por la Universidad de Maryland y visualizados en la plataforma de monitoreo online, Global Forest Watch, muestran grandes franjas de alertas de deforestación (de color rosa) que avanzan hacia la selva tropical primaria. Si bien la pérdida forestal parece haberse ralentizado en cierta manera gracias al inicio de la estación lluviosa el pasado mes de abril, el año 2019 supera al 2018 en términos de deforestación: en tan solo una semana se registraron cerca de 267 000 alarmas en Caquetá, Guaviare y Meta.

“El acuerdo de paz negociado entre las FARC y el gobierno apuntaba a acabar con el conflicto armado”, sostuvo Orjuela. “Pero cuando las FARC se fueron, el gobierno no estaba preparado para manejar la situación… todos sentían que tenían el derecho de actuar sin Dios ni ley, y así fue como la deforestación se multiplicó de manera exagerada”.

Colonizadores, rebeldes y tráfico de drogas

Orjuela sostiene que la deforestación se produce por el actual fenómeno de colonización y acaparamiento de tierras, cuyo fin es principalmente la ganadería extensiva. A su criterio, tanto los agricultores de subsistencia, llamados “campesinos”, como los ricos terratenientes son los responsables por el avance de la frontera agrícola, que cada año se hace con una nueva parte de la cuenca amazónica.

“Aquí en Colombia tenemos un gran problema desde hace ya mucho tiempo y es la falta de acceso a la tierra que padecen los campesinos. Lo que sucede es que las personas que quieren tener sus propias fincas se meten en el bosque, desmontan unas pocas hectáreas y luego todo el mundo reconoce esa propiedad”, comenta Orjuela. “Al mismo tiempo, los terratenientes ricos, que siempre tienen sed de más y más, actúan desde las sombras de los campesinos, financiándolos para que desmonten el bosque, luego compran las pequeñas fincas y conforman grandes propiedades”.

Caquetá, separada naturalmente del resto de Colombia por una cadena montañosa oriental, ha sido blanco de distintas olas colonizadoras desde principios del siglo XX. Los primeros colonos eran plantadores de caucho que explotaban a la mano de obra indígena. Estos instauraron un reino del terror que se cobró la vida de más de 80 000 nativos. Más tarde, a mediados de siglo, una violenta guerra civil entre el partido liberal y el conservador de Colombia condujo a otra ola de colonización.

El mayor atractivo por colonizar la Amazonía colombiana se vivió durante la década de 1970, con el cultivo ilegal de la coca y la marihuana. Esto generó un poderoso incentivo económico para los agricultores sin tierra, en lo que se conoció como la “bonanza cocalera”.

Las FARC habían arribado a la región entre finales de 1960 y principios de 1970. Y, dada la larga ausencia estatal que había sufrido hasta entonces la región, rápidamente se convirtieron en la única autoridad de orden social del lugar. Las guerrillas organizaban a los cultivadores de coca y recaudaban impuestos entre estos para ayudar a financiar la insurrección armada contra el estado.

El cártel de Medellín de Pablo Escobar entró en la Amazonía colombiana en 1980 y allí estableció Tranquilandia; por aquel entonces, el centro de procesamiento de cocaína más grande del mundo. En 1984, fuerzas especiales de la Policía de Colombia, con ayuda de la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA), acabaron con Tranquilandia y, con ella, con nueve laboratorios de cocaína, ocho pistas de aterrizaje clandestinas y 13,8 toneladas de cocaína valuadas en 1,2 mil millones de dólares.

El fallido proceso de paz encabezado por el aquel entonces presidente Andrés Pastrana entre 1999 y 2002 declaró la región como zona desmilitarizada bajo el control de las FARC. Si bien las guerrillas y el ejército consolidaron sus fuerzas, los años siguientes desataron el capítulo más brutal del conflicto armado durante el gobierno del sucesor de Pastrana, Álvaro Uribe, quien contaba con el financiamiento de los Estados Unidos a través del programa antidrogas, Plan Colombia.

El eje del Plan Colombia, que contaba con un presupuesto de más de 10 000 millones de dólares para ayuda militar, se centraba en la fumigación de los campos cocaleros con glifosato (más conocido como “Roundup”), un herbicida fabricado por la compañía agroquímica Monsanto y clasificado por la Organización Mundial de la Salud como potencialmente cancerígeno.

“La vida durante el Plan Colombia, aquí conocido como ‘Plan Patriota’, era muy dura. Los aviones destruían todos los cultivos a su paso y nos dejaban sin comida ni dinero para subsistir”, sostiene Orjuela. “En una de las comunidades vecinas, los aviones sobrevolaron una escuela primaria en una ocasión y arrojaron químicos tóxicos sobre los niños que en aquel momento se encontraban en clase”.

Las acciones militares junto con la depreciación del valor de la coca hicieron que muchos campesinos abandonaran los cultivos ilegales y se dedicaran a la ganadería. Sin embargo, las FARC mantuvieron el control del territorio. Según Orjuela, esto generaba una menor deforestación porque las guerrillas ayudaban a las comunidades a aplicar normas sociales, incluido el cuidado de los bosques.

Las FARC como guardianes del bosque

Si bien las FARC cometieron amplias violaciones a los derechos humanos de los campesinos durante medio siglo de conflicto armado, los rebeldes se consideraban un movimiento campesino, que trabajaba codo a codo con las asambleas y asociaciones locales para mantener el sentido de autoridad moral y control territorial. De este modo, ayudaban a resolver problemas locales, como la construcción de carreteras y la aplicación de códigos sociales.

“Antes de que las FARC abandonaran el lugar, existía deforestación, sí, pero estaba regulada. Las comunidades y asociaciones de campesinos habían establecido reglas que las guerrillas ayudaban a hacer cumplir. Por ejemplo, podías talar tan solo unas pocas hectáreas al año o debías mantener forestada una gran parte de la propiedad”, sostiene Orjuela. “Sin embargo, cuando las FARC se marcharon, se quebraron las reglas y la deforestación se disparó de inmediato”.

 

Para complicar aún más las cosas, los lugareños ahora denuncian que los grupos disidentes escindidos de las FARC desde la desmovilización mantienen una presencia fuerte en partes remotas del territorio. Estos grupos disidentes, presuntamente, han promovido la actual ola de deforestación (o, al menos, han actuado en complicidad de ello). Muy probablemente, utilizan este método para acercarse a los campesinos y alentar la fricción con el gobierno.

Albear, el líder comunitario, afirma que los valores de la tierra han aumentado un 300 por ciento en San Vicente del Caguán desde la firma de la paz. La inyección de capitales ha contribuido a mejorar la economía, que se basa fundamentalmente en la ganadería para la producción de leche y queso. Pero a su vez, esto ha dado lugar a un mercado en alza, que premia el robo de tierras.

Por otra parte, el acuerdo de paz ha abierto las puertas a los proyectos extractivistas. Según un estudio del año 2012, la cuenca Caguán-Putumayo tiene potenciales reservas de petróleo estimadas en 6000 millones de barriles; en su mayoría, de crudo pesado. La compañía petrolera nacional, Ecopetrol, ya ha desembolsado 35 millones de dólares destinados a la pavimentación y mejora de la carretera que conduce a Cartagena del Chairá, el límite de la Amazonía colombiana donde la deforestación aumenta día a día.

Incoherencia de las órdenes judiciales y acuerdos internacionales

Hace un año, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró al Amazonas como “sujeto de derechos”, luego de una demanda interpuesta por 25 jóvenes y niños colombianos, representados por el director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). La orden judicial emplaza al gobierno a reducir la tasa neta de deforestación para el año 2020.

Además, esta orden advierte que un 60 por ciento de la deforestación en Colombia está causada por la apropiación ilegal de tierras, un 20 por ciento por el cultivo ilegal y un 8 por ciento por la minería ilegal. Por su parte, los cultivos agroindustriales y la tala ilegal también contribuyen al problema.

“El Estado colombiano no ha conseguido abordar de forma eficiente el problema de la deforestación en la Amazonía, a pesar de haber firmado numerosos compromisos internacionales y aun cuando el país cuenta con suficiente jurisprudencia y normativa sobre el asunto”, sostiene la orden judicial que denuncia un “grave e inminente daño a los niños, adolescentes y adultos”.

En el año 2016, Noruega, el Reino Unido y Alemania aportaron 100 millones de dólares a un programa que tiene como objetivo detener la deforestación en la Amazonía colombiana para el año 2020. Este programa del Ministerio de Ambiente, conocido como “Visión Amazonía”, fomenta los proyectos silvopastoriles y de agroforestería, las campañas educativas, el monitoreo forestal y el trabajo en comunidades indígenas.

Según un sistema de pagos por resultados, el presupuesto de ayuda internacional para Visión Amazonía fue recortado a 85 millones de dólares 85 millones de dólares.

Ya durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, el Ministerio de Ambiente se había echado atrás con el objetivo de deforestación cero para el año 2020. Por su parte, su sucesor, Iván Duque, retrocedió aún más en la lucha contra la deforestación al mantener el fenómeno en 220 000 hectáreas por año con un posible total de 880 000 hectáreas durante los cuatro años de su mandato.

La investigadora de la ONG ambientalista Ambiente y Sociedad, Angélica Beltrán, sigue las políticas colombianas en relación con los acuerdos internacionales y la lucha contra el cambio climático.

“Con su último plan de desarrollo nacional, el gobierno no muestra un objetivo de reducción de la deforestación, sino que, por el contrario, parece querer estabilizarla durante cuatro años”, sostiene. “Esto no es congruente con los acuerdos internacionales y con el compromiso que ha adoptado Colombia de lucha contra el cambio climático”.

Punto clave para la biodiversidad

Una de las formas más sencillas y rápidas de desmonte es a través de los incendios. Según un estudio llevado a cabo en la Universidad Nacional por la ecóloga del paisaje Dolores Armentera, los incendios forestales, que guardan estrecha relación con la deforestación de la cuenca del Amazonas, aumentaron en un 800 por ciento en los puntos clave para la biodiversidad en tres parques nacionales —La Macarena, Picachos y Tinigua— al año siguiente de la desmovilización de las FARC.

“La región noroeste es la zona más húmeda de la cuenca del Amazonas. Por eso resulta tan sorprendente ver este aumento drástico de los incendios”, comenta Armenteras. “El incremento de los incendios y la deforestación acaban por generar una especie de círculo vicioso, en el que los bosques se fragmentan y pierden humedad. Esto a su vez los vuelve más vulnerables a los futuros incendios que se generarán durante las temporadas secas”.

La región noroccidental del piedemonte cordillerano y de la Amazonía, en donde se ha disparado la deforestación, constituye un punto clave para la biodiversidad mundial que conecta tres de los biomas colombianos: los Andes, la selva tropical amazónica y la sabana tropical. La región alberga muchas especies de flora y fauna vulnerables, como, por ejemplo, el tapir de las tierras bajas (Tapirus terrestris), el mamífero sudamericano más grande, y el tigrillo (Leopardus tigrinus) y el jaguar (Panthera onca), que utilizan las reservas naturales como corredores migratorios.

“Los incendios que se están registrando en los parques nacionales pintan un panorama completamente desolador […]. Las últimas conexiones entre la Amazonía y los Andes es a través de estos parques”, advierte Armenteras. “En las áreas protegidas, cada hectárea que se pierde representa menos biomasa, biodiversidad y depósitos de carbono en los ecosistemas que los que se conservaban antes del desastre”.

El parque nacional La Macarena alberga el río Caño Cristales, más conocido como “el río de los cinco colores”. Entre junio y noviembre, este curso de agua se transforma en un arco iris viviente donde los colores dorado, verde oliva, azul, negro y rojo se entremezclan en una danza bajo la superficie cristalina.

La deforestación ya ha alcanzado el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete e incluso ya ha penetrado en este territorio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. En este mítico sitio, las formaciones rocosas de 1700 millones de años y que contienen expresiones artísticas de más de 20 000 años de antigüedad se erigen en lo que parece ser una selva tropical infinita. Así los pueblos aislados mantienen una vida nómada en aislamiento voluntario.

Los recientes estudios biológicos llevados a cabo con universidades y fundaciones privadas e instituciones públicas registraron 1676 especies, incluidas ocho endémicas, 28 posiblemente nuevas para la ciencia y 29 clasificadas como amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el Parque Nacional Natural Chiribiquete y sus alrededores.

En el año 2018, justo antes de dejar su cargo y gracias al apoyo de fundaciones privadas y organizaciones internacionales de conservación, tales como la WWF, la fundación Gordon y Betty Moore y la Wildlife Conservation Society, el presidente Juan Manuel Santos amplió este parque natural a 4,3 millones de hectáreas (10,6 millones de acres) transformándolo así en el parque más grande del mundo en una selva tropical.

Reacción contra la conservación militarizada

En 1980, el ganadero campesino José Alvarado* llegó a los Llanos de Yarí, en la región occidental de San Vicente del Caguán, huyendo por salvar su vida tras perder a su hermano y a su primo en conflictos violentos de índole política. Alvarado formaba entonces parte del partido de izquierda “Unión Patriótica” que había sido exterminado sistemáticamente en forma conjunta por grupos paramilitares y por sectores de la milicia y del gobierno a fines de 1980 y principios de 1990.

“En aquel entonces, los paramilitares persiguieron a todos los líderes políticos de la izquierda. De 40 compañeros, apenas sobrevivimos cuatro. Nos querían ver muertos tan solo porque teníamos una ideología política distinta”, recuerda Alvarado. “Conseguí escapar a los Llanos de Yarí, donde en aquel entonces solo funcionaba un grupo armado: las FARC”. said Alvarado.

Los residentes de San Vicente del Caguán aún mantienen vivo el recuerdo del conflicto armado y de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Por eso, existe una clara falta de confianza entre los campesinos y el Estado.

 

“El Estado nunca ha estado presente para los campesinos. Solo aparece en los territorios en los que las fuerzas militares imponen su voluntad, quitando a los campesinos de en medio y desplazándolos de sus tierras”, sostiene Alvarado.

El pasado 29 de abril, el presidente Duque lanzó una ofensiva contra la deforestación denominada “Artemisa”, en cooperación con el ejército, la policía, los fiscales públicos y con el apoyo del Ministerio de Ambiente y de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Nicacio Martínez Espinel, comandante del ejército, sostuvo que el 10 por ciento de los recursos del ejército serán reasignados al abordaje de delitos ambientales; en particular, la deforestación.

Según algunos informes, el pasado 25 de abril, una unidad policial antinarcóticos arrestó a 11 campesinos, incluidos cuatro niños, que estaban asentados dentro de los límites del recientemente expandido Parque Nacional Natural Chiribiquete. Los activistas de derechos humanos condenaron la operación luego de que salieran a la luz fotos que daban cuenta de cómo la policía había incendiado las casas de los familiares de los campesinos.

Luz Mery Panche, integrante del Consejo indígena de San Vicente del Caguán, expresó su preocupación acerca de las medidas represivas contra los campesinos que se asientan en los límites del parque nacional, muchos de los cuales ya habitaban en esos lugares incluso antes de que los parques fuesen creados o expandidos.

“Las autoridades se meten en los parques habitados por los campesinos, los expulsan por la fuerza y queman sus hogares”, confió Panche. “Es una situación crítica porque las instituciones no han sabido articularse con los habitantes de manera adecuada, para encontrar soluciones en vez de pisotear a los campesinos y hacerlos sentir como ilegales”.

Los delitos ambientales a gran escala no reciben castigo

Mientras que las autoridades colombianas tienen en la mira a los campesinos que viven en los parques nacionales y alrededor de estos, los deforestadores a gran escala aún no enfrentan las graves consecuencias de sus acciones. Una investigación realizada por los medios locales Zona Franca y El Espectador informa que el gobernador del departamento de Guaviare, Nebio Echeverry, junto a sus socios comerciales han sido denunciados por el desplazamiento forzoso de campesinos, la construcción ilegal de carreteras y el cultivo ilegal de la palma aceitera en la reserva forestal amazónica.

“La enorme cantidad [de propiedades rurales a gran escala] genera la expulsión de los campesinos, quienes se asientan en zonas remotas y comienzan nuevamente con la deforestación”, sostuvo en entrevista con El Espectador Angélica Rojas, experta local de la ONG Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Existen rumores de que una gran cantidad de los terratenientes (conocidos como “latifundistas”) que promueven la deforestación en Caquetá son de Bogotá. Sin embargo, es imposible saber a ciencia cierta la veracidad de estos rumores, ya que rara vez dan la cara en el territorio, según indica Alvarado.

“El problema radica en el sector del campo que es manejado por los latifundistas. Solo se presentan aquí en helicópteros y rodeados de guardaespaldas e incluso a veces cuentan con la protección del ejército”, comenta Alvarado. “Pero este grupo a su vez tiene gente dentro del Congreso. Por eso no sucede nada con ellos”.

Ole Reidar Bergum, quien trabaja como consejero climático y forestal para la embajada noruega en Colombia, sostiene que las operaciones militares contra la deforestación solo serán parcialmente exitosas a menos que los poderosos financiadores de esta deforestación a gran escala sean llevados a la justicia.

Ole Reidar Bergum, quien trabaja como consejero climático y forestal para la embajada noruega en Colombia, sostiene que las operaciones militares contra la deforestación solo serán parcialmente exitosas a menos que los poderosos financiadores de esta deforestación a gran escala sean llevados a la justicia.

¿Lograr un futuro habitable?

Alvarado confiesa que la deforestación y el cambio climático han generado cambios en los Llanos de Yarí. Por ejemplo, la temporada seca cada año es más larga y los recursos hídricos, en otros tiempos abundantes, ya han comenzado a escasear.

“Hace diez años, teníamos unos recursos hídricos increíbles en el territorio. Hoy, sin embargo, el agua está desapareciendo”, confiesa Alvarado. “El mundo está preocupado por los efectos del calentamiento global. Los campesinos también se ven afectados; nosotros también estamos preocupados”.

En el límite de Chiribiquete se emplaza una reserva indígena multicultural llamada Yaguara II, compuesta por tres grupos étnicos: pijaos, tucanos y piratapuyos. En el año 2004, las FARC desplazaron al 80 por ciento de los miembros de la reserva luego de hacer desaparecer al gobernador. En 2016, tras la desmovilización de las FARC, las comunidades nativas vislumbraron la oportunidad de regresar a la reserva. Pero para entonces, sus tierras ya habían sido ocupadas por colonizadores de afuera.

En Guaviare, un proceso similar de colonización se está llevando a cabo en la reserva indígena Nukak Maku, ahora ocupada por ganaderos a gran escala y por pequeños productores de coca. Esto impide el retorno de la tribu tradicionalmente nómada a su territorio dentro de la selva tropical. La comunidad nukak enfrenta el peligro de extinción cultural como consecuencia de la persecución sufrida en 1988 por grupos armados ilegales.

El director de la ONG FCDS, Rodrigo Botero, quien acompaña a las comunidades nativas de las reservas Nukak y Yaguara II, sostiene que la colonización gradual de las reservas por foráneos se ha disparado en los últimos dos años. Si bien la comunidad de Yaguara II ha ganado una demanda judicial de restitución de tierras, la falta de presencia estatal en la zona implica que la orden judicial aún no se haga efectiva en el terreno.

Un miembro de la reserva Yaguara II, quien solicitó permanecer en el anonimato por razones de seguridad, expresó que la relación de la comunidad con el bosque y con el planeta se basa en el respeto, la gratitud y la espiritualidad.

“Los campesinos y las comunidades indígenas de la Amazonía somos semejantes: ambos cultivamos la tierra. Sin embargo, los campesinos tienen una cultura más ligada a la ganadería que implica el desmonte de grandes extensiones de bosque”, sostuvo el nativo colombiano.

Para detener la deforestación en los Llanos de Yarí, el miembro de la comunidad indígena propone el establecimiento de una frontera agrícola sólida, la formalización de los títulos de los agricultores campesinos de la región, la educación y la capacitación para cambiar las prácticas destructivas, la oferta de garantías de salud y educación y el trabajo con asociaciones de campesinos para reforestar e involucrarlos en el control ambiental.

Al mismo tiempo, Botero considera que es necesario investigar y enjuiciar a los grandes terratenientes y acaparadores para detener la presión sobre los dueños de esas tierras.

“Es claro que no debemos abusar de la tierra porque es muy importante en el equilibrio de la vida”, afirma. “Si no hacemos nada por conservar la naturaleza, la supervivencia de las futuras generaciones será incierta. Sin ella, no hay vida”.

*El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad de la persona entrevistada.

*Imagen principal: ganado en San Vicente del Caguán, Caquetá. Foto: Taran Volkhausen para Mongabay.

 

Nota de la editora:  Esta historia fue impulsada por Places to Watch, una iniciativa de Global Forest Watch (GFW) que fue diseñada para poder identificar con facilidad la pérdida de bosques en todo el mundo y catalizar más investigación en esas áreas. Places to Watch recurre a una combinación de datos satelitales casi a tiempo real, algoritmos automatizados e información de campo para identificar áreas nuevas todos los meses. En colaboración con Mongabay, GFW apoya el periodismo basado en los datos con la información y los mapas generados por Places to Watch. Mongabay tiene independencia editorial completa sobre las historias que publica con estos datos.