Sin embargo, salta a la vista que el desafío de la minga indígena y la exigencia del Gobierno para llegar a acuerdos previo despeje de la vía Panamericana va más allá de los criterios matemáticos sobre el número de hectáreas por reclamar o conceder. Es claro que también, en el río revuelto de la protesta y la reacción del Estado, hay intereses políticos en juego, necesidades básicas de salud, educación o vivienda insatisfechas, reclamos que pasan por capítulos sin saldar de la guerra y la paz, y una larga historia de lucha de los pueblos indígenas por su reivindicación social.

Los comienzos de la lucha

Paradójicamente, una rápida mirada al pasado de esta disputa histórica refiere que, si bien en las filas del ejército libertador hace dos siglos hubo combatientes indígenas del Cauca, cuando se logró la Independencia en 1819, su situación empeoró en la práctica. En pocas palabras, de tener territorios en un régimen tributario, pasaron a ser protagonistas de una pelea desigual: tratar de impedir la desintegración de sus resguardos. Pero al final prevalecieron los intereses de hacendados y latifundistas que se apropiaron de las tierras indígenas, y a ellos los volvieron mano de obra.

Una práctica que se reforzó a lo largo del siglo XIX, a pesar de las múltiples guerras civiles, varias de las cuales se libraron en territorio caucano, incluso con devolución de tierras. Sin embargo, las leyes de la época favorecieron mayoritariamente a los terratenientes, ávidos de quedarse con los resguardos. Cuando llegó la Guerra de los Mil Días, en 1899, la norma vigente para dirimir el conflicto indígena era la Ley 89 de 1890, que suspendió parcialmente la división de los resguardos, pero no solucionó la brecha social frente al avance de los hacendados urgidos de labriegos.

Después de la guerra, tras la desmembración del Gran Cauca, a partir de la Ley 55 de 1905 las comunidades indígenas quedaron a merced de los municipios interesados en sus resguardos, con la mano oculta de los propietarios de tierras pescando en río revuelto. Este contexto explica el movimiento liderado por el indígena de origen paez Manuel Quintín Lame, quien a partir de 1911, desde la zona de Tierradentro, empezó a organizar su “República Chiquita” de indios, con premisas contundentes: la recuperación de tierras usurpadas y la negativa a pagar terraje.

Con tres ventajas para el éxito: Manuel Quintín Lame sabía de armas, porque había combatido en la Guerra de los Mil Días; por su propia familia de terrazgueros conocía los abusos del terraje, a través del cual se obligaba a los indígenas a trabajar en las haciendas para usufructuar pequeñas parcelas, y además se había convertido en uno de los mejores tinterillos de Popayán, para defender indígenas ante los despachos judiciales. De esta forma, la causa del “doctor Quintino”, como lo llamaban sus clientes, derivó en “mingas adoctrinadoras”, y después en franca pelea contra el Ejército.

El levantamiento se extendió a los cabildos indígenas de Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño, hasta que Manuel Quintín Lame fue detenido en 1915 y llevado a la cárcel de Popayán. Cuando salió libre después de nueve meses, los terratenientes del Cauca y la aristocracia de Popayán se habían organizado alrededor del indígena Pío Collo, quien fue determinante para que volviera a caer preso. Cuando recobró su libertad, en 1921, se fue a Tolima, creó el Supremo Consejo de Indios, y en Ortega vivió hasta los 83 años. Sus huellas de rebeldía nunca se borraron en el Cauca.

Por eso, a lo largo del siglo XX, la región fue escenario de permanentes reclamos de los pueblos indígenas. Cuando la violencia partidista incendió a Colombia, el norte del Cauca volvió a ser territorio de guerra. De hecho, hacia 1950 el grupo de inspiración comunista liderado por Jacobo Prías e Isauro Yosa, en el sur del Tolima, creó un destacamento en el Cauca conocido como El Movimiento Agrario de Riochiquito, que en los años 60 fue incluido dentro de las “Repúblicas Independientes” que el Estado decidió enfrentar para eliminar los focos de expansión comunista.

Así como el político conservador caucano Guillermo Valencia había sido el principal opositor de Quintín Lame, su hijo Guillermo León Valencia, en calidad de presidente, fue quien promovió la Operación Soberanía para acabar con las Repúblicas Independientes. Una de ellas, Riochiquito, que era liderada por Manuel Marulanda Vélez. A pesar de que la zona fue recobrada por el Estado, con el paso de los años fue territorio de expansión de las nacientes Farc, al punto que de la región del macizo colombiano surgieron los frentes 2, 13, 32, 49, 60, 61 y 66 del bloque Sur de esta guerrilla.

Esta secuencia explica por qué desde los años 60 los pueblos indígenas del Cauca quedaron atrapados en una guerra ajena. En 1971 surgió el Consejo Nacional Indígena del Cauca (CRIC) con el objetivo de recuperar tierras, y tiempo después el movimiento armado Quintín Lame, sobre todo tras el asesinato del líder paez y sacerdote Álvaro Uncué, perpetrado en Santander de Quilichao. Antes de terminar la década de los 80, la lucha del CRIC fue replicada a nivel nacional, y tomó forma a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), dedicada a defender a las comunidades.

A pesar de la Constitución

En 1991, con la nueva Constitución, tras el reconocimiento de Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural, se incluyeron disposiciones para proteger a las comunidades indígenas. Sin embargo, ese mismo año, en diciembre, en la finca El Nilo en Caloto (Cauca), fueron masacrados 20 indígenas. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado tuvo que reconocer su responsabilidad y reparar con 15.663 hectáreas a los pueblos afectados. Pero la región nunca dejó de ser escenario de confrontación y de incumplimiento estatal.

Cuando las comunidades indígenas llegaron a su límite, pues además de la ausencia del Estado, guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico se ensañaron en sus pueblos, estas entendieron que era la hora de volver a las mingas. La de 2005 se hizo por la vida, pues más allá de los reclamos históricos, la urgencia era frenar los asesinatos, secuestros y desplazamientos forzosos. Empezó en Caloto, se expandió por la región y el primer gobierno de Álvaro Uribe la logró desactivar tras prometer un aumento en el presupuesto y tierras que estaban en un proceso de extinción de dominio.

Ante los incumplimientos, la minga volvió en 2009, afectando la movilización en la vía Panamericana. Además de sus reclamos ancestrales, terminando el segundo mandato de Álvaro Uribe, los reclamos incluyeron temas políticos como el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la aplicación de las políticas de la Seguridad Democrática. Una vez más, las diferencias se saldaron con promesas de entrega de hectáreas de tierra, inclusión de políticas indígenas en el presupuesto general y diversos aspectos sociales que con el correr del tiempo siguieron en veremos.

A finales de 2014, el turno para solucionar una nueva minga indígena le correspondió al gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza de su ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, nieto del expresidente caucano Guillermo León Valencia. En esa ocasión hubo ocupación de haciendas azucareras y bloqueo de vías. El principal compromiso del Estado fue invertir $80.000 millones y comprar 41.000 hectáreas. Además, se actualizaron litigios en el Incoder, se reconoció la legitimidad de la Guardia Indígena y se avanzó en temas de educación, salud y transferencias.

En desarrollo de esos acuerdos, y luego de una nueva minga en 2017, ese año se expidió el Decreto 1811, anunciado como la creación de mecanismos para cumplir los compromisos adquiridos con el CRIC. En dicho decreto, el Estado aceptó crear una comisión mixta para concertar las políticas públicas y planes de acción para los pueblos indígenas. La implementación de ese acuerdo quedó tasada en $3,6 billones, e incluía inversiones concretas en salud, educación, comunicaciones, familia, derechos humanos y fortalecimiento de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental.

La minga que puso en jaque al gobierno Duque y que inició en medio del debate por el Plan Nacional de Desarrollo, fue más compleja que las anteriores, porque el CRIC reclama el cumplimiento de las promesas desde 2005. Con nuevas exigencias: que se acuerde con el Ejecutivo el plan cuatrienal 2019-2022 y se cumpla el plan de inversión que se anunció en la minga de 2017, pues hasta ahora no va ni en el 40 %. Además, la minga también exigió la inclusión de las propuestas de los campesinos del Cauca para crear una política incluyente que los reconozca como sujetos de consulta previa.

El Gobierno, durante la negociación, anunció que en el 80,4 % de las peticiones de la minga se pueden construir acuerdos. En el tema de tierras se comprometió a adquirir nuevas hectáreas, a adelantar la legalización de predios, a crear una subcomisión de tierras y a concertar mecanismos para la resolución de conflictos territoriales. Sin embargo, el punto clave era la asignación presupuestal, pues mientras la minga pedía cerca de $1,6 billones para la compra de tierras, el Ejecutivo ofreció $90.000 millones.

Las posiciones en la mesa de negociación entre el Gobierno y la minga cada día se acercan más y se llegó a acuerdos parciales el viernes. Desde ayer sábado hay trabajos en la vía Panamericana en la remoción de escombros para que en 36 horas el presidente llegue al Cauca, se reúna con las comunidades y firmé un pacto final. Sin embargo, los indígenas, a usanza de sus tradiciones, esperarán a lado y lado de la vía para evitar sorpresas. En el tema de tierras se acerca un nuevo compromiso del Estado para solucionar este histórico problema, y la eventualidad de una próxima minga estará atada al cumplimiento.