Por: Pedro Guzmán
Para lograr la paz y paliar el cambio climático, debe reexaminar la consideración de sus pueblos indígenas.
Durante décadas, los derechos tradicionales a la tierra de los pueblos indígenas de Myanmar han sido muy debatidos, incluyendo durante el periodo de «transición democrática» que terminó el 1 de febrero con el golpe de estado. Aun así, el aspecto más llamativo de este debate es la reticencia de los gobiernos birmanos, independientemente de su orientación política, a utilizar la palabra «indígena» para describir a las poblaciones con vínculos largos y determinantes a territorios que, históricamente, no han estado bajo el control de la mayoría étnica Bamar.
La razón para esta omisión tiene su lógica. Reconocer como indígenas cualquiera de las «razas nacionales» de Myanmar supondría reconocer que tienen derechos territoriales basados en patrimonios ancestrales, y no en base a meros contratos o acuerdos impuestos bajo coacción, y vulnerados a capricho por las partes más influyentes.
Después de que la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) asumiera el poder en 2016, se hizo pronto evidente que su liderazgo seguía un enfoque similar al de sus predecesores en lo relativo a los temas territoriales que involucraban a los pueblos indígenas de Myanmar. Aunque sin duda esta visión ha contribuido a la inestabilidad política en el país, también ha tenido un importante impacto en el medioambiente.
La mayor parte del área forestal que aún queda en Myanmar se encuentra en territorio indígena, zonas boscosas que son hogar de numerosas especies en peligro de extinción. La falta de reconocimiento de los derechos tradicionales de tenencia de tierras de las personas que habitan estos territorios, llamados también derechos consuetudinarios, ha socavado la viabilidad para mantener los hábitats de las especies, así como el compromiso que tiene el país de colaborar en los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.
Es bien sabido y aceptado que las culturas indígenas desempeñan un papel fundamental a la hora de contrarrestar los efectos de la degradación ambiental provocada por la explotación insostenible de recursos naturales. A pesar de ello, esto no se refleja en las leyes y políticas de Myanmar, elaboradas directamente en contradicción con prácticas tradicionales del uso de la tierra. Esta legislación obliga a pueblos indígenas a aceptar una economía monetizada que da prioridad a los beneficios a corto plazo, socavando la supervivencia de los ecosistemas vitales a largo plazo.
A diferencia de tomadores de decisiones, que con su obsesión por el PIB consideran los bosques únicamente en términos de su potencial para el beneficio económico, los pueblos indígenas de Myanmar tratan los bosques como parte esencial de su vida y su futuro. Por ello, llevan décadas luchando para mantener cierto control sobre la reducida extensión de tierras que todavía pueden considerar como propias.
Esta contienda no ha cesado desde que Myanmar alcanzó la independencia en 1948, adquiriendo una urgencia renovada hace una década, cuando los militares decidieron abrir el país al mundo exterior. En 2012, la administración casi civil del ex general Thein Sein introdujo dos nuevas normativas: la Ley de Tierras Agrícolas y la Ley de Gestión de Tierras Vacías, Baldías y Vírgenes o VFV. La nueva legislación fue considerada por los pueblos indígenas como un golpe mortal a sus derechos consuetudinarios territoriales.
Se hicieron grandes esfuerzos de incidencia para derogar o, al menos, forzar la revisión de estas leyes y, cuando la NLD llegó al poder en 2016, existían esperanzas para que finalmente se abordaran las preocupaciones de los pueblos indígenas de Myanmar. En lugar de ello, sin embargo, el nuevo gobierno promulgó una nueva serie de leyes, como la Ley Forestal en 2018, la Ley de Adquisición de Tierras, Reasentamiento y Rehabilitación en 2019 y una enmienda a la VFV que castigaba con multas o penas de prisión el no registrar tierras en virtud de la ley, lo que no hizo más que aumentar los temores de desposesión permanente de las tierras hereditarias indígenas.
No hubo ningún esfuerzo en armonizar estas leyes con la Política Nacional del Uso de la Tierra de 2016, relativamente progresista y elaborada en base a consultas con las partes interesadas. En su lugar, se excluyó a los pueblos indígenas de los esfuerzos de conservación, a pesar de su larga historia de custodia de las tierras aparentemente protegida por estas leyes.
Al ignorar los derechos de los pueblos que durante generaciones han vivido en las zonas más ricas en biodiversidad, las propuestas de modelos de conservación por parte de organizaciones internacionales no gubernamentales e incluso de grupos locales, han contribuido a la exclusión de las comunidades indígenas.
No es casualidad que la mayor parte de los bosques que sobreviven en Myanmar se concentren en las zonas fronterizas de tierras altas en donde habitan estas comunidades. Se trata de lugares en donde sus habitantes han forjado un estrecho vínculo con su entorno natural, cuidándolo con esmero incluso cuando dependen de él para su sustento diario. Al tratar de aislar la naturaleza de la influencia de personas cuyas culturas se han formado en interacción continua con ella, los enfoques modernos de conservación ocasionan un gran daño a las dos partes.
Desde el golpe de estado en Myanmar, estas amenazas al entorno natural no han hecho más que aumentar. Las organizaciones de la sociedad civil que antes podían dar seguimiento e informar sobre las actividades empresariales vinculadas al ejército, ya no están en situación de continuar haciéndolo. En todo el país, desde los estados Kachin y Shan en el norte, hasta la región de Tanintharyi en el sur, actores sin escrúpulos están aprovechando la situación caótica actual para acelerar operaciones a sabiendas de que, actualmente, están bajo un escrutinio mucho menor.
Mientras tanto, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés) funcionando en la clandestinidad, da prioridad a la lucha por derrocar a la junta militar golpista, mostrando escaso interés en abordar cuestiones territoriales. En julio publicó un plan de acción climática no vinculante, el cual se aproxima a las políticas del gobierno de la NLD. Esto no sorprende a nadie, ya que sus miembros son mayormente representación electa o burócratas del gobierno anterior. Aunque se esfuerzan por lograr un cambio más radical en otras cuestiones, en lo que respecta a los derechos indígenas a la tierra se conforman con simplemente volver al statu quo conocido.
El problema de fondo al que se enfrenta Myanmar, incluso hoy en día, casi tres cuartos de siglo después del fin de la dominación británica, es la continuación de los patrones colonialistas de explotación de recursos, que despojan a los pueblos indígenas de sus derechos y, en particular, de su derecho consuetudinario al uso de las tierras en las que habitan.
Al intentar «despolitizar» la problemática de los derechos territoriales con leyes que mercantilizan los territorios de forma ajena a las comunidades indígenas, los gobiernos militares o civiles en Myanmar demuestran poca comprensión y menor interés en las cuestiones que realmente preocupan a las personas, a no ser que éstas sean inversores internacionales o integrantes de las élites locales beneficiarias de los negocios de tierras.
Aunque se ha hablado mucho de la necesidad de abolir la desastrosa Constitución de 2008 redactada por los militares, es evidente que la paz, la estabilidad y la prosperidad real para toda la ciudadanía no se conseguirán en Myanmar hasta que se pueda formular una nueva constitución que reconozca los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país.
Para ello, los grupos de la sociedad civil y la comunidad internacional deben instar a todas las partes interesadas a tratar seriamente el tema de los derechos territoriales. Las reformas agrarias son clave para el futuro de Myanmar y deben llevarse a cabo en un proceso inclusivo, transparente y significativo, en el que participe toda la población, y no solo aquellas personas que se benefician de tratar la tierra como si fuera solamente una propiedad. Ante todo, las reformas deben reflejar los valores de los pueblos indígenas, quienes han aprendido a vivir en la naturaleza para fomentar, y no socavar, su renovación continua.
Aunque el respeto por los derechos indígenas sin duda aportará beneficios políticos importantes, su verdadero valor se encuentra en la contribución que presenta para restablecer el equilibrio entre nuestra especie y el mundo en el que vivimos.
Si Myanmar adoptara prácticas indígenas sostenibles, siendo como es una nación rica en diversidad natural y cultural, podría superar sus problemas actuales y servir de ejemplo a otros países en los compromisos de mitigación global del cambio climático.
Esto, sin embargo, solo puede tener lugar si se reconocen los derechos consuetudinarios territoriales de los pueblos indígenas como parte integral de una búsqueda auténtica de federalismo. Todo lo que difiera de ello no hará más que perpetuar formas anticuadas de relacionarse con la tierra que han llevado al planeta al borde del desastre y que solo han causado una miseria interminable a los pueblos de Myanmar.
Esther Wah es una mujer indígena de la etnia Karen. Trabaja con las comunidades étnicas de todo Myanmar en sus derechos para la protección de la tierra y los bosques.
Traducido para Rebelión por Cristina Alonso
Fuente Rebelión
Fuente original en inglés: https://myanmar-now.org/en/news/why-indigenous-land-rights-matter-in-myanmar
Publicado en la pag: elciudadano.com