Familias criollas organizadas en el Frente Nacional Campesino marcharon durante once días desde el norte provincial hasta la ciudad de Salta, más de 300 kilómetros, para exigir el freno a los desalojos y que se cumplan los derechos de los agricultores familiares. Voces e historias marcadas por los conflictos por la tierra, problemática común a todo el Chaco Salteño.

Por Fernanda Rubio*

Desde Salta

El problema de la tierra en el Chaco Salteño no es nuevo: testimonios de violencia, engaños e injusticias en relación a la tenencia de la tierra abundan en la zona. Si bien existen leyes que amparan los derechos campesinos sobre la tierra que habitan desde hace generaciones, actualmente los desalojos continúan. “Soy la quinta generación que vive en ese puesto, nacida y criada ahí. A nosotros nos atropellaron, teníamos a mis padres enfermos en Orán y un día nos avisan que nos voltearon la casa, la encadenaron con una topadora, la quemaron, también a los corrales”, explica Teresa Andrada, una de las campesinas que iniciaron la marcha hace once días en Fortín Dragones, a 370 kilómetros de capital provincial, en reclamo por sus tierras. Llegaron el viernes 29 y esperan respuestas concretas del gobierno provincial.

El lema de la marcha, protagonizada por el Frente Nacional Campesino (FNC) es claro: “Basta de desalojos contra las familias campesinas”. Y, desde el primer día, solicitan ser recibidos por el gobernador, Gustavo Sáenz.

“Cuando volvimos sólo teníamos los animales, pero no teníamos cómo encerrarlos, nada… Todo se quemó, nos tuvimos que ir. Mis tatarabuelos eran dueños registrales de esa tierra, mi abuelo también, por herencia… Allí hay un cementerio donde está sepultado mi bisabuelo y mis abuelos. Mis deseos son volver a mis tierras”, reitera Teresa Andrada, de 58 años, de puesto Santa Fe (localidad de Dragones, departamento San Martín).

Viviana Segovia también es una de las campesinas que marcha y observó cómo se vulneran derechos: “Está el caso de una señora mayor, que tiene conflictos con la familia Peña Braun, de la famosa finca Cuchuy. Por cuestiones de salud tenía que ir frecuentemente a Tartagal, y en una de esas veces cuando volvió no tenía casa, le tiraron la casa, se la quemaron. Ahora la señora está viviendo en casa de familiares, con un cáncer terminal y sin casa”. Recuerda que muy cerca de la finca Cuchuy había otra familia, que ahora ya rondan los 80 años, y fueron los primeros en ser expulsados, hace más de veinte años. A ellos los cercaban corriendo alambrados, cerrando caminos vecinales, los amenazaban; incluso les hacían disparos para asustarlos. Se tuvieron que ir al pueblo.

Derechos que no se cumplen

En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la parcela.

La posesión de las familias en sus puestos se remonta mucho tiempo atrás, tal como lo atestiguan numerosas pruebas que validan su presencia en el territorio. “En mi caso son tres desalojos a lo largo de mi vida, cuatro con el caso de mis abuelos. Por eso estoy en esta lucha para ver si puedo por lo menos luchar por donde estoy. Mi historia es triste… Yo nací bajo partera particular, antigua, en el puesto. Tengo la partida de nacimiento y mi mamá y sus hermanos también, toda la historia familiar es ahí. La primera vez que fuimos desalojados yo era chiquita, yo no me quería ir, lloraba. A mis abuelos que eran ancestrales también los arrasaron, les rompieron todas las taperas, pobres viejos…”, lamenta Mabel Palacios, 50 años, puesto Las Moritas (localidad de Dragones).

Viviana Segovia, tiene 37 años, vive en el puesto El Blanco (departamento de Rivadavia) y complementa: “Soy la cuarta generación que habita el puesto. La primera persona que llegó allí fue mi bisabuelo y está sepultado ahí, junto con otras 35 personas más. La familia ha habitado históricamente esas tierras”.

Once días de marcha, petitorio y respuesta

La marcha campesina que partió desde Fortín Dragones el 18 de octubre recibió numerosos gestos de apoyo y solidaridad en su camino. Pasó la ciudad de Embarcación, por las localidades de Yuto y Libertador General San Martín (ambas de Jujuy), y en las salteñas Güemes y Campo Santo. En todos los documentos de la movilización el Frente Nacional Campesino (FNC) consideró fundamental que se cumpla la Ley 7658, que debiera implementar un programa de regularización dominial y de asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales. “No existe una aplicación efectiva de la ley en el territorio. Los desalojos judiciales y los camuflados están al día, la mayoría de las familias criollas no cuentan con mensuras de sus tierras; la pobreza y la miseria expulsa todos los años miles de jóvenes hacia las pequeñas y grandes ciudades”, denunció el Frente Nacional Campesino.

También exigió al gobierno nacional que reglamente la Ley 27.118, llamada de “reparación histórica de la agricultura familiar”. La norma fue aprobada en 2014, pero nunca se le asignó el presupuesto ni tampoco fue reglamentada para su aplicación plena.

Néstor Albornoz aclara que se quedarán en la capital provincial hasta que les den una solución a sus problemas históricos: “Hasta que no tengamos una respuesta concreta a nuestros reclamos, no volveremos a nuestros puestos”.

El viernes 29 de octubre ingresaron a la capital provincial. Llegaron hasta el emblemático Monumento a Martín Miguel de Güemes y luego a la Plaza 9 de Julio, en el centro de la ciudad. Mantuvieron una reunión con el ministro de Producción y Desarrollo Sostenible, Martín de los Ríos, quién se comprometió a dar una respuesta al petitorio de los marchantes.

El avance del agronegocio

La frontera agropecuaria avanza, fundamentalmente, en los departamentos de San Martín y Rivadavia, ligada a grandes empresarios que eliminan el bosque nativo chaqueño y desplazan a las comunidades wichí y criollas que allí habitan, planteando así una lucha completamente desigual. Néstor Albornoz vive en el puesto El Melonar (Dragones). En sus 57 años conoció muchos momentos de vivir tranquilo en el campo de la cría animales, pero ahora vive rodeado de desmontes y el ganado encerrado en pequeñas parcelas. Y señala a algunos de los responsables: “Alrededor de las fincas grandes, como las de Juan Carlos Romero (ex gobernador) y la familia Macri, no hay un campesino que no tenga el problema de no tener título de tierra. Hay muchos que han sido desalojados, muchos han quedado encerrados y hay muchos que tienen todo tipo de conflictos actualmente”.

Viviana Segovia precisa que su padre es nacido y criado en el mismo lugar, y en el año 2009 recibió una notificación por un juicio de tierras iniciado por Gianfranco Macri. En ese momento se enteraron que el empresario aparecía como titular registral, aunque nunca se lo había visto por la zona. “Siempre habían sido tierras fiscales, nunca nadie había aparecido a reclamar la tierra”, destaca.

Los titulares registrales utilizan diversas estrategias para que las familias campesinas firmen documentos engañosos que luego serán usados en contra de su derecho posesorio (comodatos, actas declarativas, pago por pastaje y por derechos territoriales, entre otros). “La forma de ellos de apretar es que van con autoridades policiales, con un juez de paz y presionan. Te dicen “si no firmás, mañana te saco por la fuerza’”, explica Daniel Burgos, también campesino que espera que el Gobernador escuche su reclamo.

Mabel Palacios, campesina del paraje Las Moritas, explica que su familia tiene papeles y testigos que acreditan que ellos son poseedores ancestrales del lugar, pero aún así los hostigan y presionan: “A mi hermano lo amenazaron desde la finca que si paraba las topadoras iba a quedarse sin trabajo. Nos encerraron en un pedacito de tierra de 30 hectáreas donde los animales han empezado a morirse”, señala. Y también afirma: “Somos poseedores antiguos, desde mi abuelito. Y ahora decimos que no vamos a aflojar en la lucha por la tierra”.

Débora Taboada tiene 35 años y vive y trabaja en el puesto La Tormenta (Los Blancos, departamento de Rivadavia). Aclara que ellos saben mucho de la vida en el campo, “somos profesionales de lo que es campesinado”, pero reconoce que no conocen de abogados y leyes. Lamenta que por eso los empresarios usurpadores se aprovechan y les hacen firmar papeles que luego utilizan para desalojarlos.

Sin tierra no hay futuro

Todos los marchantes campesinos, unos ochenta, reconocen que la posibilidad de pensar en un futuro en el campo aparece cada vez más complicada en este contexto, especialmente para los jóvenes. “Si no tenemos título de tierra no podemos avanzar, no podemos acceder a proyectos productivos. Si mañana te van a desmontar o te van a desalojar ¿para qué invertir el tiempo ahí?”, razona Néstor Albornoz. Y Luis Taboada, de 28 años, puesto La Tormenta, Los Blancos, Rivadavia, complementa: “Como joven te ves obligado a irte, pero somos muchos jóvenes participando en la marcha, con el entusiasmo de que sí se puede seguir viviendo en el campo”.

Débora Taboada señala que muchas veces se ven obligados a salir del campo por las amenazas que sufren, reconoce que –por la lucha por la tierra– algunos días siente que la pueden matar en cualquier momento. “Me veo obligada a salir a buscar otro tipo de vida, pero no es lo que yo quiero, mi vida es el campo, producir ahí, mejorar ahí, hasta morirme ahí. La juventud queremos eso. Porque si mis viejos me han criado a mí, me han dado la mejor comida ¿por qué no lo puedo hacer yo?”, reflexiona.

El Poder Judicial inclina la balanza

Además de la dificultad para contar con asesoramiento legal ante la creciente conflictividad, a las familias campesinas se les suma la desconfianza ante un Poder Judicial que no suele reconocer sus derechos. “La Justicia nunca falla a favor de los campesinos. Siempre los terratenientes tienen la plata y la Justicia a su favor. Y en esta zona hay miembros del poder político que son titulares registrales de algunas de las tierras en pleito: gobernadores, ex gobernadores, senadores, ex presidentes, familiares y funcionarios de Macri”, denuncia Daniel Burgos, del puesto La Mina (Dragones, San Martín).

Viviana Segovia ratifica la parcialidad de los jueces y fiscales: “Siempre vemos que los fallos son idénticos, ningún campesino ha ganado. Siempre tiende a favorecer a una parte, sin tener en cuenta la cantidad de pruebas que han presentado las familias acreditando que han vivido siempre allí”. Y aclara la raíz de la injusticia: a los campesinos no les suelen tomar las denuncias porque no tienen títulos, y no cuentan con esos papeles por décadas de inacción estatal de no reconocerles derechos a quienes por generaciones vivieron en el lugar.

Viviana brinda, en lenguaje directo y claro, una clase de derecho: “Estamos en una balanza en la cual de un lado está el titular registral que tiene el título, pero no la posesión; y del otro lado está el campesino que tiene la posesión, pero no tiene el título. Se supone que vos para declararte dueño, además del título, tenés que tener la posesión de la tierra. En esa circunstancia nos encontramos la mayoría”.