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La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento, preservación y defensa de los derechos y cultura de los indígenas del Estado de Baja California, así como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y municipal en la construcción de las relaciones con las comunidades indígenas y elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos. Entre los derechos reconocidos a las comunidades indígenas se contemplan aquellos relativos al acceso a la tierra y los recursos naturales. La Ley dispone que las obras y proyectos que promuevan las autoridades estatales y municipales, las organizaciones o los particulares, que impacten a los pueblos y comunidades indígenas en sus recursos naturales, deberán ser discutidos, analizados y consensuados previamente con dichos pueblos y comunidades (art. 23). En cuanto a las tierras, se establece que las comunidades indígenas tienen el derecho de preferencia para adquirir los predios que enajenen o cedan la comunidad o alguno de sus integrantes. Los artículos 38 y 39 establecen los principios generales en materia de justicia indígena.
