“Es necesario crear una democracia que no sea manca; que tenga dos manos: La representación inevitable y la participación esencia de la política” Enrique Dussel

Los procesos de reforma agraria en Latinoamérica penalizaron el acceso de la mujer campesina a tierras y demás activos productivos. Un argumento teórico es que las unidades de producción campesina son homogéneas, en tanto comparten sus bienes y el trabajo entre todos sus miembros y también sus ingresos o pérdidas, asignándole al jefe de hogar, en este caso el hombre, un derecho de propiedad legitimado por el Estado.

La mayor parte de las leyes de reforma agraria aprobadas en décadas pasadas, años 60s y 70s, consignan este derecho de propiedad al tipificar como único beneficiario de dicho proceso impulsado por el Estado, al hombre cabeza de hogar. En las fincas colectivas creadas, llámese cooperativas, unidades de producción de base o empresas asociativas campesinas, el trabajo de los campesinos es colectivo, pero un vez pagado el valor de la tierra al Estado, pasa a su poder en caso que la unidad de producción colectiva no se disuelva; pero si esto último sucede, el dueño de la tierra es el cabeza de hogar sin tener ninguna obligación moral ni jurídica para compartir este beneficio (físico o en dinero) con su cónyuge.

Los programas de ajuste estructural reivindicaron el derecho de propiedad de la mujer sobre las tierras de la reforma agraria entregadas por el Estado, pero buscando conseguir otros resultados: a) debilitar el trabajo colectivo; b) aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo de la unidad familiar. Se diseñaron programas de compra de tierra para mujeres campesinas sin tierra o en posesión precaria de esta, al margen de la tierra adjudicada por el Estado para fines de la reforma agraria; acompañado de proyectos de desarrollo productivo que al final incrementaron el tiempo de trabajo de la mujer rural.

Otro argumento teórico para excluir a la mujer, se basa en la invisibilidad de su trabajo en el campo y falta de cuantificación de su remuneración y aporte a la economía familiar, comunidad, municipio, región y país. Según este argumento, la mujer campesina tiene poco tiempo disponible para asumir nuevas obligaciones como aquella de ser sujeta de crédito por los bancos y participar en la organización y administración de las empresas campesinas.

La experiencia latinoamericana demuestra no solo lo débil de estos argumentos y errático de las políticas de gobierno que los acompañan, sino también que la mujer campesina es el principal actor social y político de la lucha en contra de la pobreza, la indigencia, sequia, hambre, inseguridad y soberanía alimentaria, defensa de los territorios y recursos naturales como los bosques y las fuentes de agua; un actor muy visible y fundamental para transformar el agro latinoamericano. En las peores condiciones socio-económicas siguen produciendo alimentos en la parcela de tierra o fuera de esta, son jornaleras estacionales, responsables de atender la familia y niños, participar activamente en la vida comunitaria y religiosa. El tiempo de trabajo de la mujer (no reconocido ni remunerado) es mayor que el realizado por el hombre, pero no se escucha su clamor cuando exigen políticas de Estado a su favor y en contra de la injusticia social y desigualdad económica.

La recién declaración de la V Asamblea de Mujeres de la CLOC- Vía Campesina celebrada en la Argentina en el marco del VI Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de fecha 12 y 13 de abril de 2015, exige la vigencia de una reforma agraria integral y popular, agricultura limpia (no tóxica y libre de transgénicos), derechos de propiedad sobre los territoritos y recursos naturales y ambientales, derogación de tratados comerciales excluyentes, vigencia de nuevas relaciones sociales de producción en el campo y la no agresión y violación de derechos humanos. Pero también exigen mayores espacios para la participación y representación social y política, convirtiéndose en actor principal de su propio destino; o sea representando a sus bases sociales en las instancias de decisión política, y actuando como auditor social de las intervenciones públicas ejecutadas por el Estado.

En este marco, hay en la agenda pública cuatro temas que deben priorizarse. El primero es la organización nacional para la integración regional. En la Argentina el movimiento de organizaciones de mujeres mostró sus fortalezas, pero a lo interno de los países falta todavía trabajo que realizar. Para el caso, las organizaciones o federaciones de mujeres campesinas en gran parte de los países de la región centroamericana no tienen agende propia, y sus actuaciones están delimitadas por las políticas de gobierno, los programas y proyectos que ejecutan con la cooperación internacional y los pocos espacios que se brindan por los partidos políticos progresistas.

En segundo lugar se apuesta a una reforma agraria integral con soberanía alimentaria y enfoque de género, pero es evidente que las condiciones de lucha no son las mismas que 40 o 50 años antes; caso particular de los interlocutores que están representados ya no por terratenientes y compañías bananeras, sino por empresas transnacionales corporativas con sede en el exterior que utilizan incluso las embajadas de sus países de origen cuando son afectados por las “tomas” de tierras (C. Kay: 2012). Esta lucha es a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo la vigencia de nuevos programas de reforma agraria territoriales, impuestos a tierra(s) ociosa y mal utilizada, fondos de tierra y los bancos de crédito y semillas son alternativas también posibles.

En tercer lugar los movimientos de mujeres campesinas tienen mayor conciencia de los efectos e impactos negativos de los tratados comerciales unilaterales en la producción y consumo de los alimentos básicos, que afecta también las condiciones de reproducción material de las familias ya que se inundan los mercados de productos alimenticios subsidiados. El clamor, tal como se desprende de la declaración de CLOC-Vía Campesina, es la revisión y derogación de los tratados comerciales. En la región centroamericana las organizaciones exigen la revisión del CAFTA-RD, pero no todo el movimiento campesino apoya esta iniciativa. Urge la conformación de una agenda de trabajo unificada y, además, la exigencia de los reparos por daños causados a los productores de bienes “sensibles” (maíz y arroz por ejemplo)  y sus familias. En Nicaragua, Honduras y el Salvador, organizaciones de mujeres campesinas y de comercialización de alimentos hablan de una agenda complementaria al tratado, la vigencia de un Observatorio de Tratados Comerciales y la derogación de cláusulas leoninas como controles fitosanitarios en EEUU que encuentran siempre una justificación para que pequeños productores de la región no exporten.

Finalmente, la lucha por la defensa de los territorios, recursos naturales y culturas ancestrales es una lucha de país, por lo que las alianzas son parte de la estrategia de cada organización campesina y étnica. Es también una lucha política que necesita de la participación de una organización más amplia como los partidos políticos a lo interno, y los gobiernos de otros países afines a lo externo. En Centroamérica está vinculación es menos fuerte, por lo que hay que participar activamente en las negociaciones para cargos de elección popular y posicionarse en discursos políticos y programas de gobierno futuros.

Tegucigalpa, 15 de Abril de 2015