Por Anastasia Moloney

 

OVEJAS, Colombia (Thomson Reuters Foundation) - Obligada a huir de su hogar para escapar de la violencia durante la guerra civil de medio siglo en Colombia, la campesina Diana Vitola ha estado esperando décadas para recibir un documento formal que demuestre que es la dueña legítima de una pequeña parcela de tierra.

Vitola, que vive en Ovejas, un antiguo municipio devastado por la guerra en el norte de Colombia, pertenece a una comunidad agrícola que recibirá casi 3.000 títulos de propiedad, lo que la convierte en la primera zona donde se formaliza la mayoría de las tierras.

    “Llevamos años esperando esto”, dijo Vitola, de 45 años, que cultiva maíz y yuca.

    “Como mujer, es de verdad muy emocionante. Antes las mujeres eran marginadas. Ahora podemos aparecer en algún lugar en un documento. Nos sentimos importantes, que tenemos derechos”.

 Durante los últimos 18 meses, los funcionarios del gobierno han estado visitando granjas y casas de adobe con techo de paja en Ovejas para medir, inspeccionar e identificar parcelas de tierra.

    Los campesinos ahora tienen la oportunidad de inscribir su propiedad en el registro nacional de tierras y recibir títulos formales de forma gratuita.

 UN PILAR DE LA PAZ

    La concesión de títulos de propiedad es parte de los esfuerzos del gobierno para promover el desarrollo rural tal como se establece en el acuerdo de paz del 2016 firmado con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    La distribución desigual de la tierra fue una razón clave por la cual las FARC tomaron las armas en 1964 como un movimiento agrario de inspiración marxista que luchó para defender los derechos de los campesinos sin tierra.

    El acuerdo de paz se compromete a abordar la desigualdad en la propiedad de la tierra y fomentar el desarrollo en áreas rurales desatendidas que han sido golpeadas por la violencia.

El gobierno apunta a formalizar 7 millones de hectáreas de tierra, de las cuales hasta ahora casi una cuarta parte se han emitido títulos, según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame.

    “El paquete de reforma agraria es parte del intento por parte del Estado de entregar a los pequeños agricultores lo que históricamente se les ha negado, que es el acceso a la tierra y una existencia digna en el campo”, dijo David Huey, representante del Instituto Kroc en Colombia.

    Los títulos de tierras formales también ayudarán a los agricultores a tener acceso a programas gubernamentales y créditos, dijo.

    Para el aldeano Albeiro Rivera, quien también fue desplazado por el conflicto de Colombia, al obtener un título de propiedad de la casa en la que creció y que su padre heredó de manera informal le brinda seguridad financiera y legal y le permite obtener un préstamo bancario.

    “Durante el conflicto, obtener un título de propiedad no era una prioridad. La prioridad era sobrevivir”, dijo Rivera, de 37 años.

    “Tener el título de propiedad significa que es nuestro, me pertenece a mí y a mi esposa. Es un gran paso. Ahora vale más y nadie me lo puede quitar. Habría sido demasiado caro haber registrado la propiedad por mi cuenta”, dijo Rivera.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que financia en parte el proyecto piloto en Ovejas, dijo que espera lanzar iniciativas similares en los próximos meses en otras regiones.

    “El problema aquí es la falta de claridad sobre qué tierra pertenece a quién”, dijo Larry Sacks, director de la misión de USAID en Colombia.

    “Sin los derechos claros sobre la tierra, es mucho más difícil crear las condiciones que se necesitan para transformar las áreas rurales y ayudar a que los mercados lícitos prosperen y así impulsar la inversión privada y estimular el crecimiento económico”, agregó.

POCOS TÍTULOS

    Con los títulos de propiedad, los pobladores de Ovejas son más bien la excepción que la regla.

    En la Colombia rural, seis de cada 10 parcelas de tierra no tienen un título formal o no están registradas, según USAID.

    La concesión de títulos de propiedad en Ovejas es relativamente fácil porque nadie niega la propiedad de las parcelas.

    Sin embargo, determinar la tenencia es mucho más difícil en otras partes de Colombia donde las fuerzas paramilitares, grupos rebeldes o narcotraficantes se apoderaron de la tierra, y los grupos armados presionan a los agricultores para que vendan a precios reducidos.

    Los intentos de restaurar la propiedad de la tierra comenzaron durante el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, que lanzó un programa en 2011 para devolver millones de hectáreas de tierras robadas o abandonadas a sus legítimos propietarios.

    El gobierno estimó que entre 6,5 y 10 millones de hectáreas de tierra, hasta el 15% del territorio colombiano, habían sido abandonadas o adquiridas ilegalmente.

 

UNA PAZ ENDEBLE

 

Casi tres años después de la firma del acuerdo de paz, la seguridad en algunas antiguas áreas de conflicto y en los bastiones de las FARC es frágil, lo que frena los esfuerzos para implementar la reforma agraria.

    Según las estimaciones del gobierno, alrededor de 210.000 colombianos han sido expulsados ​​de sus hogares por la violencia desde el acuerdo de paz.

    Otra alarma es el aumento en el número de activistas por los derechos humanos y por la tierra que están siendo asesinados en toda Colombia a pesar del acuerdo de paz. Según la Oficina del Defensor del Pueblo de Colombia, los asesinatos de activistas aumentaron a 178 en 2018 desde 126 en 2017.

    “Las amenazas y los asesinatos de los líderes sociales que trabajan en este tema deben detenerse para que haya confianza en el proceso de paz”, dijo Huey.

 

Artículo publicado en Reuters